Del dogmatismo al pragmatismo

Twitter: @mnspezzapria

Tras un año agotador, dominado por la vorágine electoral, la Argentina llega al final de 2015 en medio de incipientes cambios políticos y económicos. En la cúspide del poder ya no impera el dogmatismo rígido que impuso el cristinismo, sino un equipo pragmático que toma decisiones aprovechando el período de gracia que la sociedad suele otorgar a los nuevos gobernantes.

Con un puñado de encuestas que reflejan que la imagen positiva de Mauricio Macri se encuentra por estos días en más de 60 por ciento, el nuevo gobierno avanza con medidas de impacto en el orden político. La más reciente fue la intervención de la AFSCA, el organismo surgido de la Ley de Medios cuyo presidente, Martín Sabbatella, terminó desalojado por la Policía.

En términos de opinión pública, la “resistencia” kirchnerista a la gestión gubernamental no hace más que ensanchar la base de sustentación del Presidente, en una prolongación de la corriente negativa hacia Cristina Kirchner por su faltazo a los actos del traspaso del mando, el último 10 de diciembre. Así, la ganancia política del macrismo tiene un efecto multiplicador.

Por eso el gobierno supone que tiene margen para actuar por decreto, como ya lo hizo al designar en comisión a dos jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia. La repercusión negativa obligó a la Casa Rosada a revisar esa medida, en una saga que aún no está resuelta. Pero a excepción del kirchnerismo, la dirigencia no objetó el desplazamiento de Sabbatella.

Es que en la Argentina, los organismos son autárquicos en el plano administrativo –por lo que pueden realizar contrataciones, por ejemplo- pero en materia política, la mayoría de ellos depende del Poder Ejecutivo y la AFSCA no es la excepción. Hay otro elemento a tener en cuenta: el sabbatellismo viene de perder las elecciones en Morón, su propia base política.

Sabbatella fue el compañero de fórmula de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, justamente la dupla a la que buena parte del peronismo atribuye la histórica derrota en territorio bonaerense y por consiguiente, la caída a nivel nacional. Al avanzar contra el líder de Nuevo Encuentro, el gobierno sabía que no sería defendido más que por el ultrakirchnerismo.

En la misma línea de acción, la Casa Rosada se apresta a anunciar otra resolución por decreto destinada a recortar el poder residual del kirchnerismo: quitará a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la atribución de realizar escuchas telefónicas, que quedaron bajo su órbita desde la reforma de la Ley de Inteligencia, cuando fueron retiradas de la ex SIDE.

El argumento del Poder Ejecutivo será que los fiscales no pueden estar a cargo de las escuchas –en un servicio conocido como Ojota- porque son parte interesada en los procesos, junto a los jueces, los defensores y las querellas. Por ello, Macri dispondrá que las intervenciones telefónicas sean traspasadas a la Corte, en una decisión que ya conoce Ricardo Lorenzetti.

La relación entre Macri y el presidente de la Corte estaba signada por la desconfianza mutua, pero al cabo de una reunión a solas, ambos alcanzaron puntos de acuerdo básicos para la convivencia institucional. De hecho, la opinión de Lorenzetti fue clave para que el jefe de Estado reviera su intención de que los designados entraran en funciones de forma inmediata.

En materia judicial, el gobierno también estaría analizando otra medida para cercar a Gils Carbó: la postergación de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, cuya letra pone a los fiscales como una pieza fundamental del sistema de enjuiciamiento. Pero la toma de decisiones por decreto encontrará reparos en el Congreso, especialmente en el Senado.

La “resistencia” kirchnerista a la gestión gubernamental no hace más que ensanchar la base de sustentación del Presidente

Allí, el FpV-PJ dispuso que la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti fuera ubicada como titular de la comisión bicameral encargada de seguir y dictaminar sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo. Se trata de una joven integrante de La Cámpora, cuyo nombramiento reclamó por teléfono la ex presidenta Cristina Kirchner.

La designación de Fernández Sagasti, que impuso por su número el bloque comandado por el rionegrino Miguel Angel Pichetto, supuso una victoria de Cristina sobre el peronismo más ortodoxo, que impulsaba para ese puesto al entrerriano Pedro Guastavino. La ex presidenta sabe que si en el PJ ganara terreno la lógica de los gobernadores, su liderazgo sucumbiría.

Esto es así porque los mandatarios provinciales son naturalmente más proclives al diálogo y la colaboración con el Gobierno nacional, puesto que necesitan financiamiento y programas que los ayuden a mantener la paz social. Por ahora, Daniel Scioli oscila entre Cristina y los gobernadores, en una postura que busca evitar la fractura del Frente para la Victoria.

Pero fiel a su estilo, la ex mandataria no deja lugar para las medias tintas: en la comisión de los DNU, también pidió y consiguió que fueran designados legisladores que no tienen compromiso alguno con los gobernadores, como los bonaerenses Diana Conti, Juliana Di Tullio y Juan Abal Medina, además de la propia Fernández Sagasti y el camporista santafesino Marcos Cleri.

¿EMPLEADOS O ÑOQUIS?

Mientras la oposición encara estos movimientos cuyos efectos se verán cuando el Congreso vuelva a sesionar -la última versión indica que el Presidente convocará a extraordinarias en febrero-, el gobierno avanza con una serie de medidas para depurar al Estado nacional, que tendría al menos 50.000 agentes cuyos nombramientos serían considerados irregulares.

El encargado del área es el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien está puliendo la letra de un decreto que -al regreso de sus vacaciones en Villa La Angostura- firmaría el presidente Macri. En el interregno, el funcionario clave del gobierno es Marcos Peña, el jefe de Gabinete, quien coordina tanto la cuestión administrativa como la política comunicacional.

En ese aspecto, ya queda claro que el macrismo es la antítesis del kirchnerismo: donde antes había silencio y cerco informativo, ahora hay sobreabundancia de hechos y mensajes oficiales. El resultado empieza a divisarse también: el gobierno controla la agenda, salvo en momentos en que se impone la realidad más descarnada, como las inundaciones en la zona del Litoral.

La presencia de Peña ayer en la región devastada por las aguas buscó exhibir la presencia del Estado, que se reforzará ahora con el viaje del propio Presidente, que interrumpirá su descanso para recorrer las zonas más afectadas. Otro punto de atención permanente por parte del gobierno es el conflicto de Cresta Roja, que durante la semana tensionó el ingreso al aeropuerto de Ezeiza.

Se trató de la primera intervención concreta del macrismo en materia de protesta social, con la que buscó marcar un límite a la modalidad de ocupación callejera, patentada en los años ´90 por los piqueteros. Pese a que algunos sectores de oposición salieron a denunciar una “represión”, para el gobierno esas acciones no están reñidas con el pensamiento de su propio electorado.

De todos modos, los últimos días de cada año son especiales en la Argentina y las autoridades son conscientes de ello. Por eso saben que lo prioritario es mantener la paz social, para llegar a enero en condiciones de proponerles a empresarios y sindicalistas un acuerdo general, que tendría por objetivo bajar la inflación y empezar a perfilar las paritarias de marzo de 2016.

Eso sí, la salida económica no se daría por la vía del enfriamiento del consumo popular. El pragmatismo gubernamental no desdeña de ese dogma central de la década kirchnerista.