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El destituido presidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro miembros de su Ejecutivo que se refugiaron en Bruselas el pasado 5 de noviembre, están citados mañana para una primera audiencia ante la justicia belga que tratará la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) cursada por Madrid.
Bélgica estudiará la demanda española y decidirá si el catalán y los cuatro ex consejeros cesados por el presidente Mariano Rajoy debe volver a España, donde enfrentan cargos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.
El proceso se enmarca en el pedido hecho por el fiscal general del Estado español, quien presentó una querella contra los integrantes del gobierno y el Parlamento catalán por impulsar el proceso independentista, por convocar el referéndum de 1 de octubre y por la declaración de independencia del 27 de octubre.
Es el primer tribunal que verá el caso, pues los acusados y la Fiscalía podrán recurrir el fallo ante dos instancias más: un Tribunal de Apelación y finalmente un Tribunal de Casación.
El ministro de Justicia belga, Koen Geens, explicó la semana pasada que la extradición ya no es un procedimiento existente entre los Estados miembros de la Unión Europea, y que este "se sustituye por la OEDE", que se aplica desde 2004.
Tras escuchar a los acusados, la Cámara tendrá 15 días para decidir si da vía libre a la entrega o la rechaza y la decisión puede ser recurrida dentro de los 15 días siguientes a la decisión judicial.
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Puigdemont, y sus colaboradores Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, y Toni Comín afrontan "con confianza" y "serenidad" la cita judicial más importante de este proceso hasta la fecha, dijeron fuentes cercanas al ex presidente.
En tanto, el líder independentista de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, que se encuentra en prisión preventiva, también acusado de sedición, será el número dos de la candidatura para las elecciones regionales previstas para el 21 de diciembre, que encabezará Puigdemont.
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