¿Fondo del Conurbano o Conurbano al Fondo?

Más que ley del Fondo del Conurbano, debería llamarse ley de Conurbano al Fondo. Para entender por qué, veamos esta historia.

En nuestro país, las provincias tienen diferentes capacidades para generar recursos y nuestra Constitución facultó simultáneamente a la Nación y a las provincias para recaudar impuestos indirectos. Esto acarreaba una doble imposición, ya que tanto la Nación como las provincias podían gravar la misma actividad.

En un país federal como el argentino, para garantizar que la provisión de bienes y servicios públicos sea de manera equitativa en todo el territorio, y a fin de evitar esa doble imposición, se requiere de un mecanismo que distribuya los recursos fiscales entre los diferentes niveles de gobierno (Nación, Provincia y Municipios).

Dicho mecanismo de distribución automática de recursos entre gobiernos se conoce como la Coparticipación Federal de Impuestos, Ley 23.548, sancionada en 1988. Es una transferencia “vertical” de recursos de un nivel de gobierno a otro.

Ahora bien, cuando se sancionó la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales en 1988, la provincia de Buenos Aires redujo su participación en la distribución de la masa coparticipable. En ese marco perdió 6,22 puntos, pasando de recibir 28,01 a 21,79.

En ese marco, la instauración del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, en 1992, tuvo como origen darle más recursos a la provincia de Buenos Aires para compensar esa pérdida, a través de la sanción de la Ley 24.073 que establecía -en su artículo 40°-, que de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias, el 10% se destinaría al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense.

Durante el tratamiento de esta Ley en el Congreso Nacional, también se introdujo la creación del Fondo de Infraestructura Básica Social –que se forma con el 4% del producido del Impuesto a las Ganancias-, el cual se distribuiría entre las provincias según índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), con la excepción de la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que gracias a este Fondo del Conurbano, la Provincia recibió grandes sumas de dinero que le permitió, con la convertibilidad del 1 a 1, realizar importantes obras en los ‘90. Hablamos de 427 millones de pesos en el ‘93, 582 millones de pesos en el ’94, y 623 millones de pesos en el ‘95.

En 1996, al momento de definir la continuidad del financiamiento de dicho Fondo, por Ley 24.621 se estableció que la provincia de Buenos Aires debería recibir del Fondo del Conurbano un tope de 650 millones de pesos, y que el excedente debía distribuirse entre las 22 provincias restantes.

Hoy, ese congelamiento es la principal causa de la disminución de la participación de la Provincia en la distribución de los mismos. Seguramente los legisladores en aquel momento, habrían imaginado un excedente de 100 o 200 millones de pesos –tal como ocurrió en el ‘96 (30 millones), en el ‘97 (125 millones) o en el ‘98 (240 millones)-.

Pero transcurridos veinte años e inflación mediante, el excedente llegó a casi 47 mil millones. Y hoy en la tabla del Fondo del Conurbano (ver cuadro adjunto), Santa Fe ocupa el primer lugar con 5.308 millones y Buenos Aires el lugar 23, con 650 millones. Por eso, más que Fondo del Conurbano, esta Ley debería llamarse de Conurbano al Fondo.

Los 47 mil millones son tres veces el monto del déficit proyectado para el presente ejercicio. Y si lo comparamos con la inversión pública, representan casi 10 veces de lo que gastaba Scioli para obras (5 mil millones) y el doble de lo que prevé gastar María Eugenia Vidal (24 mil millones).

Por todo lo expuesto, vemos con muy buenos ojos el apoyo expresado por los bloques del Frente para la Victoria y del Frente Renovador para instar al Poder Ejecutivo provincial a que realice el reclamo pertinente ante el Congreso Nacional a los fines de modificar la Ley N° 24.073 de Impuesto a las Ganancias, eliminar el tope establecido y restablecer el 10 por ciento de distribución de la recaudación de ese impuesto a la Provincia. Buenos Aires debe aspirar, como objetivo mínimo, a alcanzar esos 28 puntos que perdió con la Ley que rige en la actualidad.

(*) Presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados provincial.