Vicky Xipolitalis hará tareas comunitarias en Cáritas

La vedette Victoria Xipolitakis y los dos pilotos que conducían el avión de Austral en 2015, durante el cual fueron acusados de poner en peligro la seguridad de los pasajeros, deberán pagar 20.000 pesos de multa cada uno, realizar trabajos comunitarios y tomar cursos de capacitación para evitar ser juzgados.

La decisión fue tomada por el la jueza María Gabriela López Iñíguez, del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, en el marco de proceso legal en el cual se investiga el ingreso de Xipolitakis a la cabina del avión durante el despegue del vuelo AU 2708 que cubrió el trayecto Buenos Aires-Rosario, accionando el acelerador durante las maniobras previas.

La jueza aceptó la suspensión de juicio a prueba -probation- que habían solicitado la vedette y los pilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Matias Soaje, todos procesados en el marco de la investigación. La magistrada determinó que Xipolitakis no podrá ingresar a la cabina de un avión durante un año y medio, tiempo que durará la suspensión del juicio a prueba y durante el cual deberá realizar trabajo no remunerado para Cáritas.

Xipolitakis deberá "abstenerse de concurrir, aun mediante invitación, a la cabina del avión en caso de que realice vuelos dentro y/o fuera del país", enfatizó la jueza en su fallo de casi 40 páginas. El comandante y su copiloto deberán realizar el curso de capacitación de Cockpit Resource Managment (CRM) que está a cargo del gremio de Pilotos Union Aviones de Lineas Aéreas (UALA).

Zocchi fue suspendido por un año y medio mientras que el copiloto, Soaje, por el término de un año, por razones familiares vinculadas con la salud de sus hijos; según se sostuvo en el fallo. El piloto deberá realizar tareas comunitarias no remuneradas en el Hospital Aeronáutico Central mientras que su compañero las cumplirá en la parroquia Nuestra Señora de la Guardia, en Florida Vicente López.

La jueza Iñíguez había escuchado el 25 de abril la postura de los acusados durante una audiencia en la que admitieron que habían "cometido un error" y solicitaron que se les aceptara una probation y se suspendiera el juicio a prueba.

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La fiscal del caso, Stella Scandura, había manifestado su acuerdo a que los imputados fueran beneficiados con la probation pero esa eventual "solución" había sido cuestionada por los querellantes. Representados por el abogado Gregorio Dalbón, los 14 pasajeros que conformaron la querella solicitaron que el acuerdo fuera rechazado y que la fiscal fuera recusada, cosa que no aceptó la jueza del TOF 4.