Acusan a ex directivos por contagio de Sida

La fiscal federal María Alejandra Mángano reclamó la citación a declaración indagatoria de cuatro ex directivos de la Fundación de la Hemofilia y el embargo de sus bienes, al acusarlos por el contagio masivo de Sida y hepatitis C sufrido por pacientes hemofílicos entre 1985 y 1992 debido al presunto obrar “sumamente negligente e imprudente” de los ahora imputados.

El planteo fue hecho al juez federal Sebastián Ramos en un dictamen en el que la fiscal los imputó como “coautores de propagación de enfermedad contagiosa de manera imprudente”.

Los pedidos de citación en la causa reabierta por la Cámara Federal porteña y que tiene como nuevo juez a Ramos tras el apartamiento del anterior magistrado, Claudio Bonadio, recayeron sobre Miguel de Tezanos Pinto, ex director de la Fundación; Raúl Pérez Bianco, ex director médico, y sobre sus ex directivos Eduardo Biedma y Eduardo Diaz.

“Resta que se reconozca el grave daño a la salud que la ausencia de un correcto control generó a todos aquellos pacientes hemofílicos” que entre 1985 y 1992 contrajeron HIV y hepatitis C al aplicárseles factores de coagulación antihemofílicos importados desde Estados Unidos y contaminados con esas enfermedades, remarcó la fiscalía.

Mángano sostuvo que “el Estado argentino en el momento de llevarse a cabo las transfusiones con los factores coagulantes antihemofílicos denomidados factor VIII y IX no brindó un adecuado control sobre todos aquellos lotes de sangre que ingresaban al país”.

También advirtió que esos lotes de sangre contaminados que se usaron “previamente habían sido rechazados por Estados Unidos, Japón y Brasil, dato que bajo ningún lugar a dudas debía pasarse por alto”.

Un mayor control “hubiera permitido velar por el derecho a la salud de las 208 víctimas totales que no solo adquirieron las graves enfermedades de HIV y HCV sino que también, ante la ausencia de una correcta notificación, propagaron a sus esposas, parejas e hijos generando que los efectos de estas dos graves enfermedades a la fecha se desconozcan”.

La fiscalía acusó por su “obrar sumamente negligente e imprudente” a los entonces responsables de la Fundación, que además explicó era el único lugar en el cual los enfermos afiliados al PAMI podían realizarse el tratamiento.

También hubo, según la investigación, uso de “concentrados vencidos”, y que el no haberles hecho saber a los pacientes “con posterioridad la posibilidad de contagio” se ocasionaron “efectos” que “aún hoy persisten”.