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18.12.2017
EDITORIAL

En Lomas de Zamora se logró lo que parece imposible en La Plata

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Mientras en Lomas de Zamora se realizaron ayer operativos ordenados por la justicia federal, en los que intervinieron más de 2.000 efectivos policiales, contra La Salada -la feria de venta ilegal más grande de Latinoamérica-, en acciones que deben ser valoradas por cuanto procuran terminar con un negocio millonario manejado por grupos mafiosos, en nuestra ciudad, que se encuentra quinta en el ranking de ciudades con mayor presencia de venta ilegal sus calles, no sólo no se hace absolutamente nada sino que el fenómeno de la venta ilegal crece de manera exponencial.

Los operativos realizados en Lomas de Zamora, que incluyeron más de 500 allanamientos por falsificación de marcas, a raíz de una investigación que unificó a unas sesenta causas, fueron ordenados por titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, en acciones que se desplegaron en las tres ferias del complejo: Urkupiña, Punta Mogotes y Ocean.

Los allanamientos, a cargo de la Policía bonaerense con apoyo de la Policía de la Ciudad y la Federal, buscaron recabar pruebas sobre el negocio de la venta ilegal de ropa, que también involucra los delitos de asociación ilícita, amenazas, extorsión y ocupación ilegal del espacio público. Durante el operativo también se clausuraron las empresas de seguridad del predio, porque no contaban con las habilitaciones correspondientes.

Está claro que en el caso de La Salada –donde ya se había realizado otro megaoperativo en junio pasado- se pudo hacer lo que no se hace en La Plata, esto es que un organismo judicial actúe ante lo que constituye un delito flagrante y continuado como lo es el de la venta ilegal de mercaderías. Tal como se dijo ayer en esta columna, los vendedores ilegales, a quienes erróneamente se califica de ambulantes, son en general -como se ha dicho- proveídos por organizaciones mafiosas que hasta distribuyen mercaderías en camionetas a plena luz del día. Se dijo, asimismo, que alguien garantizará, además, que un puesto de venta no se instalará junto a otro del mismo rubro ni que tampoco se discutirá el “derecho de propiedad” sobre el espacio de vereda ocupado por cada uno. Además la “importación” de mano de obra extranjera, como los senegaleses, responde evidentemente a una estructura que después los dota de mercadería, como los llamativos relojes dorados, billeteras, anteojos y hasta los mismos bolsos azules que ellos usan.

También se mencionó que, en el caso de nuestra ciudad, está claro que las autoridades -sean nacionales, provinciales o municipales- han decidido, con llamativa permisividad, pasar por alto este fenómeno que se traduce en transgresiones a las leyes tributarias, comerciales, de higiene y otras de orden comunal. Todos saben -también los integrantes del Poder Judicial- que se comercializan mercaderías de dudoso origen, que pueden ser fruto de contrabando, falsificación, trabajo esclavo y hasta producto del robo. No se habla aquí de artesanías de ninguna índole.

La venta ilegal encubre, además, la explotación de personas hasta reducirlas a un estado de casi esclavitud en los talleres clandestinos, el manejo ilegal de los puestos, la evasión de impuestos nacionales y provinciales y el cobro en algunos casos de un canon a los puesteros, entre otras irregularidades propias de una actividad que se despliega habitualmente en un clima de amenazas y extorsiones tácitas o expresas.

Sin perjuicio de que resulta intolerable que se haya permitido la expansión de esta organización mafiosa, resulta también ciertamente inequitativo con el comercio legalmente establecido que los organismos del Estado toleren pasivamente la presencia de la venta informal, en una situación que, ahora, se torna especialmente más injusta e incomprensible, toda vez que la justicia federal o provincial actúa con un criterio en un distrito, en este caso el de Lomas de Zamora, y con otro totalmente distinto en el de La Plata, en donde directamente no se actúa.

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