Las leyes contra la violencia en el fútbol deben ser convertidas en letras vivas

Las dos resoluciones del ministerio de Seguridad nacional, anunciadas ayer, que fijan un reglamento con mayores restricciones para ingresar a los estadios de fútbol, más allá de que procuran “fortalecer la seguridad” en los estadios, abren por cierto un nuevo interrogante acerca de que puedan, realmente, ofrecer respuestas positivas y concretas al muy grave problema de la violencia en el fútbol, que permanece irresuelto desde hace muchos años.

La experiencia sufrida en los últimos años por numerosas normas similares -como la ley De la Rúa y otras, cuyos textos preveían cláusulas muy serias y que, sin embargo, resultaron literalmente convertidas en letra muerta a partir de haberse tolerado una verdadera institucionalización de los barrabravas- autoriza plenamente a temer que pudiera ocurrir algo similar con estas nuevas medidas.

Al conocerse ayer el anuncio, se consideró como un paso relevante la llamada “restricción de concurrencia administrativa”, cuyas listas serán elaboradas por el Gobierno y no por los clubes, como ocurría hasta el momento. Según la norma, “se podrá restringir la concurrencia a toda persona que se encuentre condenada, procesada o con auto de elevación a juicio, o que se encuentre sujeta a suspensión de juicio a prueba, respecto de delitos que hayan sido cometidos en el marco de la Ley N° 23.184, o por cualquier otro delito cometido en el exterior, con motivo u ocasión de un espectáculo futbolístico”; o “haber sido condenada por delitos dolosos con pena de reclusión o prisión de más de tres años”.

También será plausible de la aplicación del derecho de admisión toda persona que “se encuentre sancionada respecto de una contravención, que haya sido cometida en el marco de un espectáculo futbolístico, ya sea antes, durante o después de la disputa del encuentro o durante las concentraciones o entrenamientos de los equipos”; o “cuando hubieran tenido conductas violentas contra las personas o las cosas, hayan ingresado a lugares no permitidos, entre otras, dificulten el normal desenvolvimiento de un espectáculo futbolístico, ya sea antes, durante y después de la disputa del encuentro o durante las concentraciones y entrenamientos de los equipos”.

Entre otras medidas, el nuevo reglamento contempla las obligaciones de los organizadores, la determinación del aforo de los estadios, los sistemas de control de gestión y venta de entradas y acceso a los estadios, las medidas técnicas de seguridad en los estadios, entre otros, según figura entre los considerandos de la norma.

La realidad de los últimos años indica que el Estado ha permitido convertir al fútbol en pretexto para originar desórdenes de gravedad, con enfrentamientos entre hinchadas, entre grupos disidentes de un propio club o con la fuerza policial, usándose armas de fuego, armas blancas, pedradas y cualquier otro elemento capaz de poner en riesgo la vida e integridad física de las personas. Destrozos de toda índole, gente lastimada, seriamente herida o muerta es el saldo habitual de esas reyertas. El último episodio ocurrido en la provincia de Córdoba en el que perdió la vida un joven, obligado a arrojarse desde la tribuna para ver si así se salvaba de un seguro linchamiento, constituye el más claro ejemplo de la barbarie existente en torno al fútbol.

Por cierto que, además el crecimiento de los grupos violentos, persisten cuestiones asociadas o relacionadas como la comprobada ineficacia de los operativos policiales, las deficiencias de seguridad que exponen muchos estadios, las crecientes y nocivas injerencias que sobre la vida de los clubes ejercen algunos dirigentes políticos o funcionarios que ofrecen prebendas y todo tipo de ventajas a los malvivientes que han tomado al fútbol como rehén de sus actividades delictivas.

Estos factores, sumados a otros que permanecen sin resolución, como la presencia o no en los estadios de las hinchadas visitantes, constituyen desafíos y, a la vez, obstáculos que el fútbol debiera despejar de una vez por todas. En este sentido, no parecieran ser leyes las que falten, sino acciones policiales y judiciales encaminadas a convertir a esas normas en letra viva.