Necesidad de hallar fórmulas para superar el conflicto que afecta a las clases

Algunos sondeos periodísticos y encuestas realizadas en las últimas semanas relacionados a los paros docentes dejaron sentadas dos conclusiones dominantes: por un lado, que buena parte de los entrevistados consideran razonables a muchas de las demandas salariales y laborales del sector; y por el otro, que también esa misma mayoría de opiniones rechaza la sucesión de paros que los maestros de la provincia de Buenos Aires vienen desarrollando, al punto de haber afectado ya, muy seriamente, la regularidad del ciclo lectivo 2017.

Sobre este contexto que, de una u otra manera, compromete a las dos partes, volverán a encontrarse este martes el Gobierno provincial y los gremios docentes, cuando –según se informó- el primero presente una nueva oferta salarial, entre otras definiciones que también deberán conocerse relacionadas, por ejemplo, a los descuentos por los días de paro. Con estos puntos en la agenda, los seis sindicatos docentes anunciaron que irán a la reunión paritaria del martes, según adelantaron desde Frente de Unidad Gremial. Desde luego que, como dato si se quiere “nuevo”, se advirtió en estas jornadas que este lunes comienza el quinto mes del año y los docentes aún no recibieron un aumento salarial.

Una nota publicada ayer en este diario destaca que las diferencias entre lo que el Gobierno ofrece y lo que los gremios piden es “abismal”, según advirtieron fuentes gremiales. Sin embargo, desde sectores oficiales se replica que uno de los porcentajes de aumento salarial que se reclaman podría oscilar en algo más del 43 por ciento, calificada por fuentes gubernamentales como “una cifra imposible”.

Como también se dijo, se está frente a un panorama muy complejo, que exigirá de los negociadores mucha paciencia –y muchas concesiones-- para encontrar fórmulas superadoras del conflicto. Tanto una, como la otra parte, como se dijo al principio, cuentan con una importante base de respaldo social: el Gobierno, para reclamar aulas abiertas; los docentes, para que se atienda a sus demandas.

Por sobre ese cuadro de situación debería prevalecer –también para ambas partes- la premisa de que resulta imposible admitir que millones de chicos sigan perdiendo días de clases en las escuelas públicas, profundamente perturbadas hoy por un conflicto que pareciera eternizarse.

Más allá de todo tipo de consideración, los datos de la realidad vuelven a mostrar que muchas de las escuelas públicas perdieron demasiados días de tareas, cifrándose ahora las expectativas –como ocurrió en años anteriores- en la alternativa de que se extienda el ciclo lectivo para tratar de acceder, así, al objetivo de asegurar para los alumnos los 180 días de clases.

Resulta ciertamente imperativo que se desplieguen especiales esfuerzos –tanto desde el Gobierno provincial como desde los gremios docentes- para encontrarle puertas de salida a un conflicto, cuyo más penoso corolario pasa por la constante pérdida de días de clases para millones de alumnos, cuya formación se ve resentida inevitablemente.

Más allá de que hayan resultado infructuosas las negociaciones realizadas en las últimas semanas, es preciso que ambas partes insistan en la búsqueda de fórmulas de acercamiento, que den respuesta razonable a las demandas sectoriales, por un lado y que, por el otro, le garanticen a los alumnos el dictado de un ciclo lectivo, no entrecortado de continuo por medidas de protesta, cuya prolongación indefinida –esto también se sabe- termina por opacar las reivindicaciones.

Es preciso, asimismo, reiterar el concepto de que garantizar la continuidad del servicio escolar debiera ser una preocupación prioritaria en todos los niveles de conducción. Salvando los derechos de cada uno, lo que resulta inadmisible es que se sigan perdiendo días de clases, porque nada existe más nocivo y menos democrático que un aula con las puertas cerradas, privándose a los chicos de la formación que necesitan y merecen.