La reivindicación del Conurbano bonaerense

Por JULIÁN PORTELA (*)
portellajulian@hotmail.com

En medio de las reuniones con los gobernadores, el Gobierno nacional anunció el reconocimiento gradual a partir de 2018 de parte de lo que le corresponde a la Provincia de Buenos Aires por el reparto inequitativo del denominado “Fondo del Conurbano”. Más allá que siempre es bueno festejar todo avance que favorezca a la jurisdicción para fortalecer su siempre sediento presupuesto, corresponde analizar el contexto en el que esa cantidad de fondos aún incierta es ofrecida al erario bonaerense:

La propuesta canalizada por la Nación se produce ahora porque finalmente fue formulado un reclamo judicial por la Fiscalía de Estado bonaerense hace escasos tres meses tras la instrucción política de la Gobernación de pedir la inconstitucionalidad de una situación absolutamente disvaliosa para la provincia respecto a todas las demás con base en el denominado “Fondo del Conurbano”, creado, justamente, para consolidar esta región urbana bonaerense.

Nadie puede defender la injusticia que se repetía hace al menos una década con la repartición legal de fondos del impuesto a las ganancias aplicando el tope anacrónico e ínfimo de $650 millones con que la ley 24.621 condenaba solamente a la mayor provincia argentina (además de la más productiva y la única sede del famoso Conurbano) a percibir menos que las otras 22 por este ítem. Tierra del Fuego, por caso, cobra igual o más que la jurisdicción del propio Conurbano.

El monto anual por el cual se perjudicaba a la Provincia es actualmente de mucho más -por lo menos $65mil millones- que lo que la Nación empezó a ofrecer como inicio de compensación, además de ni siquiera discutirse lo que se debe al Estado bonaerense por los años pasados (y que al menos por el plazo de prescripción liberatoria, daría cientos de miles de millones de pesos a favor nuestro, con los cuales son incontables los proyectos que podrían financiarse por estos lares.

Es absolutamente insólito, como tantas veces denunciamos, que los sucesivos gobiernos bonaerenses nunca hubiesen reclamado formalmente antes lo que por derecho le corresponde, tolerando en silencio (por más sintonía política que tuviesen con la Nación y demás provincias) semejante merma de sus derechos. En este punto no cabe más que ponderar la voluntad política de restablecer política y hasta judicialmente lo que corresponde.

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Además de no renunciar al reclamo no sólo de lo que queda pendiente por el Fondo del Conurbano, es momento de replantear un reclamo sustancial, como lo es la recomposición a mínimos de razonabilidad del porcentual por todo el sistema de coparticipación federal de impuestos, por los que también la provincia debe conformarse con recibir porcentualmente menos de la mitad de lo que le correspondería por lo que produce. En conclusión, si bien nuestra Constitución federal reclama que las provincias más productivas sean solidarias con el resto para consolidar un crecimiento equilibrado del país (art. 75 inc. 18, denominada “cláusula de la prosperidad”), esa solidaridad reconoce el límite razonable de no continuar perjudicando a cada ciudadano bonaerense con una distribución presupuestaria indigna respecto a los de cualquier otra provincia, con cualquier parámetro que se lo mire (económica, política, ética).

Para saber si corresponde celebrar o no la aceptación un plan progresivo o gradual de recomposición de lo que por años se ha eludido de abonar a nuestra provincia, está claro que esa aceptación no puede conllevar condicionamientos o renuncias absolutas a derechos manifiestos de todos los bonaerenses. Después de todo, nunca está de más recordarlo, también somos ciudadanos argentinos y con derecho a ser tratados fiscal y presupuestariamente con igualdad respecto al resto de compatriotas.

(*) Profesor de Derecho Constitucional UNLP