Twitter: @martintetaz

El chiste se lo escuché por primera vez a Rolo Villar. Un hombre se presenta a una entrevista laboral y pregunta por el sueldo que cobraría en el nuevo empleo. El reclutador le comenta “al principio ganará 10.000 pesos y si todo sale bien, al cabo de un año pasaría a cobrar 20.000”. “Buenísimo”, replica el candidato, “entonces llámeme dentro de un año”.

Una cosa parecida le ocurre a los inversores. El gobierno financia con deuda un déficit fiscal escandaloso y promete que lo reducirá gradualmente, en base al crecimiento de la economía.

En el pizarrón de la facultad, se sabe, las posibilidades son múltiples, pero en la gestión lo ideal es enemigo de los posible y los funcionarios muchas veces tienen que elegir alternativas de un conjunto acotado por la política.

Al problema del timming se le suma el de la credibilidad, porque, aunque el Ministerio muestre las proyecciones de gastos e ingresos, una cosa es el Excel y otra la realidad; ver para creer.

DESPACITO

Aunque muchos temen el “cuco” del ajuste a la vuelta de las elecciones, lo cierto es que tal posibilidad está blindada por la secuencia de presentación presupuestaria.

No habrá una mega corrección porque la madre de las leyes debe ser presentada en septiembre, antes de las elecciones, de modo que no resulta factible imaginar un suicidio de esas características.

La gente tiene ilusión fiscal y muchos no votarían a un gobierno que prometa un recorte masivo de los gastos públicos.

Lo que surge a partir de reuniones con los principales referentes de Hacienda es que el Ejecutivo busca hacer una profunda reforma impositiva y laboral con dos características principales; la primera es que apuntará a ampliar la base imponible de los principales tributos, bajando las alícuotas y la segunda es que ese cambio se pondrá en práctica como el hit de moda: despacito.

El propio vice ministro, Sebastián Galiani, puso el ejemplo la semana pasada; en nuestro país el impuesto al valor agregado (IVA) tiene una alícuota del 21% para la mayoría de los productos, pero sin embargo recauda solo 7% del PBI, mientras que en Nueva Zelanda, un gravamen similar recauda 10%, con una alícuota de tan solo 15%. Hacia allá vamos.

Lo que veremos entonces será una generalización del principal impuesto que se cobra en nuestro país, con una tendencia gradual a la eliminación de exenciones, la búsqueda de una menor evasión y consecuentemente una tasa más baja.

El efecto inmediato será que, dependiendo de la sensibilidad de la demanda a los cambios en los precios y de la oferta para adecuarse a las nuevas condiciones, una parte de esa menor alícuota se trasladará a los precios, beneficiando a los consumidores, al tiempo que la otra parte será captada por los comerciantes y empresarios, mejorando sus tasas de rentabilidad.

Una cosa similar ocurrirá con los impuestos al trabajo.

Galiani sabe perfectamente que la baja en los aportes patronales no se traduce en mayores niveles de empleo, porque justamente es un Académico experto en eso y ha publicado investigaciones científicas demostrándolo.

Hacienda procurará entonces lanzar un blanqueo laboral primero; una suerte de amnistía que hará la vista gorda hacia atrás, con el fin de permitir que muchos empresarios flojos de papeles se pongan al día con su personal.

En una segunda instancia bajará aportes hacia delante, para nuevas contrataciones que operarán como una suerte de promoción transitoria, para no chocar con las normas que ponen a la igualdad como la base de los impuestos.

LO QUE FALTA

Aunque el Presidente puso el tema sobre el tapete esta semana, no hay todavía novedades en materia de reformas que bajen dramáticamente el costo de los juicios laborales. Y no me refiero solamente al crecimiento de los litigios por accidentes, que en lo que va del año aumentan un 24% en relación a similar período del 2016; una cifra que solo se justifica en una economía que crea millones de empleos, o en la que los trabajadores se vuelven particularmente torpes en el cuidado de su cuerpo.

Me preocupa particularmente la calle, porque los pequeños y medianos empresarios con los que hablo, me cuentan que quieren contratar personal, pero que no se animan por temor a la desproporción de los juicios que deben enfrentar si el novato no sirve para el puesto en cuestión, o si directamente se aburre y le termina exigiendo una fortuna por el “retiro voluntario”.

Aunque muchos temen el “cuco” del ajuste a la vuelta de las elecciones, lo cierto es que tal posibilidad está blindada por la secuencia de presentación presupuestaria. No habrá una mega corrección porque la madre de las leyes debe ser presentada en septiembre

Hay cientos de miles de empleos a la vuelta de la esquina, si las autoridades logran imponer una legislación que elimine toda duda sobre las consecuencias no deseadas de contratar personal, más allá de la lógica protección que se le debe garantizar a cualquier trabajador.

Probablemente una indemnización única simplificada para pequeñas empresas en los dos primeros años de un nuevo empleo, pueda contribuir a despejar incertidumbre.

Por último, el Presidente deberá quebrar las percepciones sobre “el ambiente político y social que agrada al tipo medio del hombre de negocios”, para ponerlo en palabras del mismísimo John Maynard Keynes. No alcanza con que, parafraseando al ex Ministro Pugliese, Macri o Dujovne les pidan apoyo a los empresarios.

Se necesitan certezas y el gradualismo, en ese sentido, no ayuda demasiado.

(*) El autor es economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) y autor de "Casual Mente" y "Psychonomics"