La procesan por obligar a su hija adolescente a abortar

La Cámara del Crimen procesó a una mujer por obligar a su hija adolescente a abortar cuando el embarazo cursaba 16 semanas de gestación, un delito que contempla penas de entre tres y diez años de cárcel, informaron fuentes judiciales.

Los jueces Marcelo Lucini, Rodolfo Pociello Argerich y Mariano González Palazzo dispusieron procesar a Margarita Marlene Sandoval Morales, a quien le reprocharon los hechos ocurridos en las primeras semanas de agosto de 2015 en la vivienda familiar del barrio porteño de Flores.

Sandoval Morales está imputada de haber participado, con la ayuda de otra mujer, de “la interrupción del embarazo de su hija de 17 años, contra su voluntad”.

el hecho

El hecho se conoció a raíz de que la adolescente fue asistida en el Hospital Rivadavia, una semana después de haber sido obligada a someterse a un aborto.

Según consta en el expediente, los padres se negaban a que su hija tuviera el bebé, por lo que en varias oportunidades insistieron, sobre todo su madre, en que debía someterse a un aborto.

En tanto, la adolescente rechazaba la intervención y pretendía continuar con el embarazo.

En la causa quedó constancia de que un día la madre hizo ingresar a la vivienda familiar a una mujer, cerró la puerta con llave, tomó el celular de su hija y le explicó que debía interrumpir el embarazo mediante la ingesta de pastillas abortivas.

“Tomalas, hacelo por tu papá y por tu familia”, le dijo, por lo que “ante tanta insistencia y tanta presión (la adolescente) se vio obligada a tomar las tres pastillas”.

Según el expediente, “luego fue trasladada a la habitación de sus padres, donde la desconocida le habría colocado otras tres píldoras en su vagina” para forzar el aborto.

Fuentes judiciales sostuvieron que a raíz de aquel episodio la Cámara del Crimen procesó a Sandoval Morales, sin prisión preventiva, por un delito que contempla penas de entre tres y diez años de cárcel.

“Su rol de progenitora jugó un papel preponderante, que acompañó con actos concretos que determinaron la voluntad de la menor” de edad, opinaron los camaristas.

“Cerró el inmueble con llave y le quitó el teléfono para impedir que contactara a alguna persona en busca de ayuda y además de llevar a quien practicó las maniobras, vertió frases de gran contenido emocional para que acatara su orden”, advirtieron en la resolución.

El jueces también trabaron embargo sobre los bienes de la imputada hasta cubrir la suma de 350 mil pesos.