Se prefirió una reforma laboral “light” para evitar una confrontación con la CGT

Por RICARDO ROSALES

La economía argentina está en alza y las perspectivas indican que el crecimiento continuará en el 2018, quizás en una tasa más cerca del 5% anual. Este último porcentaje sería el que indican las estadísticas, comparando el período julio/septiembre pasado respecto al anterior trimestre. El empleo también sube en este lapso, aunque a una tasa menor del 3%. El rebote esperado por largos meses por el presidente Mauricio Macri, finalmente llegó. No es un crecimiento vigoroso, y lejos de las tasas “chinas” que tampoco ocurren ya en ese país. La economía mundial se recupera, pero a ritmos muy moderados.

En la Argentina el contexto no es muy distinto, aunque el país tiene dificultades adicionales y para nada sencillas. En promedio, el país está por encima de los llamados “emergentes” con el déficit fiscal y el externo. Y estos déficit “gemelos” tendrán impacto en el mediano plazo sin no se corrigen. En términos sencillos, el nivel de gasto es tan alto en la Argentina que la única salida para eludir un ajuste y allanar la vía gradualista, es tomando deuda, aunque esta manera de financiar el desequilibrio afecta el precio del dólar y la performance exportadora del país. Y también complica la meta oficial de reducir la presión impositiva de manera más rápida.

La salida está en que la Argentina obtenga una sostenida reducción de su déficit fiscal en los próximos años. De esa manera cambiarían las expectativas de largo plazo y las condiciones de crecimiento. El Presidente se ha comprometido con esa meta, aunque para que sea lograda, la Argentina tiene que crecer de manera continua: sin crecimiento en los próximos 5 años, la vía gradualista desaparece. El otro sostén de la salida oficial es que continúe el financiamiento externo.

Si este se interrumpiese, por el motivo que fuera, un trabajo de la Fundación Mediterránea estima que el actual rojo presupuestario demandaría un “impuesto inflacionario” del 70% anual. El paquete de reformas económicas que mandó el gobierno al Congreso la semana última, apunta a resolver algunos de los problemas mencionados. Aunque, también rigió la premisa del gradualismo y el de los cambios políticos posibles. Lejos aún de los registros ideales que fijan los manuales económicos. Los cambios principales son, la nueva fórmula de movilidad previsional, una ley de Responsabilidad Fiscal con las provincias y cambios en los impuestos más distorsivos de la Nación y las Provincias.

Finalmente, un nuevo esquema de distribución de fondos entre las provincias, que básicamente es para resolver la demanda histórica de Buenos Aires, perjudicada en el reparto de impuesto desde los años ’80. Un último proyecto que también habría que considerar es el de la reforma a la ley laboral, aunque la iniciativa se diluyó rápidamente en la negociación con la cúpula sindical.

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La administración macrista eludió una confrontación mayor con la CGT, y dio marcha atrás con varios puntos, dando lugar a una reforma “light”, que quedó reducida al blanqueo laboral y otras medidas para bajar la litigiosidad. Quizás la iniciativa oficial quedó para otra oportunidad en el futuro, cuando imagine mayor fortaleza y votos en el Congreso. Con efecto inmediato, la nueva formula de actualización de las jubilaciones daría al fisco un ahorro del presupuesto del ANSeS de algo menos de un punto del PIB. Las partidas previsionales de la ANSeS insumen 9,7 puntos del PBI y pasarían a 8,8 puntos aproximadamente. La actualización de los haberes, por encima de la inflación que agregó el Gobierno en acuerdo con las provincias, que considera el 5% del aumento del PBI real, o el piso del 82% del salario mínimo, apenas modificaría estos cálculos.

Y con respecto a la meta de bajar la presión tributaria en 1,5%, el ministro Nicolás Dujovne, señaló que la meta es reducir 0,3 puntos por años entre el 2018 y el 2022. La pérdida se compensaría con los ingresos provenientes de la mayor actividad de la economía. En un escenario de crecimiento moderado, algunos economistas estiman que los gastos primarios de la Nación pasarían de los actuales 23% del PBI a 19,5% hacia el 2020. Aunque, también habría que observar que el punto de inicio de estas reformas es muy distinto para la Nación y las provincias.

Mientras que el déficit financiero del gobierno central es de 6,8% del PBI, el de las provincias es de 0,8%. Otra vez, en un escenario de crecimiento de la economía moderado, las provincias no estarían muy lejos de cumplir con las metas, incluso lograr un pequeño superávit hacia el 2019/2020. Podrían quizás, realizar un esfuerzo mayor con la baja de los impuestos a los Sellos e Ingresos Brutos.

Aunque esa opción, hoy suena a ficción política. De allí también que en el balance de las negociaciones, a primera vista aparecieron muy beneficiados los gobernadores. Es probable que en el esfuerzo oficial por obtener una rápida solución a las demandas de la gobernadora María Eugenia Vidal por Buenos Aires, la Nación haya aceptado trasladar una carga más pesada para bajar el gasto global en los próximos años.