EE UU quitará fondos a las ciudades que protejan a inmigrantes ilegales

WASHINGTON.- El fiscal general de EE UU, Jeff Sessions, urgió ayer a las llamadas “ciudades santuario” a volver a colaborar con las autoridades federales para detener y deportar a los indocumentados y a aquellos inmigrantes que hayan cometido algún delito.

“Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. Esas políticas no pueden continuar”, afirmó Sessions, que apareció por sorpresa en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca. “No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por delitos pone a todas nuestras comunidades en riesgo”, añadió el fiscal general.

Sessions anunció que los estados, condados y ciudades que busquen subvenciones del Departamento de Justicia tendrán que mostrar que cumplen con las leyes federales y persiguen a los inmigrantes que han cometido crímenes o que llegaron al país de manera irregular. Asimismo, agregó que una de las agencias de su departamento tiene previsto entregar más de 4.100 millones de dólares en subvenciones en este año fiscal.

Las subvenciones del Departamento de Justicia incluyen fondos para el entrenamiento de las policías locales y partidas económicas para la adquisición de nuevos equipos, como cámaras corporales que los agentes llevan en sus uniformes.

El presidente Donald Trump firmó en enero un decreto para resucitar los programas de cooperación entre la policía local y las autoridades migratorias y para interrumpir la concesión de ciertos fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, definición que incluye unas 200 urbes, condados y otras jurisdicciones en EE UU que protegen a los inmigrantes ilegales de la deportación.

Líderes de estas “ciudades santuario”, como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, rechazaron las propuestas de Trump y aseguraron que sus ciudades seguirían siendo un “santuario”.

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Las “ciudades santuario” se niegan a informar al Gobierno del estatus migratorio de sus detenidos para evitar su deportación. El término surgió en la década de 1980, luego de que la ciudad de Los Angeles le pidiera a la policía que dejara de interrogar a algunas personas solamente para determinar su estatus migratorio en 1979. Y en 1989, la ciudad de San Francisco aprobó una ordenanza que prohibía el uso de los fondos de la ciudad para reforzar las leyes federales de inmigración. Hay cientos de zonas en el país que funcionan de este modo, como las ciudades de Nueva York, Miami, Los Angeles, Seattle, San Diego, Austin, Boston, Houston, Chicago, San Francisco, Denver y Filadelfia.

Se estima que el impacto económico de un ataque financiero de Washington contra esas ciudades, que son engranajes clave en el motor de la prosperidad estadounidense, podría tener serias consecuencias. Por caso, la contribución económica de los cinco mayores centros poblados del país, todos ellos “ciudades santuario” (Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston y Filadelfia), desde los empleos hasta el comercio internacional, excede por mucho su participación de 6% de la población estadounidense, según datos compilados por Bloomberg. Y su éxito es significativamente alimentado por los inmigrantes.