Reactivan la causa penal que investiga la “ruta del dinero K”

El fiscal federal Guillermo Marijuan reclamó ayer volver a indagar a los acusados en la causa por lavado de activos conocida como “ruta del dinero K”, entre los que figuran Lázaro Báez y sus hijos y Leonardo Fariña y Federico Elaskar.

El planteo de Marijuan fue hecho ante el juez Sebastián Casanello, que ayer regresó de Estados Unidos, adonde viajó en busca de información clave para avanzar en esta investigación, informaron fuentes judiciales.

“A la luz de la prueba incorporada al día de la fecha, esta fiscalía entiende que el origen ilícito de las cuantiosas sumas de dinero involucradas, se vincula también y en forma principal a la adjudicación desmedida e irregular de la obra publica por la cual Lázaro Báez ha sido procesado junto a las máximas autoridades del gobierno anterior”, encabezadas por Cristina Fernández de Kirchner, por asociación ilícita, dijo Marijuan en un escrito.

El dictamen de Marijuan responde a la resolución a la que había llegado la Sala II de la Cámara Federal, en su último fallo el 10 de marzo pasado, donde frenó el inminente envío a juicio de la causa y reclamó tratar el caso como un único hecho de lavado conectado con los negocios con la obra pública.

En la causa Casanello procesó en un primer momento a los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña, entre otros, por las maniobras de lavado de dinero relacionadas a la compra de un campo en Mendoza.

El año pasado, después de que apareciera el video de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, Casanello también procesó a Báez, a su hijo Martín y a otras personas a las que se veía contando millones de dólares en esas oficinas de Puerto Madero. Y luego lo volvió a procesar por el reingreso al país de unos 33 millones de dólares a través de bonos de la deuda pública argentina, adquiridos por Helvetic Services Group SA, que terminaron depositados en una cuenta de Austral Construcciones.

Marijuan sostuvo que “el desarrollo no solo de este proceso, sino de otras causas seguidas contra Lázaro Báez y las autoridades del Poder Ejecutivo de la administración anterior, permiten tener hoy una visión que no puede acotarse a unas pocas conductas en particular, sino a que dichos acontecimientos solo deben enmarcarse en un análisis estructural”. De lo contrario, añadió, “se caería en una parcialización de las conductas con su consecuente desvalorización de la real trascendencia penal y social que verdaderamente ha tenido”.

Tras insistir en la vinculación con la obra pública y dar detalles de esa causa a cargo de Julián Ercolini, Marijuan aseguró que “habiéndose efectuado un extenso análisis respecto del origen ilícito que corresponde asignar al dinero aplicado por los imputados en las maniobras ilícitas, corresponde que se amplíen las declaraciones indagatorias oportunamente celebradas”.

Fariña está procesado en la causa, pero sus dichos, en calidad de “imputado-colaborador”, fueron claves a la hora de avanzar con los detalles de los negocios de Báez y su entorno.