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Opinión |EDITORIAL

Necesidad de que el Estado no se desentienda del accionar de “los trapitos”

5 de Julio de 2015 | 02:40

La nueva instancia procesal registrada, consistente en la elevación a juicio oral y público de la causa penal seguida contra tres “trapitos”, acusados de haber intentado extorsionar a automovilistas que habían asistido a una competencia de vehículos TC 2000 en el Estadio Unico, a quienes reclamaban la entrega de dinero con el fin de cuidar sus vehículos, vuelve a colocar sobre el tapete una cuestión que, en nuestra ciudad, tiene como marco el crecimiento constante y descontrolado de una actividad que, pese a estar prohibida, origina cotidianamente toda clase de conflictos.

Cabe señalar que a fines de octubre de 2013 se reflejó en este diario la primera información acerca del accionar de tres hombres que, en cercanías del Estadio Unico, habían sido detenidos cuando requerían la entrega de dinero a automovilistas que pretendían estacionar para acudir a ese lugar como espectadores de una competencia deportiva. Allí mismo se conoció la decisión de un magistrado platense de enjuiciarlos, en lo que pasaba a ser la primera vez que se iniciaban acciones judiciales por esa causa.

Por lo pronto, al margen de que no pocas personas acuden a esta actividad por no contar con un trabajo fijo, como una manera de obtener ingresos y superar así sus penurias económicas, es cierto también que existen verdaderas organizaciones delictivas, perfectamente organizadas, que aprovechan los grandes espectáculos para ocupar la vía pública y exigirles a los automovilistas, mediante una modalidad claramente coercitiva, la entrega de un dinero para, supuestamente, cuidar sus vehículos.

En este caso particular, el magistrado argumentó que, si bien no surgía de la causa que los imputados hubieran amenazado con un mal futuro a los automovilistas para reclamarles dinero, ante el sólo hecho de que supieran que el vehículo iba a quedar estacionado fuera de custodia durante varias horas, el pedido de dinero representaba en sí mismo una intimidación, como para dar por cierta la amenaza de que si no se concretaba esa entrega el bien podía sufrir algún daño, lo que constituye un ataque a la libertad, que es el bien tutelado en este caso.

También se conoce que, en forma cotidiana, existen organizaciones que despliegan en las calles céntricas esa actividad, ejerciendo ese tipo de presiones sobre los automovilistas. Se ha dicho ya en esta columna que no se trata de un tema frente al cual las autoridades puedan actuar con indiferencia. Afecta en forma directa y sensible la calidad de vida de miles de automovilistas que se sienten invadidos y presionados ante un ejército creciente de “servidores coercitivos” que los rodean a cada instante.

El problema, que es complejo, también se nutre de la angustiosa situación socio-económica en la que se encuentran muchas personas, pero eso merece otras respuestas por parte del Estado, y no el dejar hacer y permitir la consolidación de actividades no permitidas que degradan la calidad de vida de todos los ciudadanos. En nuestra ciudad, esta cuestión, con todas sus complejidades, debe ser abordada con decisión y voluntad firme. Pero, además, con urgencia. Porque se trata de un fenómeno que crece en forma alarmante y cada vez se tornará más difícil erradicarlo si no se cambia la actitud de indiferencia que ha imperado hasta ahora.

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