El Gobierno pasa a la ofensiva

Twitter: @mnspezzapria

Mejor que explicar es hacer. Una idea simple y efectiva, pero que a veces los gobiernos pierden de vista cuando los tecnócratas le ganan terreno a los realizadores. De hecho, la administración macrista se pasó las últimas semanas justificando las medidas que toma para tratar de reanimar la economía. Un período en el que fue blanco de las críticas de la oposición, los gremios y la Iglesia.

En ese terreno desventajoso, el Gobierno se aferró a la idea de que necesitaba “comprar tiempo” -con medidas de reparación social- para llegar al famoso segundo semestre. Pero ninguna de ellas fue más que un parche frente al avance demoledor de la inflación, alimentada por el impacto de los aumentos tarifarios. Como un bombero que tira agua y al mismo tiempo fogonea el incendio.

La escena en la que se desarrollaba esa acción era estática. Es decir, el Gobierno recibía los golpes y no proponía a cambio nada más que explicaciones. Pero esa lógica empezaría a disolverse en las próximas semanas, luego de que la gestión de Cambiemos propusiera una reforma de fondo para los jubilados, tendiente a saldar una de las deudas internas más acuciantes que tiene la Argentina.

Con esa medida, la Casa Rosada logrará que el Congreso se aboque a una discusión más positiva que la que la vetada ley antidespidos, que pese a las desmentidas de sus funcionarios, le costó al Presidente una caída en su imagen positiva y agudizó la impresión colectiva sobre el mal estado de la economía, algo que en definitiva atentó contra las expectativas necesarias para la reactivación.

En medio de ese estado de confusión, el Gobierno dio señales de que los nervios lo afectaron internamente. Tanto, que no faltaron los reproches entre funcionarios por algunas medidas impopulares como los tarifazos, que en el caso del gas estuvieron a punto de empujar a provincias de la Patagonia a una rebelión fiscal ante la presión de comerciantes y residentes muy afectados.

También en el Conurbano hay intendentes opositores que decidieron promover demandas judiciales contra los aumentos en el servicio eléctrico. El Gobierno nacional y las empresas proveedoras resolvieron apelarlas, por lo que los jueces se convertirán en actores clave de este conflicto económico y político. Y se pondrá a prueba la relación del Ejecutivo con la Justicia.

DIFERENCIAS INSTITUCIONALES

En la cúspide de ambos poderes del Estado, parece haber llegado un momento de distensión luego de que Macri se reuniera en privado con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. El encuentro habría sido motivado por la resistencia del magistrado -expresada a senadores opositores- a la designación de su comprovinciano Horacio Rosatti para sumarse al máximo tribunal del país.

Esa postura de Lorenzetti llegó también a oídos de Elisa Carrió, convertida en una guardiana de la alianza gubernamental, quien fiel a su estilo emprendió una feroz arremetida contra el titular de la Corte. Incluso, desde los Estados Unidos advirtió que su “obsesión” había dejado de ser Lázaro Báez -preso por la ruta del dinero K- y pasó a ser nada menos que el supremo Lorenzetti.

En ese contexto es que al Gobierno le llegó el rumor de que la Corte podría convalidar el reclamo de siete provincias que litigaron por la coparticipación, al estilo de Santa Fe, San Luis y Córdoba. Pero luego del encuentro entre Macri y Lorenzetti, la vicepresidenta Gabriela Michetti reservó el miércoles 15 de junio para que el Senado trate los pliegos de Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Pese a los cuestionamientos de Carrió, Lorenzetti se mostró sonriente junto al Presidente y a la primera plana de su gobierno en el Tedéum del 25 de Mayo. Y algunos miembros del Gabinete tomaron distancia de los dichos de la diputada sobre el titular de la Corte. Por otro andarivel transitan los demás jueces, especialmente los federales, que están bajo la lupa del poder.

El más apuntado de todos es Sebastián Casanello, a quien la diputada porteña para-oficialista Graciela Ocaña le pedirá mañana la apertura de una investigación en el Consejo de la Magistratura, luego de que uno de los hijos de Lázaro Báez lo acusara de ser funcional a la ex presidenta Cristina Kirchner al ubicar a su padre como un “tapón” en la investigación.

EL FACTOR FRANCISCO

Casanello será, justamente, uno de los jueces que integrará la delegación de magistrados y fiscales que el mes próximo visitará al Papa Francisco en el Vaticano. El pontífice está siendo observado por la sociedad argentina a raíz de sus gestos políticos con personalidades muy críticas del gobierno nacional, como Hebe de Bonafini, la kirchnerista titular de Madres de Plaza de Mayo.

Desde Roma llega, a través de múltiples emisarios, el mensaje de que el rumbo económico que adoptó el gobierno dejaría desprotegidos a los sectores más carenciados. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA ha advertido sobre creccimiento en los índices de pobreza y de desempleo. Aunque la homilía del arzobispo porteño Mario Poli en el Tedéum del 25 de Mayo fue prudente.

El sucesor de Bergoglio en la Catedral metropolitana llamó la atención sobre la pobreza, pero no se la recriminó al Gobierno sino que le sugirió la convocatoria a mesas de diálogo entre todos los sectores, de los que surjan “acuerdos duraderos”. La prudencia del prelado ante un Macri que se había dispuesto a recibir críticas fue tan evidente que algunos opositores lo calificaron de tibio.

Pese a estos cortocircuitos visibles, se estaría gestando por canales subterráneos un acercamiento entre el Papa y el Presidente, promovido por figuras como Michetti que entienden la importancia de mejorar la relación entre ambos. El momento elegido para cristalizar la reconciliación sería el 16 de octubre, cuando se realizará en el Vaticano la ceremonia de canonización del cura Brochero.

Mientras tanto, el Papa envió a la Argentina algunas señales en la misma dirección. Por caso, habría hecho llegar a los jerarcas de las tres CGT -que están en proceso de reunificación- su opinión de que no es tiempo de declarar un paro general, como exigieron las dos CTA tratando -sin éxito por lo visto- de correr por izquierda a los Moyano, Caló, Barrionuevo y compañía.

El Gobierno también hizo lo suyo, al empezar a saldar la deuda que el Estado mantiene con las obras sociales sindicales. Se sabe que los gremios peronistas son sensibles al mantenimiento financiero de sus estructuras y la Casa Rosada lo entendió rápidamente. En tanto, la reelección de Juan Carlos Schmid en la CATT lo dejó en un lugar inmejorable frente a la reunificación.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte agrupa a todos los gremios que, como los camioneros o los colectiveros, son vitales a la hora de realizar un paro. Aunque por ahora, Macri puede respirar tranquilo. En este escenario, el mandatario llevará a su Gabinete el martes a Santiago del Estero, en una semana en la que también dedicará tiempo al territorio bonaerense.

Aquí, visitará el jueves el partido de Morón y el viernes un distrito del interior provincial. Ayer estuvo en un centro de jubilados de Boulogne, el barrio más popular de San Isidro. Aunque no lo admitan sus funcionarios, el gobierno de Cambiemos trabaja activamente en el sitio donde se jugará su destino el año próximo, en unas elecciones que evaluarán la marcha de su gestión.