Muerte, violencia y extorsión, los cimientos de La Salada y de su ilegalidad

Los operativos judicial y policiales desplegados contra La Salada -la feria de venta ilegal más grande de Latinoamérica- deben ser valorados como un primer paso destinado a terminar con un negocio millonario, sostenido por una mafia que fundó su poder sobre la violencia, la extorsión y el miedo, en una actividad delictiva que se irradió hacia todo el país y que debe ser erradicada por completo.

Los primeros allanamientos y requisas no hicieron sino confirmar la presencia de una poderosa banda que administraba puestos ilegales, talleres clandestinos en los que se realizaban copias ilegales de marcas, en tareas que implicaban la no tributación de impuestos y el sometimiento al comercio regular de la Argentina a una descontrolada competencia desleal, en una situación cuestionada desde hace años por las cámaras y asociaciones comerciales.

Manejada por el llamado “Rey de la Salada”, Jorge Castillo, sindicado como el jefe de la organización, que anteayer se resistió a tiros en su mansión de Luján cuando la Policía concurrió a detenerlo, se estimó que ese mercado negro emplazado en Lomas de Zamora cuenta con unos 7 mil puestos que pagan en promedio unos 500 pesos diarios, es decir unos 3,5 millones por día, sólo de alquiler. Junto a Castillo hay otros 29 detenidos, todos sospechados de extorsión y amenazas.

Cabe señalar que sobre el hoy acusado de liderar una asociación ilícita cae la sospecha de que tuvo “protección” desde el kirchnerismo, para desarrollar sus negocios millonarios. Por lo pronto, se sabe que tenía una buena llegada al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, que lo invitó a participar de la comitiva que acompañó a la ex presidenta Cristina Fernández en esa insólita gira de negocios por Angola en 2012.

“La Salada convirtió en una cuenta más del rosario de violencia, delitos e inseguridad de Lomas de Zamora”

Se precisó que el manejo de los puestos sumó cinco muertos en un año, a raíz de las sangrientas batallas desatadas entre barrabravas y piratas del asfalto, que disputaron espacios de poder y partes de las millonarias recaudaciones de la feria. El fiscal actuante que impulsa las investigaciones sobre la feria La Salada, aseguró ayer que la causa comenzó en abril de 2015, cuando varias personas “quisieron recuperar la zona tras un desalojo y realizaron una serie de desmanes, cometieron robos, rompieron cámaras de seguridad e impidieron la circulación de vehículos”.

Asimismo, corresponde señalar que la Salada se ha convertido en una cuenta más del rosario de violencia, delitos e inseguridad en que se ha venido a dar Lomas de Zamora. Se trata de un eslabón más –de gravitante magnitud, con una ganancia de más de 70 mil millones de pesos en negro al año- de una larguísima cadena de corrupción, mafia y delincuencia que se manifestaba a la vista de todos en ese distrito. Se habla, también, de ostensibles conexiones políticas con este negocio.

Explotación de personas hasta reducirlas a un estado de casi esclavitud en los talleres clandestinos, manejo ilegal de los puestos, cobro de un canon a los feriantes por ocupar un lugar permanente, infamantes castigos físicos a las supuestas “mecheras” a las que se obligaba a desnudar previamente, pagos irregulares por seguridad, limpieza o estacionamiento, obstaculizar el tránsito en las calles linderas, entre otras acciones realizadas bajo amenazas, forman parte de las acusaciones que ahora formula la Justicia.

Se sabe que en nuestra ciudad la venta ambulante también constituye un grave problema. La Plata se encuentra quinta en el ranking de ciudades con mayor presencia de venta informal en sus calles, en una modalidad que, a pesar de encontrarse prohibida por ordenanza desde 1993, no paró de crecer y que ello originó polémicas y hasta incidentes callejeros de magnitud, cuando se decidieron impulsar operativos de fiscalización. Directivos de la CAME detallaron también ayer que La Salada actuaba, básicamente, como una distribuidora mayorista que abastecía a unas 700 “saladitas” radicadas en unas 110 ciudades del país, en una red de comercio en negro que carecía de todo costo fiscal.

Sin perjuicio de que resulta intolerable que se haya permitido la expansión de esta organización mafiosa, resulta también ciertamente inequitativo con el comercio legalmente establecido que los organismos del Estado toleren pasivamente la presencia de la venta informal, en una situación que –según se ha señalado en esta columna en numerosas ocasiones- no atañe exclusivamente a los municipios sino a las administraciones provincial y nacional, en la medida en que muchas de las violaciones legales en que incurre la venta ambulante, por ejemplo las de índole tributaria, conciernen a normas fijadas por esas jurisdicciones. Es de esperar que, en esta oportunidad, el bisturí llegue hasta el fondo.