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La falta de agua en distintas partes del planeta, que provoca la muerte de 3,5 millones de personas cada año –el doble de los decesos causados por accidentes viales y casi el triple de los ocasionados por el Sida- fue denunciada en un reciente informe producido por el Consejo Mundial del Agua. Como bien se conoce, la suficiente y confiable disponibilidad de agua para cada habitante fue declarado un derecho humano esencial en 2014 por la Organización Mundial de la Salud.
El documento emitido por el consejo con motivo de celebrarse ayer el Día Mundial del Agua determinó que especialistas de nuestro país pusieran de relieve que en la Argentina cuenta con un recurso hídrico muy valioso, aunque existe la necesidad de fomentar políticas que sirvan para concientizar a la población para preservarlo.
Los conocedores consideraron apropiado discriminar en relación al acceso al agua potable entre “zonas urbanas o zonas rurales”, y afirmaron que no está garantizado el acceso a este recurso esencial para toda la población de nuestro país. Así, indicaron que en muchas zonas rurales el agua es obtenida de ríos, canales o espejos de agua; en cambio en zonas urbanas el acceso al agua potable es a través de plantas potabilizadoras, que es donde mayor inversión hay, ya que se requiere una mayor infraestructura, en especial en redes de distribución.
Otro grave problema pendiente es el alto porcentaje de aguas residuales que vuelven a los ecosistemas sin ser tratada, aseguraron al explicar que se trata de una suerte de ciclo: “tomamos agua de los mismos lugares a donde la devolvemos”, y de allí la imperiosa necesidad de que cobre importancia la necesidad de realizar procesos de saneamiento. Sostuvieron, asimismo, que en nuestra región, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) debiera controlar los afluentes que terminan en el Riachuelo, altamente contaminado, pero muchas empresas no mejoran la reconversión de afluentes que son arrojados allí.
Hay otras cuencas, como la del Salado, que reciben desechos de industrias de agricultura intensiva, o la del Río Dulce en Santiago del Estero, o la cuenca del Paraná, donde a lo largo de Rosario y Santa Fe las grandes ciudades aportan afluentes sin tratamiento.
Cabe señalar que, según conclusiones ofrecidas años atrás en un encuentro que convocó a ambientalistas de distintos sectores públicos y privados, los 3 millones de kilómetros cuadrados por los que se extiende la Cuenca del Plata -desde el sur de Brasil, pasando por el oeste boliviano, el Paraguay en su amplia extensión, el norte y centro de Argentina hasta nuestra región- sufren en forma ostensible el gravísimo impacto de las intervenciones de la actividad humana.
En anteriores ocasiones se ha insistido desde aquí en que no se puede continuar sólo en una suerte de permanente sensación de inquietud, ante la evidencia de un riesgo concreto para la salud de la Región que se abastece de agua corriente proveniente de las aguas de este río.
Sobran estudios que han dejado en claro la gravedad del cuadro, y si bien muchas veces tales informes originaron expectativas alentadoras, al cabo de un tiempo llegaron los efectos desalentadores de la inacción. Lo cierto es que la alteración de las condiciones ambientales del Río de la Plata y el potencial peligro que constituyen las actuales anomalías para la salud de millones de habitantes derivados de las napas altamente contaminadas, son causas más que suficientes para encarar profundas rectificaciones.
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