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Un sondeo realizado por la Defensoría del Pueblo en La Plata revela hasta qué punto esta conducta sigue siendo común
Aunque en los últimos años, de la mano de las marchas “Ni una menos”, la sociedad argentina ha venido involucrándose cada vez más en la lucha contra la violencia hacia la mujer, algunas formas de ella siguen fuertemente instaladas en nuestra sociedad. Así lo revela un sondeo realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, según la cual ocho de cada diez mujeres reconocen haber sido víctimas de situaciones de acoso callejero que incluyeron tanto expresiones verbales como toqueteos.
El relevamiento -elaborado en base al testimonio de 300 mujeres de distintas edades de La Plata, Ezeiza, Esteban Etcheverría y Lomas de Zamora- muestra también que casi la totalidad de estos episodios (el 97% de ellos) no fueron denunciados, lo que habla de la impotencia y la falta de apoyo que experimentan las mujeres que los sufren.
Como se desprende del sondeo, el 60% de las mujeres dijo que los episodios sufridos fueron de índole verbal; el 3,5%, físicos; y el 35%, que incluyó ambas formas. Al consultar sobre el ámbito específico en que se produjeron, el 37% respondió que en la vía pública; el 18%, en plazas; otro 18%, en medios de transporte; y el 10%, en su espacio laboral.
Con respecto a quiénes fueron los que perpetraron esas situaciones, la encuesta muestra que en el 74% de los casos se trataba de desconocidos; en el 18%, de conocidos de las víctimas y, en el 8%, tanto de conocidos como de desconocidos.
En base a este trabajo, el organismo que conduce Guido Lorenzino elaboró una serie de propuestas, entre ellas el diseño de un marco jurídico provincial para prevenir, tratar y sancionar el acoso callejero en el espacio público y la creación de un programa provincial cuyos objetivos sean la asistencia, orientación y acompañamiento a las víctimas, en base al vínculo con organizaciones de la sociedad civil, entidades educativas y el Estado.
Además, propone la modificación del código de faltas provincial sobre acoso callejero en el espacio público, estableciendo nuevas sanciones y que lo recaudado por motivo de estas sanciones sea destinado a programas de prevención y asistencia a las víctimas. Asimismo, plantea la incorporación a la currícula escolar de contenidos que cuestionen y visibilicen el acoso callejero con perspectiva de derechos humanos, y que se construyan indicadores que permitan observar la evolución de la temática.
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“Todas las personas tienen derecho a transitar libremente y con la confianza de no ser violentados, independientemente del contexto, la edad, la hora del día o del vestuario. Los derechos humanos no dependen ni se suspenden por detalles del entorno, no hay excusas ni justificaciones para el acoso callejero”, sostuvo Walter Martello, el Defensor del Pueblo adjunto a cargo del Observatorio de Niñez y Adolescencia que realizó el relevamiento.
En esa misma línea, enfatizó que el acoso callejero es una acción violenta por su unidireccionalidad, que vulnera la intimidad de las personas porque no existe un consentimiento de quien lo recibe: la víctima. Además, agregó que “reviste diversas modalidades de connotación sexual, ejercidas por una persona que puede ser conocida o desconocida, en espacios públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos (universidad, plazas, etc.) y eso es lo que pretendemos visibilizar con este trabajo”.
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