Otra vez nos tapa el agua

“Los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla”. En nuestro caso la admonición resulta infalible, como lo prueba el drama de las inundaciones anticipado ya en 1884 por Florentino Ameghino en su libro “Las secas y las inundaciones en la Provincia de Buenos Aires”. En los 123 años transcurridos desde entonces, a impulsos del cambio climático que aumentó la frecuencia e intensidad de las lluvias, sumado a una serie de obras de recuperación de zonas bajas en derredor de la provincia de Buenos Aires (especialmente el Río V y cursos menores de Córdoba), las inundaciones comenzaron a ser devastadoras. Sobre todo a partir de la década del 80’ del siglo pasado. Con episodios increíbles como el desborde las Lagunas Encadenadas que dejó sumergida como una moderna Atlántida a la villa turística Epecuén.

El fenómeno se presenta con intensidad en varias provincias (Tucumán, Salta, La Pampa y Chubut entre otras), pero limitándonos al caso bonaerense se advierte que en el Noroeste, sobre todo en los partidos de General Villegas, Rivadavia, Trenque Lauquen y Pehuajó, campos de extraordinaria fertilidad se fueron transformando en enormes lagos que las aguas ocupan o desalojan según se trate de períodos “húmedos o secos” como dicen los especialistas. Esporádicamente, el torrente amenaza o directamente invade los centros urbanos, como ocurre hoy día con la ciudad de Salto.

A partir del retorno a la normalidad institucional en 1983 los intendentes y los productores afectados se reunieron infinidad de veces con las autoridades nacionales y provinciales. Se prometieron inversiones en obras que conduzcan los desbordes hasta el Río Salado para su desagote en el Océano. Se contrataron estudios de consultoría en el exterior, se asignaron partidas presupuestarias y tuvo principio de ejecución el llamado “Plan Maestro de la Cuenca del Salado”. Algunas obras se construyeron y se inauguraron con gran pompa. Sin embargo, frente a los padecimientos actuales, queda claro que no se hizo lo suficiente y el Estado suma una deuda de magnitud con la sociedad.

Algunas obras se construyeron y se inauguraron con gran pompa. Sin embargo, frente a los padecimientos por las actuales inundaciones, queda claro que no se hizo lo suficiente y el Estado suma una deuda de magnitud con la sociedad

La desgracia alienta la solidaridad. Se donan toda clase de bienes para los evacuados y los organismos de asistencia movilizan todo su potencial. Pero también se desata el “sálvese quien pueda” y los distritos de aguas arriba remueven los obstáculos para que los caudales avancen (corte de medanos, colocación de alcantarillas o directamente dinamitado de rutas) mientras los partidos de aguas abajo colocan tapones en los canales y levantan diques. En ocasiones se producen duros enfrentamientos. Actualmente tres municipios han denunciado penalmente a las autoridades Hidráulicas de la Provincia y en 2001 grupos de productores de Trenque Lauquen y Rivadavia estuvieron a punto de enfrentarse a tiros en lo que se llamó “la guerra del agua” (ver “El Día” del 8.11.2001) cuestión que fue dirimida por la Suprema Corte en el juicio promovido por la Municipalidad de Rivadavia contra su similar de Trenque Lauquen mediante la sentencia del 24 de abril de 2002.

En aquel año la UNLP designó una comisión interdisciplinaria en la cual participaron docentes de las disciplinas involucradas (historiadores; doctores en geografía y en ciencias naturales; especialistas en recursos hídricos; ingenieros hidráulicos y agrónomos; cartógrafos y geólogos) y de la cual participé ocupándome de los aspectos jurídicos del problema. La labor desarrollada fue intensa y se plasmó en el libro “Inundaciones en la región pampeana”, publicado en junio de 2003 por la Editorial de la Universidad de La Plata, con el auspicio de la Cámara de Diputados provincial, “a los fines de contribuir con el diagnóstico y soluciones integrales, a la mitigación de la problemática de las inundaciones” (como reza su prólogo). No tengo noticia de que aquel diagnóstico y mucho menos las soluciones se hayan considerado, pero lo que realmente abruma es que no se haya planificado y ejecutado a cualquier costo una política pública que prevenga el desastre, invirtiendo a cuenta de las fabulosas pérdidas que se repiten una y otra vez. Aun cuando se pasara indebidamente por alto la desolación que sufren las personas afectadas que en algunos casos lo pierden todo, un elemental cálculo económico impone a la provincia agrícola-ganadera por excelencia proteger su riqueza de un fenómeno más que centenario.

(*) Ex decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP