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Los datos estadísticos reveladores de que en los últimos nueve meses se registraron 33 ataques a otras tantas escuelas de la Región, en una situación que se traduce, entre otras consecuencias, en el reclamo de las comunidades educativas para que se emplacen serenos como custodios de los edificios escolares, dejan a la vista con claridad la persistencia de una suerte de flagelo que acosa desde hace muchos años a las escuelas de la zona, sin que las autoridades atinen a mitigar esta insólita ola delictiva.
Los blancos recientes fueron establecimientos del Barrio Aeropuerto, cuyas aulas y otras dependencias fueron saqueadas y robadas por desconocidos. Asimismo se registraron recientemente episodios similares en Los Hornos, que fue vandalizado por séptima vez en lo que va del año y, en varias de esas oportunidades, los robos y saqueos coincidieron cuando los chicos festejaban el Día de la Primavera. En una de esas sedes, los alumnos del turno mañana se quedaron sin su tradicional picnic.
En abril pasado, en un hecho que conmocionó a la comunidad de Ensenada, el Industrial de la ciudad vecina fue virtualmente arrasado por un incendio que, se cree, habría sido intencional; como consecuencia se desarrollaron varias jornadas sin actividad en las aulas hasta que la institución logró reponerse y pudo así volver a funcionar. Estos episodios - apenas una muestra de un flagelo que lejos de detenerse crece en la Región - dan cuenta del daño que termina causando esa violencia, que atenta, en definitiva, contra la educación.
Se indicó que, cada vez que ocurre un hecho de estas características, que por lo general sucede en horas de la noche, cuando el barrio donde se sitúa el colegio atacado “duerme”, el mobiliario de las aulas y de demás dependencias queda destruido o con faltantes, porque suele pasar que además de romper, los vámdalos sustraen insumos y materiales que en los ámbitos escolares son indispensables para el dictado de clases. Todo eso implica enormes gastos para volver a poner en condiciones las instalaciones.
Lo cierto es que el hecho de que los robos a escuelas de nuestra región no constituya una novedad, sino que, lamentablemente, esos delitos se reiteren con frecuencia, no exime a las autoridades y también a la sociedad de la obligación de buscar fórmulas para mitigar esta insólita sucesión de ataques contra edificios que, como los escolares, debieran encontrarse permanentemente custodiados.
Se ha dicho en esta columna que en el caso de las escuelas, en general los autores cometen desmanes, provocan un gran desorden en las oficinas administrativas y llegan a robar elementos de valor, como computadoras o algún equipo de audio o video. Pero según la metodología que se repite en cada caso, el propósito está más centrado en el ataque vandálico que en el robo. Muchos de los establecimientos que han sido víctimas de este tipo de hechos son, además, modestas escuelas de barrios muy humildes.
Es evidente que en la mayoría de los casos registrados, el problema adquiere connotaciones y una dimensión más preocupante, que incluye aspectos relacionados a cuestiones educativas, sociales y culturales que debieran ponderarse. Pero lo que urge es que el Estado extreme estrategias para defender el patrimonio de las escuelas, revertir la indisculpable situación de indefensión en que se encuentran y, al mismo tiempo, individualizar y castigar a los responsables.
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