Advierten por un “doble incremento” del agua y piden suspender la audiencia

Poco razonable, excesivo y flojo de papeles. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo bonaerense, el inminente aumento en la tarifa del agua se acerca agazapado entre irregularidades formales y porcentajes abultados a los que un “caballo de Troya” haría subir aún más. Por estos motivos, el ómbudsman provincial pidió la suspensión de la audiencia pública convocada por el Ejecutivo para exponer el tema ante los usuarios.

Programada para el viernes 2 de febrero en nuestra ciudad, la audiencia “no cumple con lo estipulado por la ley, propone un aumento irracional y se da en un contexto donde el servicio es deficiente o directamente se brinda sin condiciones de potabilidad en muchos distritos”, subraya el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino: “hay motivos de sobra para exigirle a la Provincia la suspensión de la audiencia”.

La actualización de tarifas propuesta por el Ejecutivo para los servicios que brinda a través de Aguas Bonaerenses -publicada en el Boletín Oficial junto con el llamado a audiencia en el Colegio de Abogados local- lleva el valor del metro cúbico de suministro de los $5,74 actuales a $8,03; si bien en principio se había hablando de un 60 por ciento, sería una suba del 40 similar a la aplicada en junio de 2013.

En la empresa calculan que la mitad de los usuarios pagaría 100 pesos más que ahora, mientras que otro 27 por ciento abonaría $200 extra.

Sin embargo, Lorenzino advierte acerca de una suerte de emboscada tarifaria camuflada en el paquete. “Los usuarios en realidad deberán pagar un doble incremento, que no se ha explicitado, porque al valor que se informe en la audiencia deberá sumarse la diferencia por el reciente revalúo fiscal aplicado por la Provincia, que modificará el cálculo de las boletas”, sostiene.

La normativa vigente en materia de servicios públicos establece que antes de aplicarse cambios en los cuadros tarifarios la decisión debe ser analizada en una audiencia pública en la que participen el organismo de control del área pertinente, la empresa en cuestión, entidades de defensa del consumidor y los usuarios que deseen asistir como oyentes o expresarse acerca del tema y se inscriban a tal fin.

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Estos cónclaves no son vinculantes, pero quedan documentados en los expedientes relacionados con los aumentos. Con unas ochenta ciudades y localidades servidas, que nuclean a 1,7 millones de usuarios o más, ABSA viene de informar que su balance 2017 “no fue deficitario”, pero el ómbudsman considera que esto no implica que los vecinos “puedan seguir haciéndose cargo de la totalidad de los aumentos, cuando las prestaciones siguen siendo malas, y cada vez más caras”.

plantean “irregularidades”

Diego Beghelini, secretario Legal y Técnico de la Defensoría, precisa que “más allá del impacto en el bolsillo de la gente y la razonabilidad de las cifras que se manejan en sí -lo que no es un tema menor de acuerdo con la legislación vigente-, la cantidad y calidad de la información que se ha difundido no está a la altura de la trascendencia del tema. Tampoco se ha sincerado lo del revalúo fiscal, ni se toman en cuenta la baja calidad del agua y las deficiencias en la impulsión como indicadores de que no da para imponer un aumento”.

“Lo que hace el Defensor es cumplir con su mandato constitucional, y pedir que se postergue la audiencia para resolver lo formal e intentar encaminar lo demás” señala Beghelini, quien no descarta la posibilidad de llevar el planteo al plano judicial si no es atendido.

Lorenzino, por su parte, destaca que “la convocatoria a la audiencia fue realizada por el Organismo de Control de Aguas (OCABA), pero éste fue disuelto a los pocos días de formular el llamado por la nueva ley de ministerios; ahora es la Autoridad del Agua (ADA) la que quedó organismo de control, pero a diferencia del OCABA su directorio carece de representación de los usuarios, lo que vulnera lo estipulado por el artículo 42 de la Constitución Nacional”.