Temer, jaqueado por otra denuncia de corrupción

BRASILIA.- Las sospechas que pesan contra el presidente de Brasil, Michel Temer, aumentaron ayer con la decisión del Tribunal Supremo de abrir una nueva investigación en base a un decreto que habría favorecido los negocios portuarios de una firma privada.

Este nuevo problema jurídico de Temer conlleva una preocupación mayor para el Gobierno, ya que la Constitución brasileña dice que un mandatario en pleno ejercicio del cargo sólo puede ser llevado a un juicio penal con el aval de la Cámara baja y si el delito fuera cometido desde el poder, lo que según la Fiscalía sería el caso.

La investigación fue solicitada por el fiscal general, Rodrigo Janot, quien completará su período en ese cargo el próximo domingo pero que en los últimos días de su gestión ha lanzado una dura ofensiva jurídica contra el gobernante y su entorno.

El pedido recibió luz verde del juez Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros de la Corte Suprema, y se refiere a un decreto firmado por Temer en mayo pasado, que alteró artículos de las leyes que rigen la actividad portuaria. Según la Fiscalía, esos cambios fueron negociados con la empresa Rodrimar, la supuesta beneficiada, por Rodrigo Rocha Loures, un antiguo asesor de Temer en prisión bajo cargos de corrupción en el marco de tramas que salpican al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio gobernante.

Esas sospechas se apoyan en escuchas legales al teléfono de Rocha Loures, quien fue grabado hablando sobre el asunto con directivos de Rodrimar y con el propio Temer. Según la Fiscalía, en esas conversaciones los ejecutivos de Rodrimar presentaron “diversas demandas”, que “al menos en parte fueron contempladas” en el decreto firmado por el mandatario.

La autorización de Barroso se suma a otras investigaciones abiertas contra Temer por la Fiscalía, pero por acusaciones de los dueños del grupo frigorífico JBS cuya validez legal está en duda, lo que podría anular sus testimonios, en los que dijeron coimear al mandatario desde 2010.

En tanto, la Policía Federal concluyó una investigación en la que caracterizó a Temer como el jefe de una “organización delictiva” que obtuvo millones de dólares de la constructora Odebrecht y de JBS. El documento, entregado al Tribunal Supremo, consignó que el mandatario recibió 31 millones de reales (10 millones dólares) en su condición de jefe de la “gavilla” formada por políticos del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que él lidera. “Como en toda organización delictiva, con división de tareas, el presidente Michel Temer utiliza a terceros para ejecutar acciones”, indicó el texto.

El contenido del dossier se filtró al diario Folha de San Pablo que lo publicó en forma extensa en su edición de ayer. El Palacio del Planalto, en un comunicado, salió a rechazar las filtraciones. El texto de la policía mencionó además que el supuesto grupo contaría con la participación de Eliseu Padilha y Moreira Franco, dos ministros del actual gabinete presidencial.