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22.11.2017
EDITORIAL

El caso de la comisaría 1ª pone de relieve la necesidad de transparentar a la Policía

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El hallazgo en una caja fuerte de la comisaría Primera de nuestra ciudad de cerca de 800 mil pesos -una suma de dinero, por cierto voluminosa, supuestamente destinada al pago de servicios adicionales en oficinas públicas o empresas privadas de la jurisdicción, llamados horas Polad- deja traslucir la presencia de eventuales y turbias irregularidades contables, a la vez que obliga a las autoridades administrativas y judiciales responsables a investigar y esclarecer por completo la situación.

Tal como se dijo ayer en este diario, resulta incomprensible que ya avanzado el siglo XXI la Policía bonaerense mantenga un sistema de cobros que va en contra de cualquier regla de transparencia y se presta para cualquier tipo de sospechas. Si bien las comisarías -que deben cubrir puntos fijos de custodia- operan con cuentas bancarias, los fondos que allí se depositan son casi siempre retirados por el administrador de la dependencia, que posteriormente procede al pago en mano y, previa firma de una planilla administrativa, a cada policía.

¿Por qué no se liquidan esos adicionales con el sueldo y se cobra por cajero automático?, es uno de los primeros interrogantes que, extrañamente, todavía sigue sin respuesta. Pero existen otros: ¿cómo es posible que se le permita a una persona el manejo de grandes sumas de dinero que pertenecen al patrimonio público, sin suponer que podría verse tentado a darle otro destino que no sea el de pagarle a los efectivos sus servicios adicionales? ¿Por qué la Policía no bancariza completamente sus operaciones? ¿O lo que se busca, en realidad, es asegurar la vigencia de un sistema ideal para facilitar cualquier modalidad delictiva?

Al margen de que nada se encuentra aún confirmado, por lo pronto el Ministerio de Seguridad decidió intervenir la seccional y descabezar la cúpula, desafectando de sus cargos a siete jefes policiales, varios de ellos relacionados con la asignación de horas Polad que presuntamente se brindaban en el centro platense.

Según el reporte oficial los investigadores detectaron, además, que en la seccional de 53 entre 9 y 10 había planillas con firmas que serían apócrifas y nombres de personas que ni siquiera pertenecerían a la fuerza. Pero todos pasaban a cobrar, generando así una posible fuente de recaudación ilegal, por sumas inimaginables, más si se tiene en cuenta que la comisaría Primera manejaba unos 100 millones de pesos mensuales para cubrir esas tareas de custodia.

El mayor problema surgió cuando fueron convocados los 25 efectivos que, según los listados, debían percibir la mayor cantidad de dinero. De ellos sólo aparecieron quince, hubo uno que dijo estar retirado hace ocho años de la Policía y otro que hacía un año que había dejado de hacer Polad, según mencionó el Auditor a cargo de la investigación administrativa, agregando que serán sancionados los diez efectivos que no cumplieron con la orden de presentarse.

Más allá de que han existido muchas políticas erráticas -y, a veces, contradictorias unas de las otras- han sido también ingentes los esfuerzos institucionales realizados para devolverle a la Policía bonaerense la idoneidad profesional que durante décadas tuvo esa repartición, buscándose otorgarle una formación más profesional a sus cuadros.

Es una obviedad decir que la Policía debe representar para la población una garantía y no una amenaza ni, mucho menos, una dependencia ganada en algunos sectores por la corrupción. Situaciones como la aquí analizada implican, lamentablemente, una suerte de inversión de esos roles esenciales y de allí que resulte inevitable una sensación de desconfianza en mucha gente.

Es por ello que debe confiarse que, lo que está ocurriendo en estas jornadas en la comisaría Primera -un hecho sin dudas lamentable-, se convierta en un estímulo positivo para depurar a la fuerza policial, evitándose episodios que tanto lastiman a la esencia de esta institución tan vital para la sociedad.

 

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