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Policiales |En los hornos

Demoraron a “La Patita” Medina, pero salió libre por varios errores en el acta policial

Faltaba la fecha y figuraba “30 de noviembre” en las testimoniales. “Any” había sido demorada con una pistola 9 milímetros limada

Demoraron a “La Patita” Medina, pero salió libre por varios errores en el acta policial

“Any” Medina fue trasladada a la comisaría Tercera de Los Hornos/el día

10 de Diciembre de 2017 | 04:13
Edición impresa

La hija más mediática del dirigente sindical Juan Pablo “Pata” Medina fue detenida ayer a la mañana por tener un arma calibre 9 milímetros con la numeración limada, aunque no pasó más que un par de horas en la comisaría de Los Hornos porque “las actas policiales estaban mal hechas y no se la pudo procesar por esas nulidades”, indicó una fuente judicial.

A Analía Medina, de 39 años, la conocen por dos apodos -“Any” o “La Patita”- y por su inclinación a protagonizar escándalos. El año pasado la detuvieron por un ataque a pedradas contra una comisaría; en marzo pasado la denunciaron por causar destrozos en un bar de la avenida 44 y ayer a la mañana la demoraron en medio de un fuerte incidente con su pareja, informaron fuentes oficiales.

Esto último pasó en las primeras horas de la mañana en 151 entre 63 y 64, cuando los vecinos que escucharon los gritos decidieron llamar al 911, sobre todo porque algunos reportaron haber visto un arma de fuego.

Según la versión oficial, cubrieron la denuncia los policías del Comando de Patrullas, quienes se encontraron con una mujer muy alterada - “Any” Medina- y decidieron revisar la camioneta Toyota Hilux negra en la que había llegado hasta esa cuadra donde vive su pareja.

Descubrieron ahí una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa Pro con su numeración limada y suprimida, además de un cargador con seis cartuchos intactos.

Los policías secuestraron esos elementos, además de la Hilux de Medina y un Volkswagen Trend de su pareja, José Federico Fuenzalida (35), y los llevaron a la comisaría Tercera de Los Hornos junto con los protagonistas del incidente, por instrucción de la fiscal en turno Leila Aguilar.

Hasta ese momento todo se desarrolló como un operativo normal. Aguilar dispuso que Fuenzalida fuera identificado y Medina imputada en la causa por “tenencia ilegal de arma de guerra”, antes de su traslado a las fiscalías.

Entonces empezaron los problemas. Es que en la fiscalía se detectó que al acta de procedimiento le faltaba la fecha y que en las testimoniales “figuraba la del 30 de noviembre”, por lo que la defensa de Medina pidió la nulidad de las actuaciones y la fiscalía tuvo que hacer lugar, como indica el código 119 del Código Procesal Penal: “El acta será nula si falta la indicación del lugar, de la fecha o la firma del funcionario actuante o la del Secretario o la información prevista en la última parte del artículo anterior”.

En definitiva, “Patita” recuperó la libertad y la única que quedó en la comisaría fue la pistola que tenía, del mismo calibre de las que usan las fuerzas de seguridad, cuyo origen es un misterio. La fiscalía ordenó hacer un peritaje para tratar de recuperar la numeración adulterada, aunque no hay garantías de que se logre.

Una alta fuente judicial confirmó el malestar de la fiscal frente a esas irregularidades, de las que puso al tanto a la Jefatura Departamental, la Distrital Villa Elvira y la Auditoría de Asuntos Internos, sobre todo porque “en esa misma comisaría se detectaron la semana pasada maniobras con las horas Polad en supermercados chinos y ahora pasa esto con una mujer que tiene antecedentes por episodios parecidos”, se quejó el vocero.

Desde la fuerza aclararon que “el personal tuvo unas fallas fácticas y eso sirvió al abogado para solicitar la excarcelación”.

“Any” es la hija de Medina, dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), detenido desde el 26 de septiembre pasado en la cárcel de Ezeiza tras haberse atrincherado en la sede de la avenida 44 durante más de ocho horas mientras se realizaban unos 30 allanamientos en sus propiedades. Además, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, lo procesó por los delitos de “asociación ilícita”, “lavado de dinero” y “extorsión”, trabándole un embargo por 200 millones de pesos.

 

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