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oberto Baratta, un ex alto funcionario del Ministerio de Planificación Federal y de extrema confianza del ex ministro Julio De Vido, fue detenido hoy por orden del juez federal Claudio Bonadio, a cargo de una causa por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado, dijeron fuentes policiales. Además, Bonadío procesó y ordenó hoy detener también a De Vido, en tanto que ordenó trabar un embargo por 1.000 millones de pesos a cada uno en un fallo donde también procesó a Daniel Cameron y al ex ministro menemista de Obras Públicas Roberto Dromi (quien asesoró al gobierno de Cristina Fernández), entre otros.
Baratta, detenido frente a su domicilio del barrio porteño de Belgrano, fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación durante los años que De Vido comandó la cartera.
La causa que lo involucra es la investigación de supuestas irregularidades en la compra de gas natural licuado (GNL) que llegaba en barcos a los puertos de Escobar y Bahía Blanca, caso por el que también está procesado De Vido, a quien también el juez Bonadio procesó hoy "con prisión preventiva" por el mismo caso.
El magistrado reclamó además su desafuero a la Cámara de Diputados, tal como había hecho el juez Luis Rodríguez en el marco de otro expediente.
El juez Bonadio ordenó la detención de Baratta por considerarlo uno de los armadores de una estructura para importar GNL sin licitaciones ni concursos de precios sobre el valor del producto.
Baratta, un ex taxista, llegó al ministerio tras forjar una amistad en el año 2000 con el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y su ministro de Gobierno, Julio De Vido.
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“ELLOS DEBÍAN VELAR POR EL ERARIO PÚBLICO”
El ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta, fueron quienes "diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado con la intervención de otros funcionarios que dependían de ellos como de empresas privadas que deben ser investigadas en profundidad", sostuvo el juez Claudio Bonadio al firmar sus procesamientos por el caso del gas licuado.
Según el juez, la participación de De Vido y Baratta "en los sucesos lograba sortear cualquier control posible, pues eran ellos quienes debían velar por el erario público siendo los responsables máximos de las áreas donde ocurrieron".
El juez advirtió que "un modo de llevar a cabo los actos infieles en perjuicio de la administración era a través de intermediarios", y por ello "es posible sostener que los nombrados, atento a sus vínculos, siendo De Vido Diputado Nacional, de continuar en libertar podrían entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad".
El fallo reseñó que "Baratta posee al menos una causa en trámite en estado avanzado" -la causa de Río Turbio por la que se pidió el desafuero de De Vido-, mientras que el ex ministro "tiene varios expedientes en trámite, dos de ellos ya en la etapa de juicio, por lo que estimo que en caso de ser condenado en estas actuaciones, la misma no podrá ser de ejecución condicional".
"Las circunstancias apuntadas de modo previo, las características particulares de los hechos que se le enrostran y el actual estado de la investigación, configuran una desfavorable impresión sobre las condiciones personales de De Vido y Baratta y permiten concluir que en caso de concedérsele la libertad, no habrán de someterse a la actuación de la justicia, por lo que se encuentra consecuentemente fundada la presunción de que intentarán eludir el accionar de ésta, como también de que la entorpecerán".
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