Advierten que los geriátricos de La Plata dejan en general bastante que desear

¿Cuántos de los adultos mayores que viven en residencias geriátricas necesitan realmente estar en ellas? ¿Cuántos eligieron o estuvieron de acuerdo en ingresar allí? ¿En qué medida los sienten como hogares donde se los cuida y contiene, y no como sitios donde esperan simplemente la hora de morir? Preguntas como éstas -que no suelen formularse y son por otra parte difíciles de contestar- constituyen el trasfondo de un estudio británico que describe un panorama preocupante en torno a la mayoría de los geriátricos que funcionan en la Ciudad.

El estudio, que se realizó entre julio y septiembre del año pasado y abarcó a treinta de las cerca de sesenta residencias para mayores de La Plata, apuntaba a conocer las experiencias de los residentes y sus familias con los servicios de cuidado de larga duración. Su autor, Peter Lloyd Sherlock, investigador de la Universidad de East Anglia y uno de los referentes británicos en temas de la tercera edad, eligió hacerlo en La Plata por su vinculación con un ONG local, que días atrás lo invitó a presentar las conclusiones de su trabajo.

Una de las conclusiones más duras a las que llega el informe no refiere al funcionamiento de los establecimientos en sí mismos sino al margen de tolerancia que tienen para actuar

Aunque reconoce que existen excepciones, la investigación señala que la mayoría de los establecimientos para mayores que funcionan en La Plata son antiguos y están deteriorados, cuentan con personal poco capacitado e incurren de manera habitual en prácticas que van desde lo cuestionable a lo violatorio tanto de los Derechos de las Personas Mayores como de lo establecido por la normativa que regula su actividad.

Con todo, una de las conclusiones más duras a las que llega el informe no refiere al funcionamiento de los establecimientos en sí mismos sino al margen de tolerancia que tienen para actuar. “Ninguno de los organismos de control, desde reparticiones municipales y provinciales a las obras sociales que contratan sus servicios, están hoy en condiciones de saber lo que está pasando dentro de los geriátricos”, señala Lloyd Sherlock, quien considera esencial que la comunidad se involucre más en el tema para empezar a revertir la situación.

SIN SU CONSENTIMIENTO

“Una de las cosas que más me impresionó del este estudio es que ninguno de los treinta geriátricos evaluados requería el consentimiento informado de las personas mayores para su admisión. Les bastaba solamente la firma de un familiar y demostrar que uno podía pagar. Y aunque en uno de ellos exigían conocer a las personas antes de admitirlas, la entrevista no era para averiguar si ellas estaban de acuerdo con quedarse a vivir ahí sino para determinar si su grado de dependencia podía ser problemático”, cuenta el profesor Peter Lloyd Sherlock.

Si esta situación resulta al menos llamativa es porque “atenta contra uno de los principales derechos de las personas mayores, que es el derecho a la autonomía, la capacidad de participar en las decisiones que afectan nuestras vidas incluso en la vejez; pero además es una práctica que viola lo establecido por el marco regulatorio de la actividad”, explican desde la Red Mayor, la ONG platense que colaboró con la investigación.

“La normativa que regula el funcionamiento de las residencias para que dependen del Estado nacional, como la recientemente ley promulgada en el Gobierno de la Ciudad de Buenos, establecen la obligación de contar con el consentimiento informado de las personas para su admisión. Esto implica entrevistarse con ellas, preguntarles si saben por qué se encuentran ahí, explicarles cómo podrían vivir y darles el espacio para que decidan si están de acuerdo o no. Sólo en los casos donde existe un deterioro cognitivo profundo se permite que sea un familiar cercano quien tome esa decisión”, explican desde la ONG.

La falta de consentimiento informado resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta otra realidad señalada por la investigación. “Notamos que muchos adultos no habían llegado a los geriátricos por sus propias necesidades de cuidado sino por una decisión de sus familiares, que en ocasiones implicaba alguna forma de abuso económico o abandono”, señala Lloyd Sherlock.

“El riesgo de pasar por alto el consentimiento informado como si fuera un trámite menor es que da lugar a un gran número de internaciones innecesarias y contra la voluntad. Contra las recomendaciones –que indican la internación cuando el grado de dependencia de la persona exige más de ocho horas de acompañamiento para realizar sus actividades cotidianas-, hoy la principal causa de internación es la falta de una red familiar. Muchas veces se interna a los mayores porque no hay quien los cuide o directamente para apropiarse de sus bienes”, explican desde la Red Mayor.

CALIDAD DE ATENCIÓN

Al analizar el servicio que prestan los geriátricos -el otro gran capítulo abarcado por la investigación- Lloyd Sherlock cuenta que “si bien no en todos los casos, en la mayoría de ellos la calidad de la atención es tan deficiente que deja de ser una cuestión de calidad para convertirse en una cuestión de Derechos Humanos. Es habitual que a las personas internadas se las ate o se les de medicación innecesaria para controlarlas; obligan a la gente a usar pañales aun cuando no los necesitan y en general no ofrecen actividades recreativas o programas de rehabilitación”.

“La forma en la que tratan a los residentes es espantosa... Era habitual darles pastillas para dejarlos tranquilos. Sabían cuando los familiares venían de visita y preparaban a los abuelos para cuando llegaran: ropa linda, limpia, bien arreglados y, ¡abracadabra, una abuela feliz!”, relata una enfermera que trabajó en varias residencias geriátricas, cuyo testimonio es uno de los tantos que recoge la investigación.

La sujeción farmacológica no es ciertamente el único método para controlar a los residentes que menciona el estudio: también refiere como habitual el uso de sábanas para amarrarlos a sillas y camas. Si bien es importante aclarar que ésta práctica no está prohibida y se aplica en ocasiones para evitar que los mayores se lastimen, su uso suele revelar la escasez de recursos humanos y no constituye tampoco la única opción.

“Aunque se afirma que la sujeción física o farmacológica puede tener por finalidad el evitar que los residentes se lastimen ya sea por caerse de la cama o en un episodio de excitación, la realidad es que constituye un recurso extremo que puede reemplazarse con otras prácticas menos violentas: a los mayores también se los puede calmar hablándoles, bañándolos, poniéndoles música que les gusta… conocí incluso el caso de una señora que se calmaba cuando le daban revistas de moda. Pero claro, todo eso requiere de una organización centrada en las necesidades de las personas y no las del personal”, explica la profesora Silvia Gascón, directora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad ISalud.

Fuera de las sujeciones, otra práctica cuestionable que el informe refiere como habitual en la mayoría de los geriátricos platenses es el uso de pañales de manera rutinaria, ya sean estos necesarios o no. “Cuando una persona es admitida, quizá tiene problemas para ir al baño, pero aún logra hacerlo con algo de ayuda. Pero luego se les obliga a usar pañales y pierde esa capacidad”, señala otro de los testimonios recogidos por la investigación.

“No siempre tienen el equipo profesional que dicen tener en las publicidades. En muchos casos están sólo las personas que limpian y las que se encargan de los cuidados cotidianos”, relata un familiar de un residente señalando otro de los puntos que se destacan entre las conclusiones de la investigación: el escaso nivel de preparación del personal que trabaja en las residencias para mayores, un aspecto directamente asociado a su calidad de atención.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Es en base a las situaciones mencionadas que el estudio concluye que “ninguno de los organismos de control, desde reparticiones municipales y provinciales a las obras sociales que contratan sus servicios, están hoy en condiciones de saber lo que está pasando dentro de los geriátricos para poder adoptar medidas contra los peores”.

El problema es que “en Argentina, la normativa para la habilitación de residencias para mayores contempla casi exclusivamente cuestiones vinculadas a la estructura de la institución: cantidad de metros cuadrados, cantidad de camas por habitación, cantidad de empleados por residente.... cosas de este tipo que en el mejor de los casos se llegan a cumplir y que no garantizan necesariamente una atención de calidad”, explica por su parte Silvia Gascón.

“Pero –como ella misma aclara más tarde- no se trata de cuántos profesionales hay sino de cómo atienden esos profesionales a las personas mayores: cómo se dirigen a ellas, cuántas veces las visitan, si las llaman por su nombre, si recurren o no a sujeciones físicas o farmacológicas para controlarlas, si las obligan o no usar pañales aun cuando no los necesitan., si les ofrecen actividades personalizadas o programas de rehabilitación.... Hoy no existe ninguna normativa nacional que fije estos criterios esenciales de calidad”.