El fin de una increíble discriminación

Finalmente el Gobierno nacional está dispuesto a encarar algunos de los problemas estructurales de la economía argentina, que hasta ahora parecen imposibles de resolver.

En este marco se inscriben las reformas fiscal, laboral, financiera y de coparticipación que se están encarando, en algunos casos con mayor o menor resistencia de los actores involucrados.

En el caso de loa provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal está dispuesta a dejar atrás el prolongado juicio que le sigue al Estado nacional, que está en instancias de la Corte Suprema de justicia.

Más allá del acuerdo que trabajosamente se está tratando de anudar entre la administración central, la provincia de Buenos Aires y el resto de los distritos (ver pág. 10), bien vale recordar la increíble discriminación de la que fue objeto el territorio bonaerense en lo que hace al reparto de fondos federales.

25 AÑOS

El Fondo del Conurbano fue sancionado el 2 de abril de 1992 mediante la ley 24.073/92 que en su articulo 40 conjuntamente con del decreto 879/92 establecía la distribución de los fondos en un 20 por ciento a la Anses, el 10% para financiamiento de programas sociales en el Conurbano bonaerense.

El 2 por ciento era de fondo de aporte del Tesoro Nacional a las provincias. El 4% se distribuía entre todas las jurisdicciones excluida Buenos Aires, conforme al índice.

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El 64% se distribuirá entre Nación y el conjunto de las jurisdicciones según coparticipación.

Posteriormente en el año 1995, el Congreso nacional introduce un tope en el porcentaje a distribuir hacia la provincia de Buenos Aires, mediante la Ley 24.621, que establece un monto máximo a girar a la Provincia de $650 millones y y el excedente se distribuirá entre el resto de las provincias.

En primera instancia, la provincia no veía alterados sus ingresos ya que en el año 1995 recibía $623 millones, sin embargo a partir del año siguiente se fue modificando este ingreso y representó una creciente pérdida.

Ya el año pasado los ingresos para todas las provincias llegó a representar 42.583 millones, siendo la provincia apenas beneficiada con loa apuntados $ 650 millones (ver gráfico).

Según un informe de la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, este reparto es injusto en la medida que Buenos Aires representa el 36,8 por ciento del producto bruto interno del país, el 32,9 por ciento de las exportaciones de la Nación.

Además representa el 37,4% de los aportes a la recaudación nacional y tiene el 41,6 por ciento del total de las camas hospitalarios, junto con el 36,7 por ciento de la matricula escolar nacional.

Sin embargo, a pesar de su relevancia económica, el estado de la situación social de todo el país, la provincia de Buenos Aires muestra un notorio deterioro social con una amplia franja de población vulnerable.

En efecto, de acuerdo al mismo informe el 35 por ciento de los hogares muestra necesidades básicas insatisfechas, la pobreza asciende al 29,6 por ciento y la tasa de indigencia llega al 6,4 por ciento.

Estos números son aún más notorios en el Conurbano, donde 38,5 por ciento de las personas viven en situación de pobreza y 8,7% del total de las personas viven en situación de indigencia.

En este contexto, el informe destaca que en el año 2016 se aprobó con el voto positivo de todos los integrantes de la Cámara baja de la Legislatura provincial un proyecto de Declaración para modificar el decreto 649/97 del impuesto a las Ganancias que de origen al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense para manifestar la preocupación por el deterioro relativo de los recursos que componen el Fondo del Conurbano y lograr que los fondos recuperen su destino original.

Es decir que más allá de las necesidades de poner coto al déficit fiscal que está en el trasfondo del proyecto de modificación de acuerdo de Coparticipación que impulsa el Gobierno nacional, está claro que el fin del Fondo del Conurbano, termina con una vieja discriminación.