Las protestas callejeras se deben desarrollar respetando el libre tránsito

En muchas ocasiones se trató en esta columna el grave problema que originan en la Ciudad las numerosas marchas de protesta que derivan en los cortes de calles y ese episodio -reflejado ahora en el bloqueo que, durante ochos horas, se realizó en estas jornadas en el acceso tolosano a la Autopista- perjudicó gravemente el desplazamiento de miles de automovilistas que querían circular entre nuestra ciudad y los puntos de conexión en la zona norte, especialmente el Conurbano y la capital federal.

El hecho de que la gran mayoría de los vehículos eligieran emplear como alternativa al camino Centenario hizo que, rápidamente, esta vía virtualmente colapsara, al punto que el viaje entre La Plata y la ciudad de Buenos Aires demandó algo más de tres horas de viaje. Tanto los automovilistas como los pasajeros de ómnibus y otros medios de transporte debieron avanzar a paso de hombre en varios tramos, especialmente a la altura de Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa. Cabe señalar que la situación se presentó con igual complejidad tanto el jueves como ayer.

En esta oportunidad fueron manifestantes de diferentes organizaciones sociales las que, en demanda de diversas reivindicaciones, montaron piquetes en acceso tolosano a la Autopista durante largas horas, generando así un verdadero caos en el tránsito, según se informó detalladamente en este diario. Cabe señalar que, parte de las personas que protagonizaron la protesta, dijeron ser vecinos de Luján, Lanús, San Vicente, Quilmes y Solano, que habían sufrido el problema de las inundaciones.

Se ha dicho también, en reiteradas oportunidades, que parece haber llegado, sobradamente, si se quiere, la hora para que los distintos protagonistas de la vida social -autoridades provinciales y municipales, sindicalistas y representantes de los distintos sectores- analicen en profundidad si estas graves obstrucciones del espacio público constituyen formas valederas de protesta o si, por el contrario, tomando en consideración que anulan por completo la circulación en calles y rutas, conforman una agresión a los derechos de las personas, que se encuentran expresamente contemplados en la Constitución y las leyes.

Es necesario reiterar una vez más, lo que se ha dicho insistentemente en esta columna, en el sentido de que no se trata de cuestionar en absoluto el derecho de peticionar a las autoridades, que le concierne a toda persona o agrupación que los considere vulnerados.

Sin embargo, está claro que esos derechos y estos propósitos que resultan ser tan inalienables como indiscutibles, no deben ejercerse al precio perjudicar a los de la población, cuando ella necesita trasladarse de un lugar a otro sin ver entorpecido su paso por ningún obstáculo. Los dos derechos pueden –el de la petición a las autoridades y el del libre tránsito de las personas por el territorio nacional- pueden y deben coexistir. Nada impide, por ejemplo, que una protesta callejera pueda ocupar la mitad de una calle, pero siempre dejando otro carril habilitada al tránsito.

Se trata, en todo caso, de que impere el sentido común. De que tan sólo las autoridades encuentren fórmulas que vuelvan compatibles los derechos y obligaciones que son comunes a toda la población, sin excepciones de ninguna naturaleza. Lo contrario es admitir el imperio del caos y del libre arbitrio, así como de la indefensión de la mayoría de las personas.

Se puede perfectamente protestar o festejar sin necesidad de impedirle a nadie su facultad de desplazarse libremente por todos los espacios públicos disponibles. Esa potestad, además, debe contar con la garantía que deben ofrecer los fiscales y demás magistrados de la justicia y los funcionarios responsables, a quienes les incumbe la tarea de hacer cumplir las leyes y, al mismo tiempo, de sancionar al que las transgrede.