Disuelven el Parlamento y acusan a Maduro de dar un autogolpe

CARACAS.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela asumió las competencias de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), de amplia mayoría opositora y al que considera en “desacato”, en una decisión que según analistas representa un paso más hacia un modelo autoritario. “Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la AN, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho”, indicó un fallo del TSJ publicado el miércoles.

El tribunal, al que la oposición acusa de servir al gobierno de Nicolás Maduro, declaró en desacato al Legislativo a inicios de 2016, debido a la jura de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude. Por eso ha anulado todas las decisiones parlamentarias. Aunque la cámara desvinculó a esos diputados posteriormente, la corte considera que el acto no fue formalizado.

Al conocerse la nueva decisión del TSJ, el opositor Henry Ramos Allup, afirmó que los parlamentarios “debemos seguir cumpliendo nuestros deberes y ejerciendo a cualquier riesgo nuestras funciones, porque a nosotros una persona no nos dio un título de diputados, sino que fuimos electos”. Pero el legislador Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del chavismo, celebró el fallo. Alegando el “desacato”, el TSJ ya había retirado la inmunidad a los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.

El retiro de los fueros parlamentarios ocurrió mientras el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunía para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero. La cita en Washington terminó sin acuerdos, pero 20 países suscribieron una declaración conjunta en la que expresaron “preocupación por la difícil situación política, económica, social y humanitaria” de Venezuela.

Una semana antes de ese encuentro, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que fue calificado por Maduro como “traición a la patria”, delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel. Según varios expertos, la escalada en el choque de poderes de Venezuela es una respuesta a las recientes acciones en la OEA.

La sentencia del TSJ también tiene un trasfondo económico. Fue en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero. Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público con Estados o empresas públicas y privadas extranjeras, “sin la aprobación de la Asamblea Nacional”. Pero al declarar “omisión legislativa”, la Corte indicó que no existe “impedimento alguno” para que el Ejecutivo conforme compañías sin pasar por una votación de los diputados. Esta cuestión es clave para el gobierno, que busca fondos para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11,5% del PBI en 2016. Maduro también intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica, reflejada en el desabastecimiento de bienes básicos y la inflación más alta del mundo, proyectada en 1.660% por el FMI para 2017. Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018.