Depredadores fiscales

¿Tenemos todos la misma conducta frente a la economía y la sociedad? ¿Deben tener la misma carga quienes tienen conductas distintas? ¿ Por qué deben tener el mismo trato fiscal aquellos que tienen conductas beneficiosas para la economía, el ambiente, y la sociedad; trascendiendo el interés individual?

Una persona decide instalar colectores solares en su hogar y así proveerse de agua caliente y calefacción. Hablamos de una inversión más costosa que el uso de gas para los mismos fines. Esa decisión es en principio más onerosa para el individuo que lo instala pero muy beneficiosa para la sociedad y las arcas fiscales: 1) Destina ingresos a inversión en infraestructura de su hogar y no al consumo suntuario; 2) Sustituye su provisión energética por renovables y contribuye así a mitigar el cambio climático; 3) En el mediano plazo (depende de evolución de costos de la tecnología) mejorará los números de su economía doméstica; 3) Ahorra al Estado divisas al disminuir la demanda de importación de energía (durante enero se importó de Brasil y Uruguay el 30 % de la electricidad consumida); 4) Contribuye a difundir una cultura más responsable frente a la crisis global energética y ambiental.

Otra persona decide gastar el mismo monto pero en electrodomésticos, mientras, seguirá abasteciendo su hogar con energía no renovable –hasta ahora muy barata y contaminante- como es el gas. Sus decisiones en forma directa se relacionan en un 100 % con su confort y beneficio individual. En su decisión no hay ningún beneficio colectivo directo o indirecto. Ambos pagaran los mismos impuestos, pese a que las conductas como consumidores son muy diferentes.

Pero, el primer ejemplo no sólo carece de estímulo fiscal o premio por su conducta, sino que el Estado, aliado con el mercado, incentiva y premia al segundo con planes especiales de cuotas sin interés para la compra de electrodomésticos. Es decir, el mercado y el Estado aluden permanentemente a la crisis energética, de divisas, y la gravedad del cambio climático, al mismo tiempo que benefician a quienes en nada contribuyen con sus decisiones de consumo a paliar esas crisis. Contrariamente, no genera ningún incentivo o beneficio para quienes actúan en consecuencia adoptando medidas en su economía que son las correctas en el contexto de crisis señalada.

Los residuos en las grandes urbes son otro punto crítico. El Estado tampoco discrimina las conductas entre quienes realizan prácticas responsables con los residuos: separarlos en origen para su mejor disposición y no arrojar basura a la calle. Todos los días vemos personas tirar a la calle el envase de una botella plástica, o el papel de un alimento. Esta persona es un depredador, muy distinto al ciudadano civilizado para el S.21. El Estado no puede quedarse en las soluciones sancionatorias ineficientes, que sólo están en la ley y nunca salen del papel.

El Estado del S. 21 debe adaptarse a la sociedad de conocimiento y construir su “intervención” saliendo del tradicional modelo Keynesiano.

Del mismo modo que el Estado actúa incentivando el consumo, debería poner énfasis en el ahorro, o por lo menos, llevar adelante políticas que desincentiven las prácticas de dilapidación de recursos: desperdicio de agua potable, mal uso de tecnologías (no apagar las PC), desconocimiento respecto a que bienes son reutilizables y cuales reciclables.

Desde la política pública, el sistema legal y las conductas sociales en Suecia hicieron que en 2015 el 99% de los residuos sean reciclados o reutilizados. Pero no sólo eso. También importan unas 800 mil toneladas de basura desde el Reino Unido, Italia, Noruega e Irlanda para producir energía.

Entre nosotros, el Estado que se mete en todo o deja pasar todo, debería innovar para transformar la sociedad en crisis. Los incentivos impositivos deberían tener un nuevo paradigma, más propios de las crisis actuales y de las soluciones tecnológicas para afrontarlas.

Hasta aquí hay ventajas impositivas poco creativas sin ningún beneficio colectivo. El ejemplo cotidiano es la oferta que se hace de pagar en una sola cuota aquellos impuestos que se pagan trimestralmente. Aquí, el incentivo es financiero por un descuento, y el beneficio es para el arca estatal de hacerse antes del cobro total. Pues bien, debemos pensar en instrumentos que contemplen el “beneficio individual y colectivo”.

Por eso, se debe marchar al uso de la herramienta tributaria para incentivar las buenas conductas. No puede tener la misma carga fiscal quienes tienen conductas sociales que generan daño y costos adicionales a la comunidad, que aquellos que adoptan conductas responsables con un claro beneficio social y económico. Los depredadores de nuestro tiempo deben distinguirse de las nuevas prácticas civilizatorias que consumen con responsabilidad.

Si las administraciones fiscales controlan información sobre cada gasto que tiene cada individuo para verificar sus obligaciones impositivas, las mismas bases tecnológicas permitirían discriminar las conductas de consumo entre el ciudadano que no produce beneficios colectivos y el constructor de una civilización sustentable. Solo queda debatir un nuevo paradigma en la materia. Y, entender que incentivar tributariamente conductas civilizadas traería ahorro a las arcas públicas y beneficios ambientales.

(*) Abogado, profesor de Economía Política (UNLP)