El control del Estado no puede ser negociable

Por JULIAN PORTELA (*)

Este espacio de opinión suele ser una óptima vidriera para alertar a los bonaerenses sobre momentos de tensión institucional, aquellos donde todo ciudadano responsable debiera focalizar su atención sobre decisiones realmente importantes que suelen tomarse a su espalda para luego entender sus consecuencias para nuestro futuro.

Pues bien, la Legislatura provincial se apresta a apurar en pocos días un gran número de definiciones, algunas de las cuales comprometerán nuestra vida institucional por muchos años, por lo que es oportuno que analicemos “a priori” el peso de las transacciones que en el seno legislativo se están dando, para luego no llorar sobre leche derramada.

Así, en estos días de plena negociación para la aprobación de las leyes presupuestarias enviadas por el Ejecutivo, que contienen nuevamente un fortísimo endeudamiento, también los legisladores definen puestos claves para el futuro ejercicio del control institucional, ese control sobre la actividad pública cuya insuficiencia histórica los bonaerenses vivimos pagando con deuda inoficiosa y una viciosa sensación de impunidad.

El procurador general

Primeramente el Senado bonaerense se apresta a brindar su acuerdo para la designación del nuevo Procurador General de la Corte en reemplazo de la antecesora próxima a su jubilación.

El nominado por la gobernadora es el abogado Julio Conte Grand, quien además de un reconocido jurista privado, presenta antecedentes en el ministerio público capitalino y en este último año como principal asesor jurídico de la gobernación (secretario legal y técnico).

Más allá de la impugnación que alguna activa ONG platense ha planteado a su falta de residencia mínima bonaerense (que esta vez entendemos inoponible pues el art. 181 de la Carta Magna local lo exige sólo para el poder judicial y no para el ministerio público), el nominado pareciera abastecer suficientemente el cargo al que se lo postula y que cuenta con la coraza de la inamovilidad solo cuestionable por juicio político.

Pero aún así existe un condimento subjetivo que cada senador debería indagar en la próxima entrevista personal con el nominado -y asentarse formalmente su respuesta- relativo a su compromiso irrestricto para asumir la alta responsabilidad que conlleva el encabezar el órgano que debe velar por la independencia investigativa de todos los fiscales bonaerenses. Principalmente, debe preguntársele si está dispuesto a dotar del más amplio marco de libertad la labor de los fiscales para todas las denuncias relacionadas a gestiones anteriores y -sobre todo- para las nuevas que se planteen contra funcionarios públicos actuales y futuros (muchos de ellos hasta hoy asesorados preventivamente por el candidato).

Sólo ante una respuesta contundentemente afirmativa podría validarse su designación, pues cualquier duda importaría poner en jaque la libertad de labor de los numerosos fiscales que deben velar por la verdad objetiva ante cada denuncia sobre posibles delitos que afectan nuestro Estado de Derecho.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Una segunda y obligada mención lo merecen los acuerdos partidarios que se tejen para cubrir el importantísimo puesto de Defensor del Pueblo provincial, vacante por vencimiento hace casi dos años, cargo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente ha resaltado en un fallo que debe cubrirse con urgencia (al igual que el homónimo nacional) para atender a la representación de derechos colectivos de los bonaerenses, mediante una designación que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo (art. 55).

Pero como ocurriera cuando reglamentó tardíamente el organismo, nuevamente la partidocracia parece haber entendido al revés el mandato excluyente constitucional que ha delegado a la Legislatura, entendiendo que es un simple obsequio jubilatorio que el constituyente le ha brindado: la Defensoría del Pueblo merece un destino mucho más profundo que ser considerado un refugio de ex legisladores y toda su parentela.

Es imperioso que los partidos políticos con representación parlamentaria recorran el camino inverso al que pretenden imponer (forzando la creación de una secretaría interna para cada agrupación para así prestar su voto a la mayoría calificada que precisa el nuevo designado), y simplemente empiecen por arriba, nominando públicamente primero a su candidato a nuevo Defensor del Pueblo, para generar entonces sí consensos en forma incondicionada detrás de quien sea el personaje que obtenga mayor respaldo por su trayectoria en la denuncia de desigualdades y defensa de los derechos nuestra provincia (dejando por un rato de lado la designación de tanto funcionario porteño).

INGENUIDAD NECESARIA

Abrir el menú de postulantes dignos y no cerrar acuerdos corporativos admito que sea una propuesta que peque de cierta ingenuidad al pretender por fin la designación de un funcionario probo y sin más ataduras más que con el respeto de la ley y la eficiencia de su alta función, pero es lo menos que se puede esperar en una provincia caracterizada por sus desigualdades y el incumplimiento constante de estándares en cuanto todo tipo de derechos (problemáticas estructurales en hospitales y escuelas, rutas y transportes deficitarios, servicio de seguridad insuficiente, emergencia en viviendas, y tantos etcéteras), que precisa como nunca de una figura proactiva que tome la bandera de la protección de derechos como único lema.

En fin, más allá de las urgencias económicas de la gestión, debe estar focalizada en estos días en la Legislatura bonaerense toda la atención cívica para ver si nuestra representación parlamentaria está a la altura de la responsabilidad que la Constitución le ha encargado para garantizarnos el control eficiente de los actos de gobierno y la defensa de los derechos de todos.

(*) Profesor de Derecho Constitucional (UNLP)