Aseguran que el Estado debería hacerse cargo del odontólogo Barreda

Una fuerte polémica se desató en las últimas horas por el estado de situación del odontólogo platense Ricardo Barreda luego de que se conociera que en el hospital en el que se encuentra internado desde hace ocho meses ya no lo quieren tener. Según afirman los trabajadores de la salud del Hospital Magdalena Villegas, el cuádruple homicida usa el centro de salud “como un hotel mientras las plazas escasean”. 

Pero eso no es el único motivo que obliga a los trabajadores del lugar a salir a reclamar. Según denunció una empleada, el autor del crimen de sus dos hijas, su esposa y su suegra, la habría amenazado con “pegarle un escopetazo”.

En una entrevista, el director del establecimiento, Pedro Ávila manifestó que tiempo atrás se halló a Barreda en la calle con visibles signos de desnutrición por lo que fue trasladado al hospital para tratarlo. Pero Luego de tratarlo el paciente reportó mejorías y pese a que está en condiciones de retirarse del lugar no saben donde deben mandarlo. 
 
Según el dr. Eduardo Gutiérrez, quien formó parte de la defensa de Eduardo Barreda en los últimos años, el Estado debería hacerse cargo del odontólogo en el caso de que las autoridades del Hospital decidan retirarlo del lugar. En este sentido expresó tajantemente que si ello no ocurre “se estaría hablando de un caso de abandono de persona”. 
 
“En el caso de que Barreda no puedo estar en el hospital público en el que actualmente reside, el Estado será quién te va a dar una respuesta a esta situación sino será un abandono de persona. 
 
El letrado postuló que como cualquier persona en situación de calle, como es el caso de Barreda, el Estado debe garantizar una cobertura de salud y un hospedaje para la persona. Precisó al respecto que esta asistencia debe darse “independientemente de la edad y el deterioro físico”. 

 
“No sé si han considerado el alta o no (de Barreda) pero el inconveniente que estamos teniendo aquí es que falta el amparo que debe otorgar el Estado a todo ciudadano independientemente de que haya sido una persona sometida a un proceso legal o no. La presencia del Estado debe reinar ante todo. Debe dar seguridad salud y asistencia a quienes lo necesiten” sentenció Gutiérrez en diálogo con JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA. 
 
Y añadió sobre su condena que “todos podemos cometer delitos pero eso no significa que vayamos a perder nuestros derechos durante toda la vida. Si se comete un delito habrá una multa a una privación de la libertad. Pero una vez cumplida la pena, la persona que la cumplió debe ser tratado como uno más en la sociedad”. 
 
“Es también el Estado el que ha puesto a Barreda en una situación de desamparo, no por su situación en cuanto a lo jurisdiccional o su condena penal. No nos olvidemos que su única propiedad se encuentra interdictada por el Estado Provincial a la cual él no puede tener acceso ni disponer del uso de la misma” dijo al referirse a la casa de 48 entre 11 y 12. 
 

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