El desafío de la Justicia

Estas ideas se circunscriben sólo a una pequeña porción de la realidad, la relación entre justicia y comunidad en nuestra provincia, reflejo de la que se desarrolla a nivel nacional, que no se abordará aquí.

La tremenda exposición pública de los entretelones del funcionamiento de la justicia ha provocado en la ciudadanía una sensación de desamparo, descreimiento, frustración, desilusión, abandono y lo que es peor, la certeza de que nada se puede hacer para remediarlo. El Estado tiene la obligación de realizar las acciones tendientes a lograr una reconciliación con la gente basada en el restablecimiento de la confianza hacia la justicia. La tarea resulta muy ardua.

INDEPENDENCIA

El sistema republicano exige una justicia independiente, separada naturalmente de cualquier connotación militante y menos aún de los deseos u órdenes del Gobierno. El sistema federal establece claramente las autonomías provinciales tambien en lo que a la justicia atañe. No obstante, la percepción popular no suele distinguir entre las distintas jurisdicciones que conviven en la organización jurídica del país y endilga a la justicia en general distintas críticas de peso, desde lentitud a complacencia con los delincuentes, desde deficiente investigación a corrupción lisa y llana.

El sistema republicano exige una justicia independiente, separada naturalmente de cualquier connotación militante

Una situación similar se vivió en el 2001 con el “que se vayan todos”. La Procuración General puede ayudar nuevamente para revertir el actual estado de cosas. En el 2001 esta institución salió a encontrarse con el pueblo, cara a cara, en la calle, en los barrios de cada ciudad grande o chica.

Se puso en funcionamiento el Código Procesal Penal y se dió luz verde a iniciativas de avanzada y claramente progresistas, como la Policía Judicial, el sistema de Protección de Testigos, la Defensa de los Intereses de la Sociedad, el Sistema de Investigaciones Crminalísticas, la Política Criminal, la promoción de un Instituto de Política Criminal, la apertura de Oficinas Descentralizadas de la Procuración General, el impulso de un Plan de Prevención Comunitaria del Delito y de la Violencia, se firmaron innumerables convenios de colaboración con los municipios que se sumaron con entusiasmo en todas las tareas de descentralización emprendidas, se potenciaron programas ya existentes, se realizaron estudios calificados sobre temas importantes, se abrió un gran diálogo a todo nivel, con una convocatria multisectorial, sin distinciones y sin precedentes.

Hoy en día los objetivos son similares, volcarse nuevamente a la comunidad, establecer colaboración con otros organismos estatales y privados, crear las condiciones para que la gente vuelva a identificarse con la justicia, que la vuelva a sentir propia, que colabore con ella, se comprometa con su funcionamiento, que la sienta presente en cada pueblo, que sepa que lo representa, que pueda opinar sobre los problemas ante las autoridades y sea escuchada, que participe de la implementación de los programas y del resultado de la gestión, que sea informada y capacitada. Una justicia amiga, protectora, abierta y humilde. Se trata de una gran decisión política a tomar , una apuesta muy fuerte para fortalecer la democracia y la república dentro del ámbito de sus incumbencias. Es asumir un riesgo que tiene como premio un gran servicio al pueblo bonaerense.

(*) Subsecretario de la Procuración General de la Provincia.