Necesidad de evaluar nuevas alternativas para enfrentar el robo de cables telefónicos

Una vez más el robo de cables de teléfono en La Plata afectó gravemente la prestación de uno de los servicios públicos esenciales. En esta oportunidad se habla de unos 8. 700 usuarios de teléfonos y de Internet que permanecen incomunicados a partir de un delito de esas características. Debe reiterarse, entonces, la necesidad de que se adopten medidas eficaces para frenar esta modalidad delictiva relacionada a la ulterior comercializado del cobre robado, que perjudica de una manera directa y grave la calidad de vida de la población.

Tal como se informó ahora, en la última semana, unos 8.700 clientes de Telefónica tuvieron problemas con sus líneas de teléfonos por el vandalismo. Según la empresa, esos clientes sufrieron inconvenientes como consecuencia de 4 robos de cables ocurridos en la Ciudad. Se indicó que, en total, se sustrajeron más de 1.350 metros de cables y se causaron daños en los tendidos telefónicos.

Cabe señalar que los robos no se perpetraron en zonas despobladas de la periferia, sino, por el contrario, en distintos barrios densamente poblados del casco histórico platense. Así en la zona de 5 y 63, donde fueron robados más de 300 metros de cables y quedaron sin servicio casi 1342 clientes, adheridos a la central Rocha. El segundo caso ocurrió en 47 y 23, donde desaparecieron 600 metros de cables con directa afectación de 1.809 usuarios, clientes de la central San Martín. El tercer robo se perpetró en 23 y 69, con robo de 450 metros de cables y perjuicio para 4.907 clientes de la central Tacuarí. Por último, el cuarto robo se registró en 38 y 118, en donde se cortaron cables de la cámara subterránea.

Para frenar este creciente fenómeno, hace unos años el ómbudsman nacional recomendó que el ministerio de Economía incluyera la exigencia de un certificado que acreditara el origen de los desechos de cobre en el proceso de comercialización y exportación. Como se sabe, los delincuentes buscan extraer el cobre de los cables que roban y luego lo revenden en el mercado negro, habitualmente en chatarrerías donde se concretan las fundiciones. Por ese motivo, el ombudsman propuso la creación de registro nacional de productores y exportadores de desechos de cobre que contemplara la exigencia, por parte del Estado, de un certificado de acreditación del origen no delictivo emitido por autoridad competente.

Lo cierto es que miles de vecinos de nuestra ciudad han sufrido el corte del suministro del teléfono y la luz por el robo de cables, en una situación que también se presenta en distintos puntos del país. En el caso particular de nuestra región, las empresas Edelap y Telefónica han producido informes indicativos de los serios perjuicios sufridos en sus respectivos tendidos, a partir de los robos registrados.

La realidad vino mostrando que la escalada delictiva, que pone en jaque a estos servicios públicos esenciales, no se ha detenido. Los relevamientos efectuados en los últimos años así lo vienen marcando. Inclusive, se ha señalado que estos delitos de robo -que hace más de una década eran propios de las zonas rurales- se están concretando también en el radio céntrico de las ciudades.

Tal como ahora quedó reflejado en las noticias publicadas en este diario, se han venido sumando ejemplos de que el problema no se ha resuelto en la Región. Por eso es que debe insistirse en la necesidad de evaluar nuevas alternativas para frenar un delito que afecta -como se dijo- la prestación de servicios indispensables.