Inexplicable falta de aplicación de la ley que prohíbe la tracción a sangre

Al margen de la situación conflictiva que se plantea en estas horas a partir de la orden de un fiscal penal de La Plata para que se devuelva a sus dueños una yegua secuestrado la semana pasada en la ciudad, a raíz de una denuncia por maltrato realizada por un veterinario contra los propietarios del ejemplar, resulta claro que esa anacrónica modalidad de tracción es violatoria de leyes de gran trascendencia y, asimismo, de principios rectores y evolucionados del comportamiento social.

Tal como se informó, en el problema ha terciado una organización no gubernamental proteccionista cuyos directivos pusieron de relieve que no acatarán la orden del magistrado y no devolverán el animal, hasta que no se realicen los peritajes correspondientes que verifiquen el maltrato sufrido por la yegua, a la que -además- se la hizo trabajar preñada tirando de un carro que llevaba cargas pesadas. Cabe señalar que la entidad mencionada se hizo cargo de la custodia provisoria del equino, manteniéndolo bajo cuidado en las afueras de la Ciudad.

Lo cierto es que, desde hace ya varios años, se está viviendo en nuestra ciudad un verdadero e inusitado resurgimiento de la muy anacrónica e ilegal tracción a sangre. Estimaciones realizadas determinan que llega a 4.000 la cantidad de cartoneros que se desplazan con carros por las calles platenses. De ellos, unos 2.500 lo hacen utilizando caballos de tiro, mientras que el resto se desplaza por la simple tracción humana.

Se conoce que la tracción a sangre es una modalidad de tránsito prohibida desde hace décadas, tanto que se mantiene vigente el decreto municipal del año 1969, que no permite la circulación de caballos en las calles platenses. Años atrás hubo intentos para acabar con una actividad cuestionada por las organizaciones de defensa de los animales y por algunos actores del escenario vial local, pero las iniciativas no tuvieron éxito.

Existen reiterados reclamos sobre maltratos a animales, en los que se mencionaron casos de ejemplares muertos en la vía pública, ya sea por inanición o agotamiento. Se sostuvo, además, que en muchas ocasiones los caballos no están capacitados para transportar el peso que deben acarrear sobre los carros que tiran y que se convierten en obstáculos peligrosos para el tránsito cotidiano por las calles, tanto para quienes viajan en esos carros como para automovilistas o peatones.

Resulta por lo pronto paradójico -y desde luego poco racional- que mientras se les reclama a los automovilistas el cumplimiento de diversos requisitos legales y técnicos, como por caso disponer de seguros contra terceros o cumplimentar obligatoriamente con verificaciones mecánicas periódicas, las autoridades se muestren indiferentes ante el hecho de que circulan centenares de carros, precariamente construidos y peligrosos.

Sobran, pues, argumentaciones jurídicas y técnicas para reclamar la desaparición de la tracción a sangre, que pueden compadecerse perfectamente con las emergencias sociales que deben ser atendidas por el Estado. No existe excusa que justifique esa modalidad de traslado de cargas, ni hay tampoco fundamentaciones consistentes que autoricen a sentar el precedente del “todo vale” en la vía pública, a partir del cual sólo cabe esperar consecuencias negativas. Las autoridades son responsables de que rija la ley y todo incumplimiento de ese principio resulta inexcusable.