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Más allá del enojo presidencial, quedó en claro que los tribunales limitaron el poder del Ejecutivo
“Continuaremos el proceso en los tribunales y no tengo ninguna duda de que ganaremos”, dijo un envalentonado presidente Donald Trump, en horas de la mañana en Washington al referirse al freno judicial a sus ordenes ejecutivas que ponían un veto al ingreso de inmigrantes de siete países de origen árabe e islámico, además de endurecer las restricciones para los refugiados.
Pero por la tarde, admitió que no descartaba emitir un nuevo decreto sobre el tema. Semejante cambio, en pocas horas, significó, sobre todo, que más allá de las promesas de dar la batalla legal, la Justicia le puso un freno a algunas de las políticas que generaron un generalizado repudio tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Por ahora y hasta que se definan los pasos que dará el Departamento de Justicia, Trump se ha dado contra los límites que le impone la democracia, y que él puso a prueba al firmar la orden ejecutiva que prohibía la entrada de refugiados y de ciudadanos de siete países musulmanes.
Para muchos analistas, la decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, ha ido más allá del mantenimiento o no del veto migratorio. En juego estaba la vigencia de la separación de poderes que, funciona en EE UU.
Los jueces William Canby, Richard Clifton (nominados por Jimmy Carter y Barack Obama) y Michelle Friedland (elegido por George W. Bush), de manera unánime argumentaron defender al “interés público general” para mantener el bloqueo de la orden ejecutiva impuesto hace una semana por el juez federal de Seattle, James Robart.
Los tres magistrados rechazaron contundentemente que suspender el veto migratorio suponga un peligro para el país, tal y como argumentó la Casa Blanca y una y otra vez repite Trump.
La tarea del tribunal no era juzgar la constitucionalidad de la orden, si no evaluar si la decisión del Presidente era susceptible de revisión judicial, dado el poder que tiene sobre la seguridad nacional.
“Esto va en contra de la estructura de nuestra democracia constitucional”, cargaron los magistrados.
El tema no quedó allí, porque además los jueces impugnaron la noción de que “las ramas políticas” del poder puedan “encender o apagar la Constitución a voluntad” y así creer que “los tribunales no tienen autoridad para revisar acciones ejecutivas”
Así, Trump sufrió algo más que una derrota legal sobre su veto. Chocó de frente con los límites del Poder Ejecutivo a manos del Judicial. La decisión supuso un tremendo revés para el magnate neoyorquino.
Frente a los medios trató de mostrar contundencia y aseguró que va a “hacer algo de manera muy rápida” para “la seguridad adicional” del país.
“Lo verán la próxima semana”, anunció intentando disimular su enojo que horas antes había evidenciado en Twitter, calificando la decisión de “vergonzosa”
Su contrariedad contrastó con la satisfacción demócrata.
“Debería de abandonar su propuesta, arremangarse y salir con un plan real y de cómo mantenernos seguros”, propuso el líder del Senado, Chuck Schumer.
“Nada se descarta”, reveló a la CNN un funcionario de la Casa Blanca sobre la posibilidad de la redacción de una nueva orden.
En la bancada republicana mientras tanto, el congresista Tom Cotton, una de las figuras más fieles a Trump, habló del tribunal de San Francisco como el “más izquierdista de EE UU y el más revertido en el Supremo”, dando a entender que la opinión del alto tribunal sería muy distinta al de Apelaciones.
El muro en la frontera con México, su principal promesa de campaña, es otro plan de compleja viabilidad. Trump ya reconoció que será, en realidad, una “barrera física”. Completar la valla demandaría tres años y medio, casi todo su primer mandato.
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