No hay excusa que autorice hacer justicia por mano propia

La situación existente en la zona de El Peligro en donde un centenar de quinteros patrulla con armas en horas de la noche, como fórmula para prevenir y eventualmente rechazar la presencia de ladrones -dentro de un panorama al que los obligó, según dicen, el hecho de no contar con la debida presencia policial y que los impulsa a realizar ese despliegue, ante la ola de asaltos y robos que los aflige- remite a otros casos de justicia por mano propia registrados en el país, que derivaron en consecuencias trágicas y dejaron un elocuente testimonio sobre la imperiosa necesidad de que las autoridades policiales cumplan con eficacia su accionar y, a la vez, impidan estos desbordes.

Los propios productores florícolas de El Peligro son conscientes de que no quieren llevar a cabo ese operativo improvisado, que los lleva a permanecer varias horas de guardia con palos, hachas y armas de fuego, en distintos puntos del paraje. Y enfatizan en que la inseguridad existente y la indefensión en la que viven fueron las que los empujaron a realizar estas acciones.

Por ello, tal como se informó en este diario, reclaman contra un panorama que en el último mes se agravó y que los indujo a montar una suerte de patrullaje que concretan con camionetas, internándose en el monte y en los caminos de tierra, en donde permanecen en vela hasta la madrugada. Esa espera, dijeron, puede transcurrir sin sobresaltos. Pero si no fuera así, están dispuestos a disparar y a detener a los delincuentes. En este último sentido, no dudan: “A los ladrones les vamos a tirar, esto va a ser una guerra”, dijeron.

Frente a semejante cuadro de situación, resulta primordial señalar, una vez más, que la seguridad es un servicio que el Estado debe brindar en forma indelegable. Y que, en todo caso, lo que corresponde es reclamar con firmeza cuando ese servicio exhibe deficiencias y no contribuye para garantizar y ampliar los márgenes de seguridad exigibles.

Afortunadamente, ante la persistente ola de inseguridad que castiga a nuestra región, se ha debido ponderar en esta columna el creciente aporte brindado en los últimos dos años por distintos grupos vecinos, que se ve reflejado en la realización de numerosas reuniones con las autoridades policiales o judiciales y en la presentación de distintas sugerencias. En esos encuentros participan también representantes de entidades de bien público, colegios profesionales, cámaras comerciales, parroquias, clubes y de otras entidades intermedias, quienes han venido planteando ante las autoridades no sólo diversos reclamos sino todas aquellas propuestas que consideraron viables para enfrentar a la actividad delictiva.

Se ha dicho también que la Policía debe ser una fuerza profesional capacitada para prevenir y actuar frente a la actividad delictiva. Lo que corresponde, entonces, es que se busque perfeccionar su desempeño, de modo que la población se sienta debidamente protegida. Esto no impide advertir, una vez más, que la inseguridad no es un problema exclusivo de la Policía, sino que le concierne al conjunto de los poderes públicos.

Es cierto que a la sociedad le asiste el pleno derecho de adoptar medidas en defensa de su integridad. Pero ello no autoriza a ningún habitante a golpear, herir o matar a los presuntos delincuentes, pues son acciones que se encuentran sabiamente penadas por la ley. De la defensa propia a un intento de linchamiento existen distancias que no pueden ni deben recorrerse. Ha sido muy sostenido en estas décadas el esfuerzo realizado para encarrilar al país en los marcos normativos, que deben ser respetados sin excepciones por todos los habitantes.