¿Quién escucha a la gente?

Hace dos siglos Thomas Jefferson expresó que la interpretación constitucional refiere a una tarea cooperativa en la que participan los tres poderes de gobierno y toda la sociedad, tratando de resolver los conflictos que aparecen cuando se aplica el derecho.

Este es el punto de partida en el que debemos ubicar a la política criminal. La elaboración de políticas es una agencia colectiva cuyo protagonista es el pueblo. Los ciudadanos son autores. Las preocupaciones de la gente deben moldear e informar los conceptos políticos.

Como consecuencia de esta realidad, la gente en los últimos tiempos ha modificado los rasgos de la política criminal. Existe una ampliación del derecho penal preventivo y un adelantamiento de la protección penal. El modelo protege más bienes y los protege antes. Lo que hace crujir al viejo modelo liberal y garantista.

SIN RESULTADOS

El tratamiento del delito y de los delincuentes es materia de permanente preocupación de los gobiernos pero lo concreto es que desde hace mucho tiempo los resultados no son satisfactorios e incluso la situación empeora.

Sobre el Poder Ejecutivo recae la principal responsabilidad de diagramar y ejecutar la política criminal. Tiene la policía, suponemos que siempre tiene planes de contingencia y administra nuestro dinero. No obstante, a estas alturas corresponde poner el acento en algunas cuestiones que resultan esenciales, como el rol del poder judicial.

Hace pocos días hemos leído declaraciones de la jueza de la corte suprema Elena Highton de Nolasco en el sentido que la inseguridad es un tema policial y no judicial. No es así.

Las resoluciones judiciales influyen decididamente en la cuestión, a partir del exacerbado garantismo o abolicionismo que las invade, fruto tal vez de la falta de debate profundo sobre las necesidades de la sociedad o del silencio ante al avance de tales doctrinas, que han terminado por colonizar las casas de altos estudios y por ende la formación de generaciones de nuevos abogados, torciendo el eje de nuestro andamiaje jurídico, favoreciendo a los imputados en desmedro de las víctimas y de la sociedad.

Por otra parte, las afirmaciones de la jueza implican la concepción de que el Estado está compuesto por compartimientos estancos. Esto es alarmante sobre todo en materia de política criminal. La manifestación dirigida al entrevistador expresando ¨dígale al Congreso que haga otras leyes y avísele al Ejecutivo que construya cárceles¨ evidencia el pensamiento que coloca al Poder Judicial como mero espectador y aplicador de normas frías y deshumanizadas.

UN SOLO ESTADO

El Estado es uno solo. Y ante el reclamo del ciudadano nadie puede desde el Estado dejarlo sin respuesta. Porque los tres poderes están involucrados en la elaboración y decisión de cuestiones trascendentes como la política criminal. Ahora bien, siendo el gobierno a través de su conformación jurídico política el mandatario del soberano, es dable concluir que la política criminal le pertenece al pueblo. Que es el pueblo el que fija las prioridades, exige soluciones y participa de las estrategias.

Este es el eslabón que falla. El pueblo no es escuchado porque algunos piensan como la jueza de la Corte, o porque no se le consulta en forma adecuada. El procurador bonaerense ha dicho hace poco hablando de la Saladita que hay que escuchar al pueblo para diagramar la política criminal. Eso está muy bien. La Procuración General tiene el potencial para ello. Tiene profesionales que conocen el tema, tiene estabilidad, no cambia cada renovación electoral, tiene la posibilidad de trabajar a largo plazo junto al pueblo. La cuestión reside en los mecanismos elegidos para esa interlocución. Las casas de justicia de la procuración sólo asesoran a personas individualmente. En ese lugar las situaron. Pero la política criminal es una necesidad de toda la sociedad.

Hago hincapié en la Procuración General porque es la institución cuyas incumbencias la colocan en una posición ideal para una efectiva presencia cara a cara con la comunidad, que genere un ida y vuelta enriquecedor, que lleve a una verdadera consulta a los intereses de la sociedad y ofrezca articulación, capacitación, estrategias, planificación, organización metodológica, trabajo en red, seguimiento, planes de prevención y control de gestión entre otras cosas. La mejor forma de materializar esto la podemos discutir. Opino que unidades ubicadas en cada pueblo con equipos profesionales es una idea que merece analizarse porque facilita la imediatez.

En síntesis, si bien el poder ejecutivo tiene una gran responsabilidad en la política criminal, el poder judicial tiene la obligación de asumir la que le compete, que no es menor. Acercar la Justicia a la sociedad es comenzar a recuperar el crédito perdido aportando una intermediación de infinito valor para el ideal de vivir en paz.