La Salada y las “saladitas”, monumento a la ilegalidad

Disturbios, saqueos, destrozos, disparos con arma de fuego, enfrentamientos con el saldo de heridos entre policías y barrabravas que ocupaban parte de los 7800 puestos desalojados en los alrededores de la feria La Salada, en episodios de inusitada violencia que se reiteraron en las últimas jornadas, constituyen los últimos capítulos de una extensa historia de transgresiones y delitos que rodea a ese emporio del mercado informal. Una historia a la que el Estado debió haberle punto final hace muchos años, antes de que se convirtiera en lo que es hoy, un verdadero monumento a la ilegalidad.

La anomia imperante llega tal extremo que tampoco queda en claro si el operativo de desalojo de los 7800 puestos linderos al predio no llegó a ser impulsado por los “empresarios” e “inquilinos” que se encuentran en el interior de La Salada, cuya situación y actividad resultan ser tan irregulares como las de los desalojados, que ahora pugnan por volver. La filosofía que habría inspirado a ese desalojo podría haber sido, entonces, la siguiente: debe evitarse que los ilegales nuevos le hagan “competencia desleal” a los ilegales históricos.

La ausencia de control y de intervenciones del Estado en este lugar resultaron ser tan pertinaces a lo largo de los años, que la feria se fue montando y administrando con leyes propias, formándose y deformándose en acciones por completo ajenas a las reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales que rigen al comercio en el resto del territorio. Todo lo que allí existe, todo lo que se fabrica y todo lo que se vende incumple con ordenanzas y leyes.

Desde luego que el primer perjudicado es el comercio regular, que cumple con los requisitos y que paga impuestos y tasas, tal como corresponde. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó recientemente que la venta ilegal en la Argentina ascendió a $3.600 millones en marzo y que el crecimiento de los locales toca cifras récord.

La entidad indicó que también el mes pasado se detectaron 74.150 puestos ilegales en 439 ciudades relevadas a nivel nacional. De la mano de las “saladitas” el comercio ilegal se expandió en la Argentina. Se señaló también que las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Formosa, Escobar y los partidos de Lomas de Zamora, La Matanza, Florencio Varela y Quilmes resultaron en marzo los lugares del país con mayor presencia de puestos ilegales, con una concentración del 54,5% del total.

Se sabe que en nuestra ciudad hay cuatro predios que funcionan como “saladitas” donde hay más de 700 puestos en total; posee una cantidad estimada de 1.200 manteros distribuidos por calles y plazas (dato aportado por la Cámara de Comercio de La Plata), y se calcula que en la Ciudad existe un puesto ilegal cada 955 habitantes.

Cabría agregar que, desde junio de 2014, fecha en la que se hizo el último sondeo, hasta la fecha, se sumaron 17.365 puestos más y la CAME estimó que gran parte del aumento se debió al incremento en Lomas de Zamora, en el Camino de la Ribera, lugar que fue desmantelado hace pocos días por la Policía bonaerense.

La situación ha llegado a tal extremo que la máxima autoridad de comercio estadounidense volvió a incluir en el último informe al mercado informal de La Salada en su listado de centros de piratería y contrabando comercial. Otras declaraciones internacionales conocidas en las últimas horas aluden a La Salada como la feria informal más importante de América latina.

Se sabe que existen en trámite –relacionados a la feria La Salada- varias causas en distintos juzgados que incluyen cuatro homicidios. En esos casos la instrucción judicial y las pesquisas policiales apuntan a grupos de barrabravas de Boca Juniors y Los Andes, así como a personal de la municipalidad de Lomas de Zamora. Asimismo se investigan posibles casos de cohecho policial. También se investiga una causa por cohecho policial. Se está hablando, en otras palabras, de la presencia de mafias organizadas, que batallan por el manejo de este verdadero imperio económico.

Desde luego que resulta especialmente delicada una cuestión que involucra la natural y justa necesidad de trabajar de muchas personas que no han podido incorporarse al mercado laboral y que, por consiguiente, buscan remediar ese problema desplegando alguna actividad informal. Pero ésta es una cuestión que, tanto las autoridades como los propios trabajadores informales, deberían resolver mediante otras vías.

Lo cierto es que las autoridades están obligadas a velar para que no se propaguen modos de actuar que –como los de la feria La Salada y sus “sucursales”- transgreden todas las normas. Admitir la continuidad de estos “negocios” que ocupan los espacios públicos, que no tributan ningún tipo de impuestos o tasas y que compiten deslealmente con el comercio regular –que debe hacer frente al pago de todos los gravámenes, personal en blanco y, en casos, a costosos alquileres- constituye una grave, injusta e inequitativa omisión por parte de los organismos públicos responsables.