Persiste en la Región una llamativa falta de control a la contaminación sonora

El hecho de que vecinos del barrio Aeropuerto se encuentren protestando desde hace dos años ante distintas autoridades por los altos niveles de contaminación sonora -aludieron en ese sentido a los más de cincuenta reclamos presentados ante la Policía, ante la delegación municipal y la secretaría de Control Urbano- causada por tres propiedades desde las cuales los fines de semana, en forma inconsulta y por cierto que desaprensiva, propalan música a todo volumen, ejemplifica a la perfección la escasa atención que distintos organismos estatales le prestan a este problema, a pesar de que están obligados a actuar.

Situaciones similares se viven en todo el distrito y no sólo a partir de locales nocturnos -en una situación que pareciera verse más controlada últimamente- o de viviendas particulares, sino que también se registra con el paso por las calles de vehículos especialmente equipados para emitir música en forma atronadora, sin que ningún policía o inspector de calle los detenga.

Es verdad que en los últimos años se han registrado avances doctrinarios en lo que se refiere a la necesidad de ofrecerles a los vecinos herramientas normativas de defensa frente a diversos tipos de contaminación, aún cuando la mayor parte de esos instrumentos carecen todavía de la debida eficacia práctica.

Esta es la situación típica, que se reitera sobre todo frente al fenómeno de la contaminación sonora, ante cuya presencia se muestran virtualmente imposibilitados de accionar los habitantes, mientras que desde el Estado se abren, en el mejor de los casos, canales cuya importancia muchas veces no pasa de ser declamativa.

Lo cierto es que, pese a las normas constitucionales y muchas otras de menor rango -trascendentales todas, pero por ahora, como se ha dicho, virtualmente teóricas- vecinos de nuestra región continúan especialmente indefensos frente a una contaminación sonora que se presenta en distintas formas, ya sea la que planteen los boliches, clubes nocturnos o de índole social en zonas densamente pobladas como por los ruidos descontrolados que suelen producir no pocas industrias y la siempre ensordecedora vigencia de los escapes libres de los distintos automotores.

Se habló también recién del caso de los automóviles que disponen de poderosos equipos -de tal magnitud que muchos de ellos, por su tamaño, ocupan el baúl y el sector trasero de la cabina- que se desplazan propalando música a todo volumen frente a inspectores o policías que no los detienen.

Esta pasividad de los agentes es ciertamente demostrativa del escaso empeño que ponen las autoridades para combatir a la contaminación sonora.

Frente a agresiones que pueden parecer aisladas, pero que efectivamente causan daño a muchas personas y perturban la convivencia social, las autoridades debieran actuar con presteza, toda vez que existen leyes que los obligan a intervenir. Sin embargo, como se ha dicho, en la Región sigue existiendo en algunos casos piedra libre para los ruidos molestos. Es de esperar que se encare, de una vez por todas, una lucha sin desmayo contra este problema, acompañada por campañas que induzcan a la población a comprender que la contaminación sonora es un fenómeno muy negativo para la calidad de vida de la población.