A 30 años del juicio más importante de la historia

Con el paso de los años adquiere cada vez más relevancia. Tal vez, la dimensión de un hecho no puede ser mensurado objetivamente por sus contemporáneos, pero el tiempo suele poner las cosas en su lugar. Y también lo hace la Historia, al menos la que se escribe con mayúsculas. El Juicio a las Juntas militares que ensangrentaron a la Argentina entre 1976 y 1983 fue uno de esos hitos, una victoria rotunda del Estado de derecho frente a la impunidad del genocidio.

Por eso no hay que pasar por alto los 30 años del inicio del juicio que puede ser considerado como el más importante de la historia nacional. Y que además no registra antecedente alguno a nivel mundial, pese a que en algún momento se lo catalogó como “El Nuremberg argentino”, en referencia al proceso sustanciado por las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial contra los jerarcas de la Alemania nazi.

El juicio terminó con las condenas de los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola; los almirantes Emilio Massera y Armando Lambruschini; y el brigadier Orlando Agosti, quienes fueron encontrados culpables de violaciones masivas de los derechos humanos ejecutadas por medio de un plan sistemático. Mientras que otros cuatro comandantes, Omar Rubens Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Anaya fueron sobreseídos.

EL REGRESO DE LA DEMOCRACIA

Frente a quienes habían encarnado la dictadura se sentaron los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio. Y a un costado, el fiscal Julio César Strassera y su adjunto Luis Moreno Ocampo.

El proceso comenzó el 22 de abril de 1985, sólo un año y medio después de que se restaurara el sistema democrático, en medio de un clima social en el que los militares conservaban poder.

En su libro “Los Hombres del Juicio”, el periodista Pepe Eliaschev sostuvo que “un rasgo esencial de esta etapa es que la Argentina se regocijó poco y nada con las condenas impuestas por la Cámara Federal a los ex comandantes”. Y agregó: “En un país que seguramente hubiera seguido gobernado por las Fuerzas Armadas de no haber sido por la calamidad político-militar de Malvinas en 1982, muchos pasaron a reclamar ´juicio y castigo a todos los culpables´”.

Aunque entre los argentinos también se extendía “el hartazgo con respecto a los golpes militares”, que según la dirigente Graciela Fernández Meijide “había tocado su punto máximo con la derrota en Malvinas”. En este punto fue determinante el liderazgo del presidente Raúl Alfonsín, quien había formado la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) sólo cinco días después de haber asumido, el 15 de diciembre de 1983.

“Tanto la CONADEP como el Juicio, pusieron los dos escalones de los que partió la democracia recuperada”, dijo a EL DIA Fernández Meijide, que integró aquella comisión como secretaria de denuncias junto a personalidades de la talla del escritor Ernesto Sábato, el médico René Favaloro, el científico Gregorio Klimovsky, el rabino Marshall T. Meyer, el pastor evangélico Carlos Gattinoni, el obispo Jaime de Nevares y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú.

LA CONADEP

Tras haber recibido miles de testimonios, tanto en el país como en el exterior, la Comisión presentó su informe el 20 de septiembre de 1984 en la Casa Rosada. Ese trabajo fue luego la base de las acusaciones que hicieron los fiscales Strassera y Luis Moreno Ocampo contra los comandantes de las tres Juntas. Aunque previamente al juicio Alfonsín intentó en vano que fuera el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el que impartiera justicia a los acusados.

Entonces se activó una reforma al Código de Justicia Militar que ponía en cabeza de la Cámara Federal porteña la realización de los procesos. “Eso fue lo que terminó ocurriendo tras dos dictámenes sucesivos del Consejo Supremo de las FFAA en el sentido de que se habían cumplido las órdenes del Gobierno de facto para combatir a la subversión y que éstas eran correctas”, recordó Fernández Meijide.

El juicio comenzó tras esas idas y vueltas en la sala de audiencias del Palacio de Justicia porteño, sede de la Corte Suprema. Por allí desfilaron 833 testigos, que contaron sus historias durante más de 500 horas y que nutrieron las 38.000 fojas del proceso. Todos ellos hablaron ante los seis jueces, los dos fiscales y los 19 abogados defensores de los militares juzgados. Sólo Videla se negó a ser defendido, porque desconocía a la Justicia civil.

La periodista Mónica Gutiérrez, que cubrió las audiencias para Canal 7, dijo que a medida que pasaban las semanas, sus colegas se fueron retirando del juicio en muchos casos porque no podían soportar los testimonios de los crímenes, que no sólo eran escalofriantes sino que además exhibían el costado más oscuro de la condición humana.

Se revelaron allí miles de secuestros, torturas, violaciones, robos de propiedades y hasta de bebés nacidos en cautiverio.

Fernández Meijide trajo a la memoria recuerdos de aquellas jornadas. “El secretario del tribunal requería ´señores, de pie´, cada vez que entraban o salían los jueces. Y estando los acusados presentes, era estremecedor ver cómo esos hombres que se habían sentido con el derecho de estar por encima de la Constitución y sus leyes, se ponían de pie frente a la Justicia civil”. El segundo fue el testimonio de la madre de un montonero secuestrado y asesinado.

“SE MERECIA UN JUICIO”

“La señora de Barjacoba, cuando terminó de dar su testimonio, frente a los jueces dijo: ´Señores, sé que mi hijo ponía bombas, pero señores jueces, se merecía un juicio como este´. Estaba hablando de la recuperación del precepto de la igualdad ante la ley”, aseguró a este diario Fernández Meijide. Luego de los testimonios, Strassera hizo el alegato de la fiscalía entre el 11 y el 18 de septiembre, al que concluyó con una expresión que quedó para la Historia.

“Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca Más´´”, exclamó Strassera. Sin embargo, el tribunal no aceptó su criterio de que los miembros de cada Junta compartieran la responsabilidad de los delitos , lo que atenuó las penas para los jefes de la Fuerza Aérea.

Luego fue el turno de las defensas de los ex comandantes, que entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre argumentaron que se había tratado de una “guerra” y que, como tal, las bajas debían ser consideradas parte de la contienda. Un mes y medio después, el 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dictó la sentencia ypor primera un grupo de dictadores fue condenado por la Justicia civil de su propio país.