Quieren que las agencias de seguridad paguen por el servicio de las patrullas

El Ministerio de Seguridad de la Provincia quiere que las empresas de seguridad que hacen el monitoreo de las alarmas instaladas en comercios y viviendas paguen por el movimiento de los recursos de la Policía cada vez que esos dispositivos se disparan, generando así un alerta sobre presencias no esperadas en la propiedad.

La decisión del ministro Cristian Ritondo, según pudo saber este diario, es imponer un costo a esos movimientos. Aún está en estudio si se aplicará mediante un gravamen o impuesto o bien como un cargo asociado al volumen de la demanda que genera cada compañía. El proyecto, que está en elaboración en estos días, promete polémica con las empresas, que reclaman una revisión general de la normativa que regula la actividad y advierten sobre los efectos que podría tener el esquema en un escenario de informalidad, donde actúan empresas al magen de la ley. También se esperan esos números para analizar el impacto económico que podría tener sobre el costo operativo del servicio. Resta ver, además, si habrá traslado a la boleta que le llega a los usuarios.

Una de las claves en la línea argumental del equipo de Ritondo es la de compensar lo que se entiende como una forma de “derroche” de recursos del Estado al cubrir los llamados de las compañías. En particular, las falsas alarmas. “Es un servicio útil, pero en el que la Policía termina estando al servicio de las empresas y muchas veces para cubrir situaciones irrelevantes o en las que se activa un alerta sin sentido”, le dijo a este diario una fuente oficial.

Según datos del Ministerio, anualmente se producen un millón de alertas en toda la Provincia a las que deben acudir los patrulleros. De ese total, unos 420 mil corresponden a 38 distritos de la zona que integra al Gran Buenos Aires, La Plata y su zona de influencia.

Estimaciones que manejan en el Ministerio y en las empresas del sector, indican que por lo menos la mitad arrojan resultados negativos en la inspección. Eso es, situaciones en las que el estruendo de la chicharra altera en la casa o a los vecinos sin que medie una situación delictiva. Los sensores todavía no reconocen a gatos, ramas, cucarachas, vibraciones y propietarios a los que se les dispara sin querer, entre otras situaciones de registro.

El servicio que ofrecen las empresas consta del seguimiento remoto de los movimientos en una propiedad. Cuando se quiebra la quietud, los sensores hacen sonar la chicharra y también mandan una señal al centro de monitoreo de la empresa. Allí, marcan el 911 y piden la asistencia de la Policía. No todos actúan de la misma manera. Están los que envían personal de la compañía, en la jerga el “móvil de acuda”, y chequean la escena antes de que pedir el patrullero.

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Miguel Turchi, vice presidente de la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina (CEMARA) y titular de una compañía platense, dijo que el Ministerio les avisó “que tenían una iniciativa para discutir, pero no tenemos claro cuál es”. Con respecto al plan de cobrar las salidas de las patrullas, el directivo de la entidad que nuclea a unas 150 firmas del país, consideró que “sería un tema para debatir, porque nosotros tenemos en cuestión la ley de la actividad, que es controvertida desde el momento en que nos obliga a transmitir todos los episodios de alarma sean o no reales. Por mandato de la ley todo disparo debe mandar a la policía, con lo cual es un tema de discusión complicado”.

La Ley en cuestión es la 12.297, sancionada en 1999. En la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) también la tienen apuntada como prioridad para establecer nuevas regulaciones. Su vicepresidente, Daniel Banda, opinó que “la solución al problema de costos por despacho no es punirlos con multas o fijarles tasas, sino solventar en profundidad el problema de base que ha llevado a que el 70% de las empresas prestadoras no puedan siquiera inscribirse”.

El dirigente explicó que la entidad está impulsando una nueva regulación del sistema de servicios que permita integrar los esquemas provinciales en un marco nacional. En particular, “en la provincia de Buenos Aires, la Ley 12.297 ha sido muy cuestionada. Incluso ha recibido cantidad de amparos y medidas cautelares por inaplicabilidad al entorno de sistemas que pretende regular, usando la palabra `alarmas´ una vez en un artículo sobre un plexo normativo de 10.000 palabras”.

Las empresas señalan que esa norma está orientada a la “seguridad física”, con vigiladores dejando fuera al segmento de las de monitoreo. “CASEL presentó a las autoridades de la Dirección de Agencias (Ministerio de Seguridad), mandato tras mandato, un conjunto de sugerencias para hacerla mínimamente cumplible y eso demanda un nuevo decreto reglamentario que contemple claramente la diversidad manifiesta de formas de monitoreo y despachos de eventos a la autoridad”, indicó el vicepresidente de la Cámara.

Aún cuando la Ley indica reportar toda activación de las alarmas, Turchi contó que en CASEL diseñaron “un protocolo de identificación de disparos a efectos de no despachar caprichosamente. Entonces, cumplido ese protocolo recién se envía un móvil y el patrullero”. Entre los datos salientes, dice que “debe haber más de un disparo o que deben ser de zonas cruzadas (más de un sensor). Si hay uno solo se supone que no hay intrusión pero se le da aviso al dueño de la propiedad. No obstante, puede ir un móvil de nuestra empresa”.

El dirigente indicó que ese procedimiento no es el que realizan todas las empresas. “Hay que diferenciar las que tienen móviles, de las que no los tienen. Estadísticamente hay empresas que despachan (informan a la Policía) sin identificación de disparos, en particular las que no tienen móviles”. Turchi interpretó que “la queja de la Policía y el Ministerio apunta a los falsos disparos, pero el tema es que no podés identificarlos porque estás delante de una casa, una propiedad privada”, dijo aludiendo a las restricciones de ingreso que impone la ley a los vigiladores y también a las fuerzas de seguridad.

Aparte de los impuestos nacionales y provinciales y municipales, hay gravámenes que impone el Ministerio a empresas dentro de su órbita, como las tasas de habilitación de actividad, alta de personal, vehículos y seguros, se detalló desde unas de las cámaras del sector. La idea del Ministerio de Seguridad generaría entonces una nueva carga que no sería una innovación local, ya que “en otros países hay legislación precisa sobre cobro de despachos”, apuntó Turchi.

Martín Llorens, propietario de otra agencia platense, opinó que “en la parte comercial quizás no nos beneficie, sí en la parte del ordenamiento del sector. Si es algo lógico y moderado no me parece mal la idea. Es más, a mí me convendría, porque nosotros constatamos las alarmas y considero importante minimizar las intervenciones falsas”. La posición alude al diagnóstico del derroche policial de energía y dinero público para costear esos movimientos. Según Llorens “hay empresas que directamente llaman a la policía porque no tiene un móvil para acudir y personal que se haga responsable”. Este esquema de trabajo, en algunas empresas también se traslada al usuario, que dispone de un número determinado de alertas al mes cubiertas por el abono básico. Lo demás, va con cargo adicional.

El mundo empresarial todavía espera los detalles del esquema. Por ahora, solo recibieron del Ministerio de Seguridad una comunicación informando que habría un cambio de regulación. Según una fuente del ministerio, desde que en el mundo de la seguridad paga comenzaron a vislumbrarse algunas modificaciones varias compañías abandonaron el mercado, en silencio.

Desde CASEL, consideran que todavía hay mucho por hacer: “Cobrar despachos de medios policiales podría ser útil si el marco operativamente fuera sólido, sin jugadores fuera del sistema en amplia mayoría”, dijo Banda y alertó que “si no, ocurre que las autoridades cazan en el zoológico de los esforzados cumplidores, que son inspeccionados y regulados mientras desde afuera los dumpean los que están al margen de la ley, mezclados los vivillos con aquellos a quienes el sistema les impide sumarse aunque quieran”.

ENTRE 500 Y MIL PESOS

Para tener la casa bajo custodia hay que invertir entre 500 y mil pesos por mes. La variación deriva de la modalidad de servicio y de la tarifa que cada empresa le pone a su prestación. Los mas caros ofrecen el equipo de alarma en comodato (lo pone la empresa, como el decodificador de la tv digital o el modem de Internet, por ejemplo). En la punta opuesta se puede conseguir una tarifa más accesible si la casa ya tiene la alarma y es posible conectarla al monitoreo.

Según explicaron referentes del sector, en La Plata prestan servicios de monitoreo seis empresas reconocidas y al menos tres más chicas, que actúan en alianza con las más grandes de la Ciudad, usando sus plataformas. Estas compañías se especializan en el seguimiento de alarmas con sensores de movimiento y, en casos, también realizan visualización de cámaras de seguridad.

Un empresario local que tiene entre 1.500 a 2 mil usuarios en la cartera de clientes explicó que a diario sus móviles salen entre 5 y 10 veces. ¿Cuántas son alertas reales? La fuente apuntó que “hasta hace unos 10 años, en un 95 % de los casos la alarma se disparaba por situaciones que no tenían que ver con el motivo de la protección de la vivienda, que es la intrusión y el robo. Actualmente las falsas alarmas bajaron al 50 % de las ocasiones en que se dispara porque ha avanzado la tecnología. Ahora hay sensores más confiables y además los propietarios se manejan mejor con el dispositivo.

Así como la comunidad busca asegurar la tranquilidad en la vivienda, en el mundo del delito se generan “antídotos” contra esos avances. Así, la alarma a veces se queda sonando cuando el incidente ya ocurrió: “Estamos notando una modalidad de ingreso a las casas, con alarma. Te abren la puerta, manotean lo que hay cerca y escapan. En un caso de hace unos días, abrieron, se llevaron dos mochilas y una computadora. La alarma quedó sonando”, contó un técnico de una empresa.

En la modalidad más conocida, los ladrones ingresan, los sensores detectan movimiento y con o sin protocolo debe presentarse la Policía. Algunas empresas también envían un móvil. Cuando la casa está vacía se presenta el problema con respecto a la revisión de instalaciones. Si no está el dueño no se puede ingresar. No obstante, desde una de las empresas consultadas se explicó que “si todavía hay alguien adentro mientras la Policía está en la vereda, nosotros lo detectamos con el monitoreo de los sensores, pero normalmente eso no ocurre. En el 99,9 por ciento de los casos, los delincuentes se escapan, no se quedan adentro”, se indicó.