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Los principales bloques políticos del Senado llegaron a un acuerdo para aprobar el próximo miércoles, en una sesión especial, el proyecto de ley reclamado por entidades internacionales -como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-, que crea un régimen para penalizar delitos de corrupción entre empresarios y miembros de la administración pública.
El proyecto obtuvo un dictamen unánime el jueves, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que incorporó varios cambios respecto a la iniciativa que llegó de Diputados, algo que obligará a devolver el texto a esa cámara una vez que sea aprobado por el Senado.
Entre los principales cambios al proyecto figuran la eliminación de la imprescriptibilidad penal, limitar los delitos punibles a los de corrupción, dosificar las multas y penar las alteraciones de los balances financieros destinados a ocultar cohechos.
El expediente del Senado no contiene, como aspiraba Cambiemos ya en la aprobación en Diputados, ningún tipo de retroactividad en el alcance de la ley, por lo que la norma sólo podrá aplicarse en delitos cometidos desde su sanción en adelante.
El proyecto prevé acuerdos de “colaboración eficaz” con intervención del Ministerio Público Fiscal. El oficialismo buscó, sin éxito, que esos acuerdos pudieran hacerse por afuera de la Justicia.
Federico Pinedo celebró la firma del dictamen: “Es una ley clave contra la corrupción en el país. El proyecto acordado entiende que las empresas también tienen que recibir sanciones ante este tipo de delitos”.
Aunque había acuerdo en el contenido del proyecto, a último momento peligró la firma del dictamen por un imprevisto: a la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el entrerriano Pedro Guastavino, le llevó un buen rato reunir el quórum.
El proyecto será debatido el miércoles próximo en una sesión especial del Senado en la que se incluirá, además, una lista de pliegos de candidatos a jueces y fiscales para su ascenso, informaron fuentes del bloque de Cambiemos.
Los senadores podrían sumar también en esa sesión el debate de la prórroga a la ley de emergencia de tierras indígenas, para evitar desalojos, y la restitución de los feriados largos para la promoción del turismo, algo que aún está en discusión.
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