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23.10.2017
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Corrupción y justicia

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Corrupción y justicia

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Por marcelo krikorian (*)

Las numerosas causas judiciales originadas en hechos de corrupción son una mala y buena señal: demuestran cómo se expandió este flagelo en los últimos años, e indican un mejor clima jurídico/institucional en Argentina para avanzar con su efectiva investigación y sanción. Desde algunos sectores se escuchan todavía opiniones, señalando que los gobiernos no son corruptos: son los empresarios y/o grandes corporaciones quienes para incrementar su poder económico tientan a funcionarios que ambicionan tener lo que no conseguirían honradamente. Es así que -según ese razonamiento- son los empresarios quienes sacan de sus bolsillos la suma dineraria para sobornar, sin costo adicional para el Estado.

Interrogantes

¿Puede seriamente sostenerse que los costos de la corrupción son asumidos por el particular que incurre en esa conducta sin causar perjuicio patrimonial al Estado? ¿Puede afirmarse que los sobreprecios, los controles más laxos, la agilización privilegiada de pagos a contratistas, la emisión de facturas apócrifas por servicios o prestaciones inexistentes, nada le cuestan al Estado? La corrupción ha saqueado las arcas públicas a través de ejemplos emblemáticos: obras inconclusas o mal terminadas en un país cuya infraestructura social, energética, hídrica, vial es atrasada y/o deficiente.

Durante 2016 y 2017 fueron noticia escandalosos casos protagonizados por miembros de la policía bonaerense que no han podido explicar el origen del dinero encontrado en dependencias de la fuerza, presuntamente obtenido a cambio de cumplir con lo que debe ser su esencial misión: brindar seguridad. ¿Alguien puede imaginar que esto sucede pues hay comerciantes que prefieren seguridad personalizada alrededor de su local de ventas? ¿O en verdad son conscientes que si no pagan se declara zona liberada para la delincuencia? Es no menos cierto que la corrupción policial conoce dónde ir a presionar: los comercios que trabajan principalmente con dinero en billetes, ya que no registrando sus ventas evaden impuestos. Hay empresarios con doble estándar: son víctimas de aprietes explícitos o insinuados, se quejan por ello, pero lo prefieren antes que sincerar su facturación real mediante formas de pago bancarizadas que disminuyan el riesgo de ser asaltados. Un paso adelante ha sido la decisión de AFIP obligando a los comercios a instalar la opción de pago con tarjetas, computando los costos del sistema como crédito fiscal.

Otras viciadas prácticas investigadas en la denominada causa de los sobres que tramita en La Plata, consisten en que uniformados “permitan” mediante abonos mensuales, la venta callejera de todo tipo de mercancías, la trata de personas con fines de explotación sexual, el narcomenudeo, el juego clandestino. En similar sentido, pueden mencionarse la distorsión detectada en sumas liquidadas por servicios policiales adicionales y en la verificación de automotores, así como las sospechas de corrupción en el sistema carcelario -más difícil de comprobar- pues ocurren en establecimientos cerrados donde las relaciones de dominación son muy marcadas y de imprevisibles consecuencias si estos hechos se denuncian. Ahora bien: ¿puede sensatamente creerse que todo este engranaje de recaudación ilegal tolerado por años alcanzaba solamente a comisarios, jefes distritales o superintendentes y a oficiales penitenciarios que circunstancialmente dirigían una cárcel?

Ejemplos

Cuando la corrupción se convierte en estructural confluyen varios factores. En cada uno ellos están reflejados modos de ejercicio del poder típicos de la historia argentina reciente: todos o casi todos los estamentos bajo férreo control; una actitud negadora o dirigida a desviar el eje para que se lo considere un problema de firmas privadas que no compromete a quienes administran el Estado; un escaso respeto a la libertad de expresión y a la transparencia gubernamental con imposición de trabas para acceder a información pública; llamativa lentitud investigativa; y ausencia de pautas precisas que eviten potenciales conflictos de intereses, porque ningún gobierno es ajeno a esto.

Cómo se ha llegado a semejante situación? En Argentina falta ejemplaridad desde hace mucho tiempo; y atención: que la responsabilidad no es exclusivamente del Estado: los valores comienzan a transmitirse en el ámbito familiar desde los padres hacia los hijos. Más adelante, en el ámbito de la educación los docentes (desde el nivel primario al universitario) deben formar ciudadanos honrados, poniendo énfasis en la cultura de la decencia y el esfuerzo. Esto se proyecta tiempo después en el ámbito laboral, con empleadores que den ejemplos de rectitud al personal que contratan.

También es fundamental que la ciudadanía recupere confianza en la noble actividad política (ejecutiva, legislativa) y en el sistema judicial si hay señales indubitables sobre la decisión de erradicar las mafias estatales y privadas que actúan impunemente asociadas. Con la corrupción policial en la provincia de Buenos Aires el mensaje es claro: delitos antes naturalizados por el poder político ahora son combatidos porque hay voluntad (gubernamental y de impulso a la investigación penal), quebrándose la cadena de complicidades y participación en los beneficios. Para lograrlo era indispensable que los billetes indebidamente recaudados no vayan de abajo hacia arriba, desafiando la ley de la gravedad.

 

(*) Magister en DD HH, profesor y consejero directivo de la Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP

 

 

 

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