El fracaso del uso electoral de la escuela

La reciente decisión de la OCDE de excluir a la Argentina del ranking de las pruebas PISA sobre el desempeño de los estudiantes dentro del sistema educativo es, en algún medida, el punto final de una mala comedia de enredos que nunca causó gracia.

Desde que el país ingresó en el año 2000 a este régimen de evaluación internacional se produjeron suficientes controversias como para que esta decisión no pueda sorprendernos.

De algún modo, las palabras de Baradel admitiendo que “somos muy críticos con las PISA” es el testimonio más elocuente de la dificultad que tienen muchos para aceptar la evaluación del sistema educativo.

A estas declaraciones hay que sumarles las contradicciones del gobierno anterior en cada oportunidad que se dieron a conocer los resultados, como así también las diversas estratagemas con las cuales se intentó deslegitimar aquella evaluación, como fue el caso de las pruebas Terce, a cargo de Unicef.

El despropósito mayor llegó en 2013 cuando el por entonces ministro de Educación, Alberto Sileoni impulsó con sus pares del Mercosur el Seminario sobre Políticas de Evaluación como una forma de palear los magros resultados obtenidos en las PISA de aquel año.

Pero también las artimañas que el propio ministro de Educación de la Nación actual, Esteban Bullrich, admite sobre la “sensibilización” de los alumnos en las escuelas que fueron seleccionadas para las pruebas el año pasado en CABA.

UN PROBLEMA

Es decir, todos, desde los diferentes gobiernos y hasta los gremios, ven en las evaluaciones un problema, y no un insumo para mejorar la calidad del sistema. Paradoja preocupante si recordamos que estamos hablando de un sistema en el que la evaluación es una de las piedras fundamentales. La pregunta central sigue siendo siempre la misma: ¿Por qué se resisten?

Algunos dicen que detrás de las evaluaciones están los intentos de privatizar la educación pública; otros, que se busca descargar todas las responsabilidades del fracaso del sistema en los docentes; algunos otros que las evaluaciones son parte de una estrategia para vincular calidad a salarios docentes.

Más allá de estas excusas, creo que el origen de la resistencia está en otro lado, y que la causa de fondo es haber colocado al sistema educativo dentro de las campañas electorales, el haber permitido usar al conjunto del sistema educativo como botín de guerra y manipular el trabajo de una innumerable cantidad de profesionales (docentes, directivos, cooperadores, consejeros escolares, personal de apoyo, etc, todos ellos funcionarios públicos) y familias en una contienda en la que no deben estar y a los que nadie consultó para formar parte. Ahí está el problema. Y ese problema es parte de una dificultad más grande, la de los partidos políticos y la sociedad en su conjunto para construir políticas públicas que formen parte de una política de Estado.

POLITICA DE ESTADO

Porque una política Estado, como es el caso inexorable de la política educativa, no puede ser objeto de los procesos electorales por una razón más que evidente. Nada en el campo educativo puede pensarse, planificarse, ejecutarse, ni evaluarse en el corto plazo.

La educación es un sistema en el que los sujetos ingresan en la primera infancia y casi nunca salen; porque el acceso al conocimiento, en el marco de unas sociedades como las contemporáneas, es una variable que siempre está en proceso, que es continua, que debe extenderse cada vez con mayor intensidad y flexibilidad a lo largo de toda la vida de los individuos. ¿Cómo inscribir este sistema de larga duración en los cortísimos plazos de las contiendas electorales?

Los resultados de haber hecho eso están a la vista. Políticas erráticas que cambian cada dos años, búsqueda de resultados efímeros para la tapa de los diarios que no resuelven nada, cortoplasismo en las decisiones de los funcionarios que sólo sirven para gastos publicitarios enormes sin resultados efectivos.

Hemos llegado al punto ridículo de eliminar los aplazos y de hablar de evaluaciones como un efecto estigmatizante, todo en aras de la próxima contienda electoral

Hemos llegado al punto ridículo de eliminar los aplazos, de hablar de las evaluaciones como un efecto estigmatizante, de desaprovechar los datos estadísticos como mecanismos de corrección de los programas y las líneas de acción. Todo eso en aras de la próxima contienda electoral.

Por eso debemos volver a poner las cosas en su lugar. Las evaluaciones de todo tipo, las nacionales, las internacionales, las macro como las micro, deben ser todas bienvenidas. Cuantos más datos tengamos sobre el funcionamiento del sistema, el resultado será mejores políticas públicas. Y que nadie pretenda sacar réditos de estos datos. No son parte de las campañas, porque no son propiedad de ningún partido ni de ningún dirigente. La educación es una política de Estado. O no será nada.

(*) Concejal por el Frente Renovador y Director del Observatorio de Calidad Educativa