Un repaso a las crónicas policiales de los últimos meses permite comprobar la alarmante sucesión de episodios delictivos en los que muchas personas resultan muertas o heridas por el uso de armas de fuego, en una situación que deja en evidencia la necesidad de que nuestra sociedad defina si pretende encaminarse hacia una superior calidad de vida o si, por el contrario, permitirá que impere una regresiva ley de la selva. Está claro que sólo puede suscitar una justificada alarma advertir que en forma cotidiana mueren o resultan gravemente heridas por armas de fuego las víctimas de delitos e, inclusive, terceros ajenos a los hechos, que tuvieron la mala suerte de encontrarse próximos a algún asalto que se concretó mediante el uso de armas.
Mujeres embarazadas, niños de corta edad, policías, choferes de ómnibus, peatones que transitaban por las veredas, ancianos que no opusieron resistencia alguna a quienes los asaltan o vecinos pacíficos resultan ser víctimas del desenfreno armado que reina en las calles. En lugar de ver que se perfeccionan objetivos que hagan a una mejor convivencia y a restablecer un nivel de seguridad mínimo, la población se encuentra cada día más atemorizada por una ola delictiva que se caracteriza por su creciente violencia, con delincuentes –algunos de ellos de muy corta edad- fuertemente armados. Que además, hoy, no trepidan en disparar contra sus víctimas, inclusive después de haberlas robado, por el perverso placer de matar.
Hace dos años causó estupor la noticia de que, en cuatro boliches bailables del Gran Buenos Aires, funcionaba un servicio conocido como “guarda armas” que, en síntesis, consistía en cobrarles a los clientes una suma de dinero para custodiar sus revólveres o pistolas que, luego, retiraban al irse del local.
Se ha dicho aquí muchas veces que el achicamiento del mercado negro de armas y la disminución del número de gente que las porta es una clave fundamental de cualquier estrategia de fondo para combatir la inseguridad. La tenencia de armas de fuego, según los estudios oficiales, ha registrado un enorme aumento en los últimos años. Y muchas de ellas están en manos de adolescentes amenazados por situaciones de marginación y carencias extremas.
La Región conoce y valora el caso de una vecina que hace más de una década recuperó, mediante un particular sistema de canje, más de cien armas que estaban en manos de jóvenes marginales. Si una sola persona, a su entero costo, en una tarea solitaria, logró en poco más de un año canjear más de cien armas de fuego, ¿cuánto podría lograr el Estado de proponerse la tarea?
Está claro que definir un programa eficaz, no declamativo, que apunte a desarmar a la población -muy especialmente a quienes las esgrimen para delinquir- es una tarea urgente. Por ahí debe pasar, sin lugar a dudas, una de las acciones fundamentales del combate contra la inseguridad y el accionar delictivo. Han existido muy exitosas experiencias de desarme de las poblaciones en el mundo. Son modelos a los que de prestársele una especial atención para aplicarlos en el ámbito bonaerense.
La tarea debe ir acompañada -si se quiere, fundamentada- por planes de integración de los menores que, lamentablemente, protagonizan numerosos actos delictivos. Muchos problemas tan complejos se empiezan a resolver, a veces, con fórmulas sencillas. Aquí se trata de cambiar armas por una capacitación que les permita a esos jóvenes acceder de manera calificada al competitivo mercado laboral, integrándose así a la sociedad.
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