Inadmisible aparición de casos de justicia por mano propia en el país

La aparición de un nuevo caso de justicia por mano propia registrado horas atrás en un distrito del Conurbano, en el que un joven que supuestamente había robado el estéreo de un automóvil resultó muerto a golpes con la culata de un arma por parte del propietario del vehículo que actuó secundado por vecinos, constituye un testimonio sobre el grado de extravío al que pueden llegar algunas personas y, a la vez, reclama de las autoridades la más pronta y eficaz de las reacciones, tendientes a prevenir estas actitudes irracionales.

No se trata, lamentablemente, de un solo episodio, sino que en los últimos meses se ha venido asistiendo a una sucesión de casos en los que grupos de vecinos de distintos barrios se han venido arrogando la facultad de reprimir y castigar con ferocidad a los supuestos autores de asaltos. Pocos meses atrás esta situación adquirió relieves dramáticos cuando habitantes de un barrio de Rosario atacaron y terminaron por matar a un joven y herir gravemente a otros dos, a quienes habían sindicado como autores de delitos graves en la zona.

Conviene recordar que, en el caso de nuestra ciudad, recientemente se registraron muertes en un barrio situado al sur del casco urbano por enfrentamientos entre vecinos, que derivaron en la muerte de dos personas, registrándose a partir de allí amenazas de represalias conjuradas hasta la fecha.

Asimismo, puede hablarse de reacciones registradas en algunos vecindarios, donde grupos de exaltados intentaron acciones de venganza -ya sea golpeando con extrema violencia a los presuntos responsables de algunos delitos o, inclusive, quemando la vivienda de algunos de sus familiares- en situaciones que conforman también expresiones y conductas impropias, que deben ser evitadas y, en su caso, severamente castigadas.

Se ha dicho siempre en esta columna que la seguridad es un servicio que el Estado debe brindar en forma indelegable. Y que, en todo caso, lo que corresponde es reclamar con firmeza cuando ese servicio exhibe deficiencias y no contribuye para garantizar y ampliar los márgenes de seguridad exigibles. Lo que resulta inadmisible es incursionar en actitudes propias de la anomia.

Se ha señalado también que la Policía debe ser una fuerza profesional capacitada para prevenir y actuar frente a la actividad delictiva. Lo que corresponde, entonces, es que se busque perfeccionar su desempeño, de modo que la población se sienta debidamente protegida. Esto no impide advertir, una vez más, que la inseguridad no es un problema exclusivo de la Policía, sino que le concierne al conjunto de los poderes públicos.

En cuanto a la sociedad, es verdad que en los últimos años ha demostrado con creces en estos años su voluntad de comprometerse en lo que atañe al problema de la seguridad, viéndose reflejado ese interés en su participación en numerosas reuniones con las autoridades policiales o judiciales y en la presentación de distintas sugerencias.

Sin embargo, suponer que, a partir de allí cualquier habitante se encuentra autorizado para golpear, herir o matar a los presuntos delincuentes, esto es, para perpetrar un linchamiento, constituye una ilicitud penada por la ley. Ha sido muy sostenido en estas décadas el esfuerzo realizado para encarrilar al país en los marcos normativos, que deben ser respetados sin excepciones por todos los habitantes.