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Opinión |Panorama nacional

La tensión entre el Gobierno y Moyano en medio del “mani pulite” sobre los gremios

El líder camionero quedó en medio de una investigación sobre lavado de activos, al mismo tiempo en que siguen cayendo sindicalistas acusados de corrupción

La tensión entre el Gobierno y Moyano en medio del “mani pulite” sobre los gremios

Por Carlos Barollo

14 de Enero de 2018 | 02:53
Edición impresa

¿Hasta dónde llegará el “mani pulite” que se auspicia desde el Gobierno sobre diversos líderes sindicales? El debate cruza por estas horas la política nacional, sacudida por las detenciones de más gremialistas enchastrados por hechos de corrupción, mansiones, autos de lujos y millones en los bolsillos.

La cruzada oficial cuenta en general con el respaldo ciudadano, que asiste entre conmovida e indignada al ostentoso y desprejuiciado nivel de vida de no pocos dirigentes que se enriquecieron utilizando de plataforma a sus sindicatos. Mauricio Macri pareció abrir la Caja de Pandora. Existen enormes interrogantes en el sentido de hasta dónde estará dispuesto a llegar el Presidente en esa tarea de desmalezar de estas prácticas a los gremios que, casualmente, son ejecutadas por dirigentes opositores a su gestión. Tampoco puede saberse si el velo descorrido sobre estos manejos le permitirá, acaso, pisar el freno en algún momento en busca de algún acuerdo de convivencia.

Los casos de Omar “Caballo” Suárez, Marcelo Balcedo y los líderes de la Uocra Juan Pablo “Pata” Medina y Humberto Monteros comenzaron a encender luces de alerta entre los popes sindicales. Pero no tanto como la investigación que se cierne sobre Hugo Moyano y su familia impulsada por la Procuraduría que investiga el lavado de activos (Procelac).

A Moyano le vienen apuntando varios socios del Presidente. Elisa Carrió ha jurado avanzar sobre su figura. La diputada nacional Graciela Ocaña aportó documentación y lo seguirá haciendo en busca de sumar a las sospechas sobre la vinculación del gremio de Camioneros y la empresa postal OCA. También busca reflotar su anterior denuncia sobre el supuesto “vaciamiento” de la obra social del sindicato.

Los cañones que apuntaban en dirección a las trincheras de Moyano estaban instalados desde hace rato en el campamento oficial. Lo que resulta llamativo es que fueran disparados un día después de que parecían emerger señales de mejor convivencia entre el presidente de Independiente y el Gobierno.

Macri envió a su ministro Jorge Triaca a la inauguración de un sanatorio del gremio de Moyano en una suerte de señal amigable y el camionero hasta se encargó de excusar al Presidente que prefirió mantenerse en zona de descanso en Villa la Angostura. Todo duró lo que un suspiro.

Las tensiones entre el Gobierno y Moyano no son nuevas. En el oficialismo no se olvidan de algunos gestos de camionero que le complicaron la vida a Macri. Por caso, cuando su hijo Pablo motorizó un paro semanas antes de las elecciones del año pasado.

El Presidente había contado con cierta paz social que le despejara la crucial cita electoral de medio término. En la Rosada están convencido de que esa medida de fuerza supuso una traición.

Por aquellos días de convulsión el Gobierno respondió a los sindicatos con no menos dureza: echó a Ezequiel Sabor y a Luis Scervino, dos funcionarios del ministerio de Trabajo que reportaban a popes sindicales.

Para el gremialismo, la arremetida sobre Moyano supone una suerte de declaración de guerra. Porque una cosa es ir sobre algunos dirigentes de segundas líneas que hoy esperan detenidos el avance de las causas en su contra. Muy diferente es que la mira esté posada sobre uno de los pesados del sindicalismo nacional.

Nada es casual. La reacción destemplada y con tono de advertencia del gastronómico Luis Barrionuevo encaja justo en ese esquema de tensiones. Al recordar que aquellos gobiernos que intentaron alguna embestida contra los gremios como los de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa no terminaron su mandato, le estaba lanzando un mensaje con tono intimidatorio a la Casa Rosada.

Barrionuevo va por más. Prepara un cónclave en Mar del Plata al que asistirían el propio Moyano y otros jerarcas sindicales. La movida seguramente terminará con un documento con tono crítico al Gobierno, en participar en lo vinculado a la reforma laboral que ahora pareció entrar en un freezer en el Congreso, los cambios previsionales y las paritarias. Hay quienes creen que será una fuerte puesta en escena en busca de inducir la apertura de un canal de diálogo con la Casa Rosada. Acaso, un último llamado antes de la ruptura de relaciones.

El oficialismo está convencido de que la embestida sobre cierto accionar sindical es políticamente redituable. No es casual que la Oficina Anticorrupción esté preparando una ley de Etica Pública que establece que los jefes de los gremios y los directores de las obras sociales estén obligados a presentar declaraciones juradas.

Habría que anotar en ese mismo sendero un proyecto de ley de una diputada de Cambiemos que busca limitar las reelecciones indefinidas en los gremios.

PERONISMO PARLAMENTARIO

En medio de esas tensiones puede que empiece a emerger la estampa del peronismo parlamentario, aquél que le ha permitido al Gobierno obtener algunas leyes clave.

En los corrillos del PJ se dice que ya habrían salido algunos mensajes hacia la Casa Rosada tendientes a aflojar tensiones con los gremios más importantes. Una de esas señales habría tenido relación con la reforma laboral.

La propia división de la CGT y la avanzada judicial contra los gremialistas empantanó la discusión en el Senado. Pero más allá de esta cuestión, el oficialismo habría operado un repliegue táctico al cancelar la idea oficial de impulsar este debate en febrero, durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

El Gobierno ha caído en la cuenta de que sólo si consigue el respaldo de los gremios más poderosos tendrá los votos peronistas suficientes para poder avanzar. Hoy el clima no es el mejor para un ensayo a prueba y error y acaso, incentivar la vuelta de las violentas protestas callejeras que conmovieron al país en diciembre.

La cuestión vuelve sobre lo Judicial. En Cambiemos creen que en medio de las causas abiertas a varios gremialistas más las versiones en el sentido de que esa ofensiva está lejos de ceder, hacen prácticamente inviable intentar siquiera el debate parlamentario.

El Gobierno ha resuelto bajar un cambio y patear la discusión para más adelante. Se abraza a la esperanza de que, pese a todo, tiene chances de poder cerrar acuerdos con algunos de los “Gordos” de la CGT que tienen ascendencia o terminales tanto en Diputados como en el Senado.

Anotan entre los sindicatos proclives a acordar a los Metalúrgicos, Comercio, Sanidad y Alimentación. También creen que podrían subir al acuerdo al constructor Gerardo Martínez, quien rápidamente salió a abrirse de los desaguisados que se cometían en las seccionales de su gremio tanto en La Plata como en Bahía Blanca.

Más difícil parece la tarea de sumar a Moyano y Barrionuevo. Pero el juego, todavía, está abierto. Pero en este escenario de denuncias, pesquisas y detenciones que cercan a los gremios, un intento de acordar una ley tan sensible parece una quimera.

El Gobierno tiene otros frentes abiertos. La difusión del guarismo anual de inflación terminó por confirmar que es un problema irresuelto. El 24,8 por ciento que difundió el INDEC quedó lejos de la pauta trazada por el Banco Ce ntral que la ubicaba en torno del 17 por ciento en 2017.

Este año amenaza con repetir la historia. El gobierno de Cambiemos redefinió sus metas y estableció que para este ejercicio el aumento del costo de vida debería ubicarse en torno del 15 por ciento. La proyección podría quedarse corta: transcurridas apenas dos semanas del año, diversas consultoras privadas ya hablan de un porcentaje no menor al 19 por ciento.

La cuestión inflacionaria tensiona la discusión paritaria que se avecina con los sindicatos. El Gobierno estima óptimo un acuerdo en torno del 15 por ciento en busca de no potenciar expectativas inflacionarias. Y además, pretende que este año no rija la cláusula gatillo para compensar una eventual pérdida frente al incremento del costo de vida.

“Sin cláusula de ajuste, no puede haber acuerdo por menos del 19 por ciento”, rezan en los gremios al anticipar que, más allá de la cuestión judicial que ensombrece a varios sindicatos, la negociación no vendrá fácil.

Por estas horas además se viene otra ofensiva sobre el oficialismo: la que lidera Margarita Stolbizer. La ex diputada prepara una suerte de fundación desde la que trabajará para investigar al Gobierno al que ha denunciado en varias ocasiones. Vaya paradoja de la política: Margarita y Carrió fueron alguna vez socias electorales. La chaqueña fue implacabe con el kirchnerismo. Stolbizer promete serlo con Macri y sus funcionarios.

“La tensión entre Moyano y el Gobierno no es nueva. Su hijo Pablo motorizó un paro antes de las elecciones”

 

 

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