El Gobierno, con un ojo atento en las fisuras del PJ

En la Casa Rosada siguieron con enorme atención el trámite por el Presupuesto en la Legislatura bonaerense. Importaba, por supuesto, por la gravitación que eso tenía para María Eugenia Vidal. Pero también porque creen ver, en el ámbito legislativo de la Provincia, un ensayo de lo que podría pasar en el Congreso nacional.

Para el oficialismo, es crucial el comportamiento que muestre el peronismo en su nuevo y casi inédito rol de oposición (en los 32 años de democracia, el PJ gobernó la Provincia durante 28 y la Nación durante 24 años). Por eso en la Rosada están pendientes de cada señal y cada gesto. De eso dependerá, en definitiva, la gobernabilidad que se pondrá en juego cuando el Congreso vuelva a funcionar.

Hasta ahora -dicen en el Gobierno- los datos “son auspiciosos”. Se refieren a la votación dividida del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados provincial. La posición más intransigente, que encarnaba la Cámpora, quedó en minoría dentro del propio bloque del FpV. Si bien no se produjo una fractura formal, todo indica que la grieta interna no se podrá soldar así nomás.

Esa votación, que debilitó al camporista José Ottavis, se convirtió, para la administración nacional, en un dato de gran relevancia frente al panorama que deberá enfrentar en el Congreso. Pero no es el único. Anotan otras señales que consideran “auspiciosas”; algunas más importantes que otras.

No pasaron inadvertidas, por ejemplo, las visitas, esta semana, de Alicia Kirchner y de Miguel Angel Pichetto a la Casa Rosada. Los dos se reunieron con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por las urgencias de sus provincias. La cuñada de la ex Presidenta se ha encontrado en la gobernación de Santa Cruz con las finanzas exhaustas. Y sabe que no podrá encaminar las cosas sin auxilio de la Nación. No es mucho mejor la situación de Río Negro, que llevó al jefe de la bancada kirchnerista del Senado (Pichetto) a acompañar a la Rosada al gobernador de su provincia.

No fueron -es cierto- visitas de cortesía. Pero marcan una necesidad de diálogo que favorece al Gobierno y que, seguramente, tendrá su impacto en las negociaciones legislativas.

Otra vez, la Provincia fue un botón de muestra. Los que reaccionaron más rápido, después de que el bloque del FpV dejara a Vidal sin presupuesto en una primera instancia, fueron los intendentes de esa propia fuerza. “Nosotros somos los que tenemos que gobernar y necesitamos el auxilio de la Provincia”, les dijeron -palabras más, palabras menos- los jefes comunales del PJ a los diputados de su partido. Y fueron los que abrieron el cauce para una negociación que terminó, este jueves, con la aprobación del Presupuesto y el endeudamiento.

Por supuesto, en “Cambiemos” también habían celebrado el asado al que invitó Massa en Pinamar como primer paso de un reordenamiento en el PJ. Allí estuvo Juan Manuel Urtubey, pero también fue Diego Bossio, para incomodidad y enojo de La Cámpora. Aquella presencia ya había abierto una grieta antes de la división en la Legislatura bonaerense

Hay otras señales de las que también toma nota la Casa Rosada. No hubo un solo gobernador peronista, ni tampoco un legislador destacado de esa fuerza, que se sumaran a los módicos revuelos que armó el ultrakirchnerismo por el desplazamiento de Sabatella o por la rescisión del contrato de una radio privada al relator Víctor Hugo Morales.

Todos estos datos, no son sólo patrimonio de las pequeñas rencillas e internas de la política. Son parte de un escenario en el que se jugarán grandes temas de la agenda nacional, desde la salida del default con los fondos buitre hasta las herramientas legales para combatir el narcotráfico y las nuevas designaciones en la Corte Suprema, por mencionar sólo algunos de los asuntos que deberán dirimirse pronto en el Congreso.

El Gobierno, en definitiva, mira cada movimiento en el peronismo con extrema sensibilidad, porque sabe que de los acuerdos que pueda tejer con la oposición va a depender la suerte del primer tramo de la gestión presidencial de Macri. Un peronismo que dé vuelta la página del kirchnerismo sería, seguramente, más proclive a esos acuerdos.

UNA LEY CLAVE

Con una salida del cepo que no generó tensiones ni sobresaltos con el dólar, el foco del verano estuvo puesto en otro de los “temas ardientes” de la agenda nacional: la seguridad.

La triple fuga de General Alvear puso al Gobierno de cara a uno de los desafíos más arduos y complejos de los que debe enfrentar. Desnudó, de un modo hasta grotesco, los niveles de penetración que ha alcanzado el narcotráfico, la corrupción en fuerzas de seguridad y estructuras penitenciarias, así como la impotencia e ineficacia en algunos estamentos públicos para lidiar con esos tumores.

Frente a ese entramado que no será fácil ni rápido desarmar, el Gobierno estudia en estos días impulsar una “ley del arrepentido”. Permitiría acordar reducciones de penas con individuos que colaboren para escalar en la investigación de las pirámides mafiosas.

Un caso típico sería el de los hermanos Lanatta y Schilaci. La Justicia los condenó como autores del triple crimen de la efedrina, con la convicción de que no fueron más que un engranaje de una mafia que tenía “jefes” y “jefes de los jefes”. Para que hablen y aporten pruebas, esa herramienta legal sería clave.

Lo que está por verse es si la ley también incorporaría la figura del arrepentido para casos de corrupción política.

Esta reforma -evalúan en Cambiemos- permitiría avanzar “en serio” en la lucha contra el narcotráfico y otras organizaciones delictivas.

El desafío, sin embargo, es mucho más amplio. El audio que se reveló esta semana con el diálogo entre un comisario y un “pizzero sospechoso”, muestra algo más grave de lo que se ve a simple vista: una connivencia de jefes policiales con el submundo de la marginalidad, que los ha llevado -incluso- a manejar un lenguaje común.

Ese audio, seguramente, no alcanza para condenar ni al comisario ni al pizzero, que con picardía, hablan “en código” e insinúan más de lo que dicen. Pero sobra para confirmar la existencia de una frontera difusa en la que se han perfilado muchas deformaciones estructurales.

No hay ley que alcance para desandar ese camino. Harán falta fuertes decisiones políticas, que demandarán mucho coraje y respaldo. Y el recorrido no será corto.

Mientras se diseñan planes y estrategias en estos frentes, el Gobierno sabe que, más temprano que tarde, la cuestión central pasará por la economía. En ese sentido, la larga exposición ante la prensa que hizo esta semana el ministro Alfonso Prat Gay apuntó a transmitir un mensaje que mezcla confianza con advertencias.

Dijo que la reducción del índice inflacionario será gradual y que recién se llegaría a un dígito en el último tramo del gobierno de Macri. Para este año proyectan una inflación real del 25%, que sería menor a la del 2015 pero se mantendría en un nivel elevado.

No habló de metas de crecimiento y puso el acento en la carga del déficit fiscal que ha heredado la administración de Macri (equivalente a casi el 8 por ciento del PBI). Es un nivel de déficit con el que no puede convivir ninguna economía sustentable.

El objetivo inmediato que tiene ahora el equipo económico es el de cerrar un acuerdo con los holdouts. La negociación arranca con Argentina en inferioridad de condiciones, porque se ha llegado a una situación de default y de desacato de una sentencia de la Justicia norteamericana, que -según opiniones coincidentes de juristas y economistas- deja poco margen para negociar. Las conversaciones estaría orientadas a acordar un plan de pago.

Macri tenía la expectativa de viajar a Davos con una negociación encaminada con los fondos buitre. Todavía no está claro que eso pueda suceder.

El viaje del Presidente a ese foro económico mundial marcará, de alguna forma, el inicio de una nueva etapa en las relaciones exteriores de la Argentina. Pero el Gobierno sabe que ese “regreso al mundo” no se produce sólo con gestos y señales, aún cuando éstas son valoradas. Sin acuerdo con los holdouts, el país seguirá cerrado para las inversiones y la ayuda del exterior.

El eventual acuerdo al que se llegue con los buitres deberá ser convalidado por el Congreso. Por eso todo vuelve al comienzo: el futuro está atado a los consensos que el Gobierno pueda construir con diputados y senadores.